Tras tres meses de desaparición forzada, las familias del abogado mexicano Ricardo Lagunes Gasca y del líder indígena Antonio Díaz Valencia convocan una manifestación virtual para este domingo con el fin de pedir su liberación y recordar su trabajo como defensores del medioambiente y de la justicia. La historia de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz es la de dos personas que luchan por un mundo mejor en un país, México, que esconde una dura realidad: la de más de 110.000 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y más de 52.000 cuerpos sin identificar, tal y como refleja un informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Hace cuatro años, tras más de una década de lucha contra la empresa minera Ternium, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz emprendieron acciones legales para que las autoridades agrarias de la comunidad de Aquila fueran elegidas legalmente para impedir que Ternium, de capital ítalo-argentino, con sede en Luxemburgo, siguiera expropiando tierras, recuerda Lourdes Rosas, defensora de Derechos Humanos, amiga del letrado y miembro del comité de apoyo a las familias. Ricardo estaba consiguiendo grandes avances en la negociación para llegar a acuerdos puntuales, asegura.
La vida de Antonio Díaz, profesor y líder indígena de la comunidad Náhuatl de San Miguel de Aquila, camina en paralelo a la de Ricardo Lagunes, defensor de derechos humanos y de poblaciones en movilidad que representa a varias comunidades indígenas.
Su furgoneta apareció vacía y con disparos
Ricardo lleva varios años defendiendo a esta comunidad con el apoyo de Antonio. El 15 de enero la furgoneta en la que ambos viajaban apareció vacía y con impactos de bala en la frontera entre Michoacán y Colima, tras asistir a una asamblea comunal, en Aquila, en la que se abordaron los incumplimientos sobre la retribución a la comunidad por parte de la minera Ternium, que explota la mina de hierro “Las Encinas” en la región.
Con la esperanza puesta en su liberación, familiares y amigos iniciaron una lucha activa, confiando en que las autoridades mexicanas llevaran a cabo la localización porque, tal y como señala Lourdes Rosas: “el Estado tiene la obligación de realizar este seguimiento”. La falta de noticias ha reforzado el número de acciones efectuadas. Rosas ha elevado hasta la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Gobierno Vasco el caso. Institución a la que ha solicitado tanto su pronunciamiento ante el Gobierno mexicano para que los responsables de la búsqueda ejecuten sus funciones de manera diligente, como para que hagan un llamamiento a la minera Ternium, por la responsabilidad del impacto de esta empresa en la comunidad.
Pablo Ramírez, defensor mexicano de Derechos Humanos afincado en Barcelona, ha visibilizado este caso en el Parlamento de Luxemburgo desde Taula per Mèxic, organización que trabaja por la paz y la protección de los Derechos Humanos en México.
“Estado en guerra”
¿Cómo puede considerarse un país que cuenta con un nivel tan elevado de desaparecidos? “Es un Estado en guerra, producto de un fenómeno global que es la economía criminal”, responde Pablo Ramírez. “Hay una responsabilidad institucional porque México no es un estado débil ni fallido. Es poderoso, rico, en ocasiones corrupto, en ocasiones criminal”, apunta. Si bien considera que es un reflejo del contexto histórico global, de las desigualdades y de la violencia que se concentran en un territorio. “El país está enfermo de impunidad y la impunidad genera una gran violencia”, sentencia.
Destaca el hecho de que estas dos emblemáticas desapariciones se hayan producido en un contexto de defensa del territorio, en el que hay un interés por controlar el mismo y las regalías que genera la mina, junto con una economía criminal. “Es un contexto muy complejo”, reconoce. Expone que lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico, “que empezó de una forma muy irresponsable el presidente Felipe Calderón”, entre muchas otras consecuencias trae dos a esta zona de Michoacán: los indígenas originarios se cansan de la violencia y de la desprotección por parte de las instituciones y se organizan para garantizar su propia seguridad.
“Hay una práctica del México profundo: la de la Guardia Comunitaria, personas de la comunidad, responsables de la seguridad que generan las denominadas autodefensas. Tratan de defender su territorio contra la policía local, estatal, general, el ejército. Estas autodefensas pueden tener elementos muy negativos por su relación con la economía criminal”, especifica. Por otro lado, los pueblos indios que buscan el ejercicio de su autodeterminación.
Sin olvidar otros elementos como la mina, tratando de incrementar su explotación y la división del conflicto comunitario, donde la economía criminal tiende enriquecerse. Este es el marco en el que sucede la desaparición de Ricardo y Antonio, defendiendo una parte de la comunidad y tratando de promover la organización.
Una “guerra” a la que también alude Lourdes Rosas, en la que desde hace más de una década la ola de violencia ha dejado “estadísticas que abruman respecto a personas fallecidas y desaparecidas”, entre las que hay que recordar a los defensores de Derechos Humanos, pero también un alto índice de feminicidios, de violencia contra menores… “Sigue habiendo muchos casos sin resolver”, lamenta. “Los estados de Guerrero y Michoacán llevan muchos años sufriendo la desaparición de defensores de la tierra”.
Defensores de Derechos Humanos
Los defensores de Derechos Humanos son un colectivo que “estorba al poder porque denuncia, acompaña, argumenta, visibiliza, intenta transformar la realidad”, admite Pablo Ramírez. Entre sus armas de lucha figuran la solidaridad o la apuesta política por la esperanza en la labor comunitaria. Entre las amenazas que reciben podemos encontrar la criminalización, pasando por persecución, la tortura, la privación de libertad o de la vida, la desaparición o el desplazamiento forzado, este último relacionado sobre todo con la actividad extractiva.
“Un mecanismo de control territorial a través del terror que comienza entre los años 60 y 70 del siglo pasado como una política del Estado que se utilizaba para desincentivar la lucha por la transformación del país desde la vía democrática, pero también desde la clandestinidad”, revela Ramírez. “Práctica incorporada a la economía general donde se reproduce especialmente durante las dos últimas décadas. Una estrategia de terror en el que la comunidad entera sufre”, añade.
Y así, mientras siguen luchando por Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, Lourdes Rosas y Pablo Ramírez, al igual que el resto de defensores de Derechos Humanos, continuarán sintiendo la llama que hace diferentes a aquellos que defienden a los demás por encima de sus propias vidas: la creencia de que “ante una injusticia se puede hacer algo desde cualquier trinchera”.
Familiares, amigos, defensores y un país gritan al unísono para recuperar a Ricardo Lagunes, a Antonio Díaz y a todos los desaparecidos en México: “VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”.
