Como es sabido, la AP-9 o Autopista del Atlántico es el eje vertebral de Galicia y su concesión no deja de estar exenta de polémica. Para empezar, desde hace 4 años la asociación de consumidores En-Colectivo, que dirige el abogado vigués Diego Maraña, reclama la extinción del peaje pues las prórrogas de la concesión se concedieron a la misma empresa, AUDASA, sin mediar Concurso Público, cosa que está prohibida.
Pero el tema tiene más calado. Crónica Libre ha tenido acceso al informe del Consello Consultivo de Galicia que fue emitido, precisamente a requerimiento del líder del Partido popular cuando era Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. El 4 de marzo de 2020, el Presidente Feijoo, envió una escrito al Consello Consultivo de Galicia, cuyos primeros dos párrafos decían lo siguiente:
“La autopista de titularidad estatal AP 9 gestionada bajo la modalidad de concesión con peaje al usuario, experimentó varios incrementos de tarifas, mediante incrementos extraordinarios, en un corto espacio de tiempo y que se repetirán en los próximos años.
Esto genera una pérdida de competitividad de Galicia, un incremento del coste de la movilidad para los ciudadanos gallegos y el desvío a carreteras convencionales de tráfico que podría ir por la AP-9, con la consiguiente pérdida de seguridad viaria.
Los incrementos extraordinarios de tarifas se establecieron, al decir de los reales decretos que aprobaron las sucesivas ampliaciones de la autopista, como compensación de los gastos de las obras e inversiones realizadas en esas ampliaciones.”
Para solicitar, a continuación, al Consejo Consultivo un informe que ratificara la legalidad de los Reales decretos y las medidas adoptadas de renovación e incrementos de los costes de los peajes. Hasta aquí va todo bien. Hablamos de un político de gran transcendencia solicitando un informe que le asesore sobre la legalidad de una autopista, percecto.
Serias quiebras de la legalidad
El problema comienza cuando el Consello contesta, cosa que hizo el 20 de mayo de 2020 y concluyó que los procedimientos presentabas serias quiebras de la legalidad que podrían llevar aparejadas la nulidad de los incrementos de los peajes y concesiones… Y sobre todo, lo que ocurrió después nada. Feijóo no hizo nada de nada… hasta la fecha, al igual que su sucesor, Alfonso Rueda.
Bueno, esto tampoco es correcto, los peajes se han vuelto a incrementar a pesar de que el informe establece, con rotundidad manifiesta, que los incrementos o extensión de los peajes eran ilegales, como se puede leer en el documento de conclusiones que adjuntamos. Si traducimos del lenguaje legal las conclusiones del Informe del Consell, dicen lo siguiente:
Primero, el Real decreto 1733/2011 que aprobó el Convenio con el que se modificó las condiciones de la Concesión se hizo de forma ilícita, pues el articulado sobre el que se basaba lo hacía sobre unas leyes ya obsoletas y no en vigor.
Segundo, incluso si la Ley sobre la que se basaba esta supuesta aprobación no estuviera derogada, el Convenio carece del requisito fundamental para su modificación, que es la Insuficiencia de la Autopista para prestar el servicio. Es obvio, que la autopista estaba en funcionamiento, luego sobran los comentarios.
Tercero, en el aumento de tarifas, se repercutió el impuesto de Sociedades de la concesionaria, cosa que también es completamente ilegal. Sólo se hubieran podido repercutir las inversiones y los gastos de mantenimiento en su caso.
Cuarto, la repercusión en las tarifas del Impuesto de Sociedades no es más que un beneficio fiscal encubierto.
Quinto, las obras e inversiones repercutidas en el incremento de tarifas que se incluyen en el Real Decreto son obras que decidió la propia Concesionaria sin contar con la preceptiva aprobación previa del Ministerio de Fomento y, por tanto, no deberían haber sido aceptadas.
O lo que es lo mismo, AUDASA decidió que obras realizar, a quien contratárselas y a qué precio de forma absolutamente arbitraria, sin pasar ningún tipo de control, para ser desplazado el coste al consumidor final. En el fondo, estamos ante una asignación de una obra del Estado sin concurso público ni precio fijado que una compañía privada decide a su arbitrio y que, a juicio de este medio, debería ser investigada en profundidad.
El incremento de tarifas se ha producido
Pues a pesar de la contundencia brutal del dictamen del Consell, el Gobierno de Feijoo no puso el más mínimo reparo y el incremento de tarifas se ha producido y producido y producido…; y ese dinero ha terminado en manos de terceros sin ningún control ni fiscalización…
Y de la premisa primera de Feijoo sobre la Pérdida de Competitividad de Galicia pues nada de nada. Así que, en Galicia sigue tocando pagar peajes bien caros.
