Ocurrió el viernes 21 de julio a las 18.49 horas. Tan sólo dos días antes de las elecciones generales y 11 minutos antes del cierre de la Junta Electoral Central. En el último momento, diez asociaciones relacionadas con la ultraderecha, entre las que se encuentra Hazte Oír, la Plataforma Elecciones Transparentes o reconocidos franquistas presentaron un escrito reclamando «la suspensión de las Elecciones Generales del 23 de julio de 2023 ante las numerosas irregularidades acontecidas en esta convocatoria electoral». Los firmantes justificaban la petición en una falta de garantías democráticas más que sorprendentes y por ello exigían sanciones de más de 10 millones de euros a Correos y a los miembros de gobierno.
Millones de españoles pueden dejar de votar para evitar el previsible calor que puede incluso ocasionarles la muerte«. «No es descabellado pensar en un genocidio contra las personas con mayor riesgo de fallecer, como son los enfermos crónicos y los jubilados, para evitar el gasto público que suponen«. «El Gobierno ha elegido la fecha, en pleno periodo de vacaciones, para evitar que vote libremente la población, especialmente las personas más adineradas que son las que más viajan en vacaciones y las que menos votan a la izquierda».
Alarmistas, catastrofistas, conspiranoicos o clasistas… Son algunos de los argumentos de peso que diez asociaciones relacionadas con la extrema derecha esgrimieron en un escrito que presentaron el viernes a última hora de la tarde ante la Junta Electoral Central (JEC) tratando de impedir que se celebraran las elecciones de este domingo. El documento -de 16 páginas- al que ha tenido acceso este digital está firmado por la Plataforma Elecciones Transparentes, asociación ultra que se hizo popular desde que una de sus socias fundadoras, Pilar Balsuega, asegurara en la pandemia que «las vacunas las hacen con tejidos humanos de los abortos».
Desde entonces, Pilar Balsuega ha vuelto a la palestra de las polémicas al llamar «Begoño» a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por su supuesta transexualidad y de la que además insinuó que tenía una supuesta vinculación con el narcotráfico en Marruecos. Subirse al carro de la propagación de bulos, le ha costado a la lideresa de la Plataforma Elecciones Transparentes una petición de pena de siete años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía además de una condena por intromisión ilegítima del derecho al honor.
No es la primera vez que esta asociación intenta boicotear unas elecciones. Ya para las Autonómicas y Municipales del 28-M quisieron sembrar la duda con un llamamiento a través de las redes sociales: «Presenta candidatura anti-#PUCHERAZO al ayuntamiento de tu pueblo», decían.
Asociaciones anti Podemos, ligadas a Vox y reconocidas franquistas
En esta ocasión, no ha sido ella quien ha abanderado este intento de boicot a los comicios democráticos. En su lugar firma el escrito el presidente de la asociación, José Miguel Alvarado, que tiene un canal de Youtube en el que habla «sobre la peste del nuevo comunismo y sus patrocinadores, los mafiosos mecenas de las feministas, de los los lgtbisexualistas, los ecologistas malthusianos y de los restantes dictadores del neo proletariado».
En una entrevista, Alvarado ha asegurado que: «Al ser una minoría sólo pueden detentar el poder si la mayoría está dividida, enferma y loca. Pretenden el poder y el dinero pero puede que también el control espiritual, pues son adoradores de satanás… lo que me hace pensar que Dios puede existir. Hemos entrado en una época luciferina de la que no va a ser fácil salir, a no ser que vuelva Jesús a poner orden (de lo cual no estoy seguro) o haya un reseteo del sistema financiero y la mafia antedicha pierda su poder».
El presidente de la Plataforma Elecciones Transparentes se ha autoeditado un libro cuyo resumen dice: «En una sociedad decadente marcada por la división, un artista romántico se enfrenta al feminismo, desvelando por el camino las restantes ramas del marxismo cultural y luchando desde dentro contra una de sus sectas: Unidas Podemos».
Junto a esta plataforma, firman el documento nueve asociaciones más, la más conocida es la ultra Hazte Oír fundada por Ignacio Arsuaga, relacionada con la sociedad de extrema derecha El Yunque y con Vox, especialmente con Santiago Abascal y Rocío Monasterio.
También aparece entre los firmantes Units per la Veritat, que dice ser una «asociación de consumo y de defensa de los Derechos Humanos y libertades ante las medidas antidemocráticas en la gestión de la plandemia«. Y que invirtió las donaciones de sus seguidores en contratar un autobús para estar presente en la manifestación de cazadores y mundo rural que se desarrolló en Madrid en enero de 2022 y que estuvo apoyada por Vox.
En una reclamación de este tipo no podía faltar el nombre de Pilar Gutiérrez. La representante actual de la Asociación Unidos por la Vida (que fue líder del Movimiento por España), se hizo popular gracias a sus entrevistas televisivas cuando el gobierno anunció la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Franquista reconocida, hija de un ministro de Franco, seguidora de VOX y los ultracatólicos de Hazte Oír, formó parte de un movimiento contra el expresidente Zapatero. Entre sus discursos más polémicos está el que decía que el aborto provoca cáncer, accidentes de tráfico y violencia machista
Motivos que justificaban la suspensión de los comicios según los denunciantes
Los denunciantes consideraban como principal causa de suspensión de las elecciones la fecha ya que «vulnera las normas sobre la utilización del voto correo, además de suponer un riesgo para la salud por las altas temperaturas del verano. La propia OMS lo ha calificado de “mortal». Por tanto, el Gobierno ha atentado contra la vida de los carteros de Correos, contra los solicitantes del voto por correo, contra los votantes por correo y hará lo mismo contra la de los votantes presenciales del 23J, si este no se suspende».
Según el escrito presentado ante la Junta Electoral Central, la segunda causa de suspensión sería «la falta de fiabilidad de la página web de Correos». Y para justificar su argumento aseguran disponer de un informe pericial de un perito informático que ha detectado 236 vulnerabilidades técnicas en Correos.es.
En este sentido, y como consecuencia de las dos motivos anteriores, consideran los firmantes que ha habido «una supresión intencionada del sufragio universal, tanto del voto por correo (mediante la falta de entrega intencionada de la documentación electoral) como del presencial mediante la disuasión climática».
Los diez grupos ultras acusan de fraudulento al sistema informático de Indra asegurando que existe la posibilidad de que Delegados y Subdelegados del Gobierno alteren los datos provisionales.
Para completar, los denunciantes hablan de una «presunta malversación y soborno/cohecho» refiriéndose al presupuesto de las elecciones del 23-J que, aseguran, «asciende a 220.872.805 euros, de los que 101,5 millones se destinan a los servicios postales del voto por correo (45,9%)». Aseguran los representantes de las diez asociaciones que «lógicamente, este desmesurado gasto puede considerarse un soborno a Correos».
Los denunciantes comparan nuestro sistema democrático con los de países como Bulgaria, Albania, Rusia, Turquía, Serbia o Azerbaiyán, donde aseguran que se han anulado elecciones en los últimos años.
Sanciones de más de un millón de euros al gobierno al completo
La cancelación de las elecciones no era la única reclamación de los grupos denunciantes, también exigían unas millonarias sanciones ejemplarizantes a Correos y al gobierno. «Solicitamos que se sancione a Correos por los incumplimientos electorales con una cantidad que sea disuasoria tanto de incumplir la legalidad como para que en el futuro se repitan las trabas a la soberanía nacional. Se sugiere una cantidad de un 10% de la facturación que, según presupuestos, ascendía a 101,5 millones de euros, por lo que la sanción debería elevarse a 10,15 millones de euros», explica el documento.
La Plataforma Elecciones Transparentes y el resto de organizaciones también pedían una sanción de 100.000 al presidente de Correos y al presidente del Gobierno. Y de 50.000 euros a cada uno de los ministros y ministras, lo que se traduce en 1.300.000 euros. En total, las sanciones llegarían a los 11.800.000 euros. «Cantidades proporcionadas y disuasorias, como establecen las normas europeas«, aseguran los solicitantes.
