Los ciudadanos turcos viven entre el pánico por las constantes réplicas y el dolor y la indignación por la pésima gestión del presidente Erdogan tras el terremoto que ha dejado ya más de 43.500 muertos. Crónica Libre entrevista en exclusiva a un sociólogo y voluntario turco que denuncia que hubo «provincias donde no acudió ningún equipo de rescate en las primeras 72 horas, lo que aumentó el número de muertos«. El clima social y político está tan revuelto que se ha impuesto la censura informativa: multas económicas a los medios que hablen de las deficiencias en la respuesta del gobierno. Y mientras, los ciudadanos desconfían de la manera en la que los mandatarios vaya a gestionar la ayuda humanitaria en un país en el que la corrupción es cada vez mayor.
Las réplicas del terremoto que devastó el sureste de Turquía y el noroeste de Siria el pasado 6 de febrero continúan atemorizando a la población. Tras una réplica de 6,8 grados en la escala Richter, y otra de magnitud 5 registrada este jueves en la provincia de Hatay, la más afectada por la catástrofe, el pánico se ha apoderado de los ciudadanos que continúan escavando entre los escombros en busca de sus seres queridos y de un milagro.
“Ha habido una catástrofe de gran magnitud que ha impactado sobre una superficie muy grande de territorio en términos de daño físico pero también a nivel psicológico y sentimental. Prácticamente todo el país está afectado. La devastación es de tal magnitud que puede que provoque una trauma colectivo en las diez localidades donde muchas familias han perdido todo lo que tenían y esto, desde luego, traerá una transformación social con consecuencias políticas en las siguientes generaciones”, explica en exclusiva a CRÓNICA LIBRE B.T., sociólogo, académico y voluntario en las áreas afectadas por el terremoto y cuya identidad no es revelada por motivos de seguridad.
Y es que la responsabilidad y la falta de acción del Estado turco que dirige el apodado Sultán, Recep Tayyip Erdogan, ha provocado que las víctimas mortales se multiplicasen por decenas, especialmente en las primeras 72 horas de agonía.
“Cuando acudimos a la ciudad de Adiyaman, lo único que vimos fue la falta de organización y coordinación. Luego me di cuenta de que esto no era una situación particular allí, sino que también ocurría en muchos otros sitios. En las provincias como Adiyaman y Hatay donde hubo muchos edificios totalmente colapsados no acudió ningún equipo de rescate en las primeras 72 horas y eso aumentó significativamente el número de muertos», asegura el voluntario. Sus argumentos son la prueba de que sabe bien de lo que habla.
«La institución encargada AFAD (Gestión de Catástrofes y Emergencias) no ha podido jugar el papel que le correspondía ante una catástrofe de tal magnitud. Los dirigentes subrayan que ningún país tiene tanto personal cualificado y medios necesarios para ayudar a tantos edificios colapsados en una geografía tan amplia. Esto es cierto, pero aquí el problema precisamente tiene que ver con que: ¿Cómo puede haber tantos edificios colapsados en una zona sísmica? ¿Quién autorizó la construcción de tantos edificios de 7-8 pisos sin cumplir los requisitos de seguridad, sobre todo tras la experiencia del gran terremoto de 1999?”.
El gran terremoto de 1999
Ese año, el noroeste de Turquía (Izmit) se despertó repentinamente de madrugada. Un seísmo de 7,4 grados en la escala Richter acabó con la vida de unas 35.000 personas. El conocido como el ‘terremoto de Kocaeli’ o el terremoto de ‘Gölcük’ sentó un antes y un después en materia de urbanismo. Una lección aprendida para la ciudadanía pero no para los dirigentes políticos que continuaron estafando a golpe de impuesto a la ciudadanía turca.
Aquél seísmo afectó a una zona industrializada y densamente poblada del país, con refinerías y varias plantas de automóviles, así como los cuarteles y el arsenal de la Armada turca en la base naval de Gölcük, lo que incrementó gravemente la pérdida de vidas y propiedades.
Censura informativa
Tras el terremoto del pasado 6 de febrero, han fallecido casi 50.000 personas en las 10 provincias más afectadas por el seísmo. De hecho, Süleyman Soylu, ministro del Interior precisó este jueves que en la provincia de Hatay, la más golpeada, todavía hay algunos edificios con personas bajo los escombros. Pero mientras el Gobierno del AKP ignora esta realidad, los tentáculos de las instituciones que dirige ya han puesto en marcha la censura y el apagón informativo.
De hecho, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK), la agencia estatal que monitorea y sanciona las transmisiones de radio y televisión, multó el pasado miércoles a los canales de televisión Halk TV, Tele 1 y FOX por informar de las deficiencias en la respuesta del Gobierno turco al terremoto. La máquina de propaganda de Erdogan ya se ha puesto en marcha.
“En estos días se está transmitiendo el mensaje de que si hay algún Gobierno en este país que pueda volver a reconstruir todas estas ciudades y pueblos, somos nosotros – el AKP, partido de Erdogan- y la autoridad pertinente RTÜK ya ha empezado a censurar y multar a todas las voces que critican las políticas del Gobierno. Esta presión va a ir aumentando hasta las elecciones”, afirma B.T.
De hecho, Reporteros Sin Fronteras ha publicado recientemente un informe en el que denuncia que los periodistas que intentan cubrir las consecuencias del terremoto sobre el terreno “han padecido la obstrucción de las autoridades turcas en repetidas ocasiones”.
Elecciones generales a la vista
El próximo mes de mayo, los ciudadanos turcos elegirán un nuevo presidente por un período de cinco años y como no podría ser de otra manera, Erdogan se presentará de nuevo a las elecciones generales en el país.
Se trata de una convocatoria para la que él mismo ha adelantado de fecha y que no ha modificado tras el seísmo. En 10 provincias los ciudadanos no podrán desplazarse fácilmente a las urnas ya que muchos de ellos se encuentran en campamentos improvisados o tiendas de campaña, mientras las operaciones militares contra la guerrilla kurda continúan en en Irak y Siria desoyendo las voces de auxilio que reclaman a la patria a pesar de que la guerrilla PKK anunció el pasado 6 de febrero la paralización total de todas sus actividades mientras no fueran atacados por el Ejecutivo.
Ahora una ciudadanía ‘cabreada’ mira el presente y dirige sus pupilas hacia el pasado. Se siente estafada. “Siempre ha habido críticas, especialmente desde el gran terremoto de 1999, – asegura B.T. – pero se ve que muy poco se ha aprendido de esa mala experiencia».
Desde el 1999 Turquía está cobrando el impuesto especial de comunicación, popularmente denominado como ‘impuesto del terremoto’. Desde entonces, a lo largo de estos 24 años, el Gobierno ha cobrado unas 87.5 millones de liras turcas. Con este dinero y tiempo se podría llevar acabo una transformación urbana para evitar las catástrofes en las zonas de riesgo sísmico, pero el día 6 de febrero nos ha mostrado que no había voluntad, ni política ni humana para ello”.
Ayuda internacional
El apoyo exterior al país ha sido inmediato a diferencia de lo ocurrido en Siria. Los aliados de la OTAN así como los países de la Unión Europea y los colaboradores de Turquía han respondido ferozmente a la llamada de los turcos y kurdos afectados por el seísmo.
Según el sociólogo: “El apoyo ha sido magnífico; han llegado muchos equipos profesionales. Han hecho todo lo que han podido, pero obviamente la falta de organización y coordinación – por parte del Ejecutivo- los ha limitado mucho. Se podrían haber salvado muchas más vidas con tantos equipos, pero la autoridad local, quien debería haberlo organizado desde el primer día, falló en gran medida y esto por desgraciadamente se reflejó en los resultados a la hora de contabilizar víctimas”.
El terremoto y sus réplicas han devastado la parte más humilde y olvidada de Turquía. Los ciudadanos del sureste del país han perdido todo lo que tenían y las familias que han logrado sobrevivir a la devastación natural, ya no tienen un hogar al que regresar. Hasta 600.000 viviendas han sido destruidas y 150.000 tiendas comerciales aplastadas bajo los escombros.
Ahora, el Gobierno pretende gestionar una ayuda económica que llega al país en forma de donaciones y de ayuda humanitaria, un hecho que genera desconfianza entre la población que, observa cómo la corrupción en Turquía es cada vez mayor.
