El Congreso de los diputados ha aprobado la ley de vivienda con 176 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Compromís, Más País, Teruel Existe y el PRC), 167 en contra (PP, VOX, Ciudadanos, Junts, PDeCAT, PNV, Coalición Canaria, la CUP y Foro Asturias) y la abstención del BNG. Una de las leyes estrella de la legislatura, y tras cuya aprobación el Gobierno de coalición ha conseguido dar una imagen de unidad que había quedado dañada tras la reforma de la ley del «solo sí es sí». En esta ocasión, los aplausos, agradecimientos y abrazos han sido los protagonistas de la sesión.
Una ley de vivienda que sale adelante después de llevar más de un año bloqueada, desde su aprobación en el Consejo de Ministros en octubre de 2021, principalmente por las diferencias existentes entre el Gobierno y sus socios preferentes sobre la regulación de los alquileres. Al final, con el acuerdo al que llegaron ERC y Bildu con el Gobierno el pasado 14 de abril, se aprobó el dictamen en la comisión y este jueves se ha refrendado el apoyo al texto en el hemiciclo.
El Gobierno celebra la ley de vivienda
Nada más acabar la votación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado en el patio del Congreso la aprobación de la primera ley estatal de vivienda de la democracia. «Hoy hemos logrado uno de los principales hitos de la democracia», ha señalado el líder del Ejecutivo. Sánchez ha destacado que con esta ley se está produciendo un «cambio de paradigma» y se está dejando atrás la ley del suelo de Aznar de 1998 y el modelo neolibral en materia de vivienda.
«Estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos y para dar cumplimiento al mandato de la Constitución que cita la vivienda como un derecho y no como un problema».
El presidente ha utilizado su declaración para dejar un recado al Partido Popular: «Quiero decirle al PP que las leyes se cumplen, las sentencias judiciales europeas sobre Doñana se acatan y que la reputación de España se defiende».
También ha celebrado la aprobación de la ley Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha querido agradecer el trabajo de los movimientos sociales por la defensa de una vivienda digna, a quienes ha atribuido todo lo bueno que tiene esta ley. Tras tres años de «durísimo trabajo», en la que probablemente haya sido «la negociación más dura de toda la legislatura», Belarra ha señalado que la mayoría progresista y plurinacional del Congreso ha conseguido acabar con «el gran negocio español» que ha sido la vivienda durante los últimos 40 años.
«Hoy pierde la banca, pierden los fondos buitre y pierden los grandes propietarios que han podido tener estos beneficios porque ha reinado la ley de la selva; ahora, por fin gana la gente, los inquilinos y las inquilinas, la gente que tiene una hipoteca. Por lo tanto, estamos muy satisfechas».
El acuerdo con ERC y Bildu
Un acuerdo en el que se incluye la regulación de todos los alquileres en las zonas tensionadas, que serán topados mediante la indexación de la renta anterior para los pequeños propietarios y en el caso de los grandes tenedores mediante la aplicación del índice de contención de precios.
Se facilitan las condiciones para declarar como tensionada una determinada área: que el coste medio del alquiler o las hipotecas supere el 30% de la renta media de los hogares o que el precio de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores. Además, se establece una nueva definición de los grandes tenedores, condición que podrá aplicarse a los propietarios a partir de cinco inmuebles.
En materia de ampliación de derechos para los inquilinos, con la nueva ley de vivienda se establece que los gastos generados por servicios inmobiliarios correrán por parte del arrendador, se prohíbe el aumento de las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, como las tasas de basuras o las cuotas de la comunidad, y se eliminan las cláusulas que permitían no aplicar las medidas contempladas en la ley de existir un acuerdo entre las partes.
Para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, se elimina el IPC como índice de referencia. Así, durante el 2023 se aplicará el límite del 2%, en 2024 se elevará hasta el 3% y se creará un nuevo índice que tope los aumentos en el futuro.
Otro de los aspectos importantes en materia de vivienda es cómo se gestionan los desahucios. Con el nuevo texto se prohíben los desahucios sin fecha y hora establecidas y se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años.
Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional y, por primera vez, se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales mediante alquileres sociales bonificados o realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad.
Todavía queda mucho por hacer
Los socios del Gobierno que han posibilitado la aprobación de la ley de vivienda han elogiado el texto a pesar de que todavía queden cosas por hacer. Oscar Matute, diputado de Bildu, ha sentenciado que aunque «es un paso corto» para lo que les gustaría, también lo es «necesario» para evitar que los grandes propietarios y el mercado sigan haciendo negocio con la vivienda. En este sentido ha señalado que se trata de un debate «ideológico» entre quienes entienden la vivienda como un derecho y quienes la consideran un bien de mercado.
La diputada de ERC Pilar Vallugera, ha mantenido que «esta ley es para la gente, para las ciudades y los barrios». Además, ha destacado el trabajo parlamentario realizado para mejorar un proyecto de ley que «era imposible que tuviera efectividad», y que con el texto que se aprueba se empieza a marcar el camino para seguir conquistando derechos: «Esto es la tensión entre el bien de mercado o el derecho subjetivo, entre el lucro y la posibilidad de vivir, entre que unos tengan mucho y muchos no tengan nada».
Iñigo Errejón, portavoz de Más País, ha insistido en que la derecha está en contra de la ley de vivienda porque quieren dejar el mercado como está: «Intervenido en favor de los bancos, de los especuladores, de los fondos buitre y por lo tanto en contra del derecho a la vivienda».
En la misma línea que ERC y Bildu, Errejón ha señalado que faltan aspectos por mejorar como el control de los alquileres turísticos y temporales o fijar precios máximos. Asimismo, ha insistido en que con esta ley se da el primer paso «para garantizar que el derecho a la vivienda no sea pisoteado por el poder del bloque inmobiliario rentista».
La derecha en contra de la ley de vivienda
La encargada de defender la postura del PP desde la tribuna del Congreso ha sido la diputada Ana María Zurita, que ha señalado que es una ley que «no convence a nadie» y que se ha utilizado como moneda de cambio para contentar a Bildu y ERC.
Zurita ha manifestado que con la ley de vivienda «los okupas tienen todos los derechos del mundo», que el texto «vulnera el derecho a la propiedad», y que, tras las expectativas generadas, es «una pena» porque no garantiza el alquiler a los jóvenes ni a a las personas con problemas para acceder a una vivienda. Así, ha sentenciado que «la ley caerá como la casa de Los tres cerditos al primer recurso de las comunidades autónomas».
La invasión competencial ha sido el argumento principal esgrimido por las derechas nacionalistas e independentistas para mostrar su rechazo a la ley de vivienda. Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha denunciado que la ley «no frena el precio de los alquileres más allá del año 2024» y que, ahora, el Gobierno central tiene «una alfombra roja» para entrar en las competencias de las autonomías.
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha insistido en que «no es una buena ley» porque no resuelve el problema de la vivienda, no ofrece seguridad jurídica al pequeño propietario y no garantiza los derechos de los ciudadanos a tener una vivienda digna. Por su parte, Ferrán Bel, portavoz del PDeCAT, ha defendido que la ley de vivienda no tienen sentido porque «si las competencias en vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas», ahora se permite al Gobierno central decirles qué es lo que tienen que hacer.
