La decisión del juzgado de instrucción número 13 de Madrid de abrir una investigación sobre la llamada Operación Cataluña, a raíz de la denuncia presentada por el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, rompe con la pared de frontón en que se habían convertido los tribunales ante las múltiples solicitudes de investigación de los diferentes afectados del caso, entre ellos Sandro Rosell, los Pujol, la entidad bancaria BPA o la familia de empresarios catalanes Sumarroca.
El camino hasta que ha sido admitida a trámite la querella de Sandro Rosell, ex presidente del Fútbol Club Barcelona, ha sido pedregoso, hasta que finalmente el juzgado de instrucción número 13 de Madrid ha abierto la veda a que se investigue la Operación Cataluña. Otros empresarios y políticos catalanes están pasando por ese mismo barbecho judicial, como demuestra la investigación conjunta entre La Vanguardia y Crónica Libre.
El 19 de septiembre de 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón escribía en un auto los motivos porque rechazaba la querella del empresario Sandro Rosell dentro de la causa Tándem. Aseguraba que «se hace una narración de su proceso judicial, que concluyó en su absolución, y se conecta con una serie de artículos de prensa en los que se alude a la supuesta existencia de una pluralidad de irregularidades durante su tramitación. Se menciona la participación del ex comisario, JOSÉ MANUEL VILLAREJO PÉREZ, quien, según el querellante, formaría parte de un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista catalán, o vinculadas, presuntamente a ellas, y se concluye que, al hilo de dichas actuaciones, se le habría perjudicado directamente a él, creando artificiosamente una causa policial y Judicial en su contra». Básicamente igual que la pieza Dina, que afecta a Podemos y que está incluida en Tándem.
Sin embargo, García Castellón alegó que su juzgado no podía hacerse cargo porque » en la querella no se consigna en qué modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa aquí seguida contra el ex comisario VILLAREJO PÉREZ. En este sentido, debemos recordar que en esta causa, tanto en la principal como en cada una de las piezas separadas, se investiga un mismo patrón de conducta delictiva: la contratación privada del ex comisario -mediante el grupo GCENYT-, para prestar servicios que no podía desarrollar, dada su situación de policía en activo y, en ocasiones, con empleo de medios de investigación restringidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ello se cristalizaba en un encargo o proyecto, bajo un presupuesto y con abono de un precio por tal ilícita actividad».
Una respuesta cuanto menos chocante, puesto que los hechos investigados en la pieza Kitchen así como en Dina su corresponden que actuaciones encargadas por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o por petición del PP; pero ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez García Castellón han dicho cuánto cobró Villarejo por esos trabajos de manera extraoficial y a través del grupo CENYT del PP o del Ministerio de Interior.
Y, por último, las pruebas de los presuntos damnificados por la Operación Cataluña salen precisamente del sumario Tándem que custodia el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, aunque esto tampoco parece «conexión» suficiente.
Por si acaso, García Castellón se cubrió con un «ha de recordarse que no ha sido desencriptada toda la documentación intervenida en los registros domiciliarios que se practicaron en esta causa, por lo que, si apareciese algún dato que vincule al investigado VILLAREJO PÉREZ con el querellante, o se tiene constancia de la existencia de dicho encargo, se realizaría el oportuno ofrecimiento de acciones». Aunque esto no se aplique para el archivo de piezas o para las que se envían a ser juzgadas.
Enseguida Rosell presentó una nueva querella ante los juzgados de instrucción de Catalunya, que también rechazaron su admisión. En este caso dieron la pista que ha llevado a que el juzgado número 13 de Madrid la admita a trámite: «la querella consiste básicamente en la elaboración de documentación falsa, ocultación de documentación veraz, con la que se habría conseguido incoar e instruir una causa criminal en los Juzgados Centrales de Instrucción, ninguno de tales hechos se ha llevado a cabo en la ciudad de Barcelona, sino en la ciudad de Madrid». Y añade el auto: «Es allí donde se habrían elaborado los atestados mendaces, es allí donde se habrían presentado ante la autoridad judicial y es allí donde habrían generado sus efectos».
La familia Pujol
Con la familia del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, se puede decir que empezó todo. En la causa Tándem constan todas las conversaciones que el comisario José Villarejo tuvo con Victoria Álvarez, testigo en la que se fundamente la causa y pagada de los fondos reservados desde el inicio de la Operación Cataluña, y con Javier de la Rosa, a quien según su testimonio el funcionario le dejó a deber 150.000 euros y ese fue el motivo por el que no ratificó su denuncia.
Además están las notas informativas, las conversaciones con otros mandos policiales, las conversaciones con abogados estrechamente ligados a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y u sin fin de anotaciones en sus agendas.
Eso llevó a la familia Pujol, en concreto a Jordi Pujol Ferrusola, a querer personarse en la causa Tándem. El primer escrito ante el juez Manuel García Castellón lo presentaron el 20 de febrero de 2020 y tuvieron que reiterarlo el 23 de septiembre de ese mismo año. Dos días después el juez pedía a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que realizara una indagación para ver si eran ciertos los delitos que se describían por el afectado y la policía contestó con un informes de más de 140 páginas que no dejaba títere con cabeza. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso y el juzgado de instrucción 6 en un auto del 28 de octubre de 2021 denegó la personación. Es decir, más de un año y medio después de la solicitud.
Todavía quedaba la posibilidad del recurso de reforma, que Jordi Pujol Ferrusola presentó inmediatamente. El 5 de noviembre de 2021 estaba presentado y García Castellón lo enviaba «a las partes», a Fiscalía Anticorrupción, para que contestasen en el plazo de dos días.
El 23 de septiembre de 2022, los Pujol vuelven a presentar un escrito en que destacan la posición de indefensión porque «Nada se ha resuelto desde entonces, habiendo transcurrido casi un año, lo que
desborda cualquier parámetro de racionalidad imputable a la carga de trabajo del Juzgado». Además, «lo anterior se agrava cuando, lejos de estar paralizada, durante todo este tiempo han ido sobreviniendo -de hecho, se nos están notificando- decenas de resoluciones que patentizan actividad judicial mientras se nos mantiene en un purgatorio procesal que impide, incluso, desplegar de forma completa el régimen de recursos».
A pesar de todo, la última notificación que los abogados del hijo del ex president de la Generalitat han recibido del juzgado que dirige Manuel García Castellón ha sido en febrero de 2023, y no para darles conocimiento de la resolución del recurso de reforma: solo para aceptar el cambio de procuradora.
Banca Privada de Andorra (BPA)
El 22 de septiembre de 2022 , el juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional desestimó la querella presentada por los representantes de Joan Pau Miquel Prats contra el ex ministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez Vázquez, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino Sánchez y los comisarios José Manuel Villarejo Pérez, Marcelino Martín-Blas, Celestino Barroso Sánchez, Bonifacio Díaz Sevillano y Pedro Esteban Cobrero. Eran el núcleo duro del Ministerio del Interior durante la presidencia de Mariano Rajoy.
La causa andorrana es una de las piezas más escabrosas de la Operación Cataluña. Los gobiernos de España y de Andorra se saltaron, en su momento, todas las normas de conducta internacional en su intervención a la Banca Privada de Andorra (BPA), hasta el punto de ocasionar una reacción adversa de las autoridades francesas, teniendo en cuenta que el presidente de la República es copríncipe de Andorra.
En junio de 2022 una juez andorrana imputó a Mariano Rajoy, a Jorge Fernández Díaz y a Cristóbal Montoro por un delito de extorsiones a la BPA. En la querella presentada el 22 de septiembre consta que “los cargos gubernamentales y policiales querellados habrían acordado preparar diversos informes en los que se atribuían falsamente a BPA y BANCO MADRID la realización sistemática de conductas constitutivas de blanqueo de capitales. Dichos informes mendaces se hicieron llegar al Servicio de Detección de Blanqueo del Tesoro Americano (FinCEN), posiblemente a través del agregado del FBI en la embajada de Madrid, el Sr. Marc Varri, íntimo amigo del comisario Villarejo, así como a las autoridades andorranas».
Según los hermanos Ramón e Higini Cierco, detrás de estas presiones se escondía el interés de las autoridades españolas de localizar unas cuentas multimillonarias de los Pujol en Andorra. «Consta la decepción de la policía española al constatar el saldo relativamente “bajo” de las cuentas de la familia Pujol después que se entregara un resumen de los extractos de dichas cuentas por parte del BPA. Esta entrega se hizo después de haber recibido coacciones por un miembro de la policía española destinado en la embajada en Andorra».
En la actualidad hay un cruce de querellas y demandas, ya que los antiguos dueños de la BPA, los hermanos Cierco, acusan al actual presidente de Andorra de orquestar este asalto a la entidad cuando era el ministro de Justicia. Además, la nota del FinCen fue retirada sin ninguna explicación.
Carlos Sumarroca
El 22 de diciembre de 2022, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena desestimó la petición de los representantes de la familia de empresarios catalanes Sumarroca contra Alicia Sánchez-Camacho Pérez, diputada por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid y Senadora del PP por designación autonómica.
El motivo es una lista negra de personalidades independentistas, entre ellos la familia Sumarroca, que Alicia Sánchez Camacho entregó al comisario Villarejo, y que Crónica Libre mostró ayer, para que fueran investigados prospectivamente, claro está. Dada la condición de aforada de Alicia Sánchez Camacho, la petición se hizo en el Tribunal Supremo, que la rechazó.
La apertura de una causa sobre la Operación Cataluña puede tener efectos desestabilizadores en la política española e importantes consecuencias a escala internacional, en las relaciones entre España y Andorra y también con las relaciones con Francia. Pero sobre todo entre el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios catalanes.
