La última palabra del comisario en el juicio que desde hace un año se celebra contra él fue el relato de un hombre perseguido por el CNI, el general Sánz Roldán y el malvado comisario Martín Blas junto a unos inspectores de policía sicarios, en complot con un par de periodistas, Javier Ayuso y Patricia López. Sin embargo, su abogado no podría alegar tantas causas de nulidad si no fuera por el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, amigo y colaborador del ahora enjuiciado, o la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Con parche en el ojo y cara de malo, el acusado José Manuel Villarejo Pérez, otrora comisario excelente y empresario multimillonario, ha tirado de un discurso de pelicula en su última palabra ante la sala de la Audiencia Nacional que le juzga por las piezas Iron, Land y Pintor, que afectan a un despacho de abogados, a la familia García Cereceda y al marido y cuñado de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana. La sentencia es decisiva, para él, para su mujer Gema Alcalá y para su hijo, mucho más que para el resto de acusados, ya que a ellos se les acumulan las causas con petición de prisión.
Con su voz potente ha iniciado el discurso asentando que «la causa Villarejo es un código rojo. Sí, sí, es un código rojo. Para los que desconozcan de que estoy hablando recuerden esa famosa película Algunos hombres buenos, donde un militar ordena eliminar a uno de sus hombres por considerar que ponía en peligro la seguridad del resto que había en Guantánamo. Pero como era ilegal aplicar el código rojo, todos negaron hasta que gracias a un juicio se descubrió que un alto mando lo ordenó».
«No puede haber más coincidencias con esta causa donde otro militar, Sanz Roldán [ex director del CNI haciendo el papelón de Jack Nicholson como guardían de EEUU, en este caso de España], decidió eliminar a un peligro para el que atribuyéndose el conocimiento de que así salvaría al Estado le aplicó el código rojo. Al igual en la película, de no haber sido por este juicio no se habrían delatado».
Es más, la causa Villarejo en realidad no es causa Tándem «porque el epíteto Tándem fue un paripé más para justificar que participase Asuntos Internos, ya que hacía falta un comisario en activo para hacer el dueto, Tándem«, puesto que él, víctima de esa conspiración, llevaba un año jubilado cuando decidieron aplicarle ese castigo.
No deja claro si ese comisario de Asuntos Internos es Francisco Miguelañez, que llevó la causa Villarejo, o Marcelino Martín Blas, que desde 2014 empezó a investigarle en el caso del pequeño Nicolás, aliándose con un contubernio de agentes del CNI, policías y periodistas, como Javier Ayuso en El País o Patricia López, en Público. A estos se les ha acusado de tener el «mínimo rigor jurídico», a pesar de haberle ganado todas las querellas que les ha puesto por contar sus presuntas corruptelas, mientras el resto de periodistas que aparecen en su agenda callaban, por ejemplo el director de Fuentes Informadas y ex jefe de tribunales de El País, José Antonio Hernandez alias Jotilla; Eduardo Inda, Antonio García Ferreras, Ana Rosa Quintana, Ana Terradillos en La Ser o José María del Olmo en El Confidencial.
La denuncia preparada con Manuel Moix
Su defensa encarnada en Antonio García Cabrera había sido más clara, atacando a diestro y siniestro los informes de Asuntos Internos elaborados antes de la causa Tándem y que han sido incluídos en el sumario, bien por partes imputadas, bien porque la documentación se ha encontrado en su registro o porque los nuevos agentes de la unidad que le está investigando los han incluído; en este caso sí, de una forma ciertamente extraña.
Está acreditado por la documentación anotada por él mismo en sus agendas, que el fiscal José Alfonso San Román, encargado del caso del pequeño Nicolás, tenía informado puntualmente a Villarejo de todas las actuaciones contra él. Siempre se opuso a que le investigaran, no le quedó más remedio que tener que tragar con la pieza sobre la grabación de una reunión de Asuntos Internos y agentes del CNI. Hasta tal punto llegaba la colaboración de la fiscalía con Villarejo entre 2014 y 2017, que el fiscal San Román amenazó al titular del juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, para que parase la detención que estaba a punto de realizarse en mayo de 2016 de Villarejo y otros miembros de la cúpula policial ahora sentados en el banquillo.
El culmen fue cuando en 2016, a petición del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, se elabora un informe sobre el patrimonio de Villarejo, ya con Francisco Miguelañez como jefe de Asuntos Internos y con Marcelino Martín Blas en la comisión de investigación creada por Zamarriego, después de haber sido destituído como jefe de Asuntos Internos por investigar a la cúpula policial.
En ese informe donde se pedía a la fiscalía recaudar información a Hacienda por posibles delitos de blanqueo de capitales, que demostraba ya el exultante patrimonio del policía con más de 25 millones, 92 inmuebles y cuentas en Suiza, Panamá y Delaware, fue elaborado por el inspector de Asuntos Internos que lleva la investigación de Tándem y por el inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, en ese momento destinado en la DAO por una de esas reprimendas por investigar lo que no debía, tal y como él ha declarado en la pieza Kitchen de Tándem [la que investiga los trabajos para el PP y los seguimientos a Luis Bárcenas].
El documento fue remitido a Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, quien se lo quitó de enmedio inmediatamente y lo envió a otro de sus hombres de confianza José Javier Polo Rodríguez, que lo dejó guardado en un cajón durante un año. No vio la luz hasta que la periodista Patricia López lo publicó, como bien ha explicado el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera.
Sin embargo es desde enero de 2017 y debido a una grabación que publica dicha periodista realizada al comisario Enrique García Castaño, al que defiende el despacho del Baltasar Garzón (pareja de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, y asiduo en las agendas de Villarejo y en algunos trabajos), cuando Villarejo comienza a preparar su detención y el regisro de su casa, a encriptar audios y esconder agendas.
En dicha grabación se hacía ver como el exDAO Eugenio Pino, junto a Villarejo estaban chantajeando al CNI y a la Casa Real, algo que confirmaron ambas instituciones. Por eso, desde principios de febrero Villarejo deja grabado que va a preparar el registro y que le va a decir a la secretaria judicial que acuda «mire en ese cajón que tengo unas cosas de una mujer que tenía relaciones con una persona muy importante del Estado». Así se lo cuenta en la primera quincena de febrero a su exsocio, el periodista Daniel Montero, ahora en Nius de Mediaset.
Es entonces cuando aparece un empresario relacionado con unos guineanos, conocido como el ‘pagafantas’ por abonar la boda del hijo del comisario Carlos Salmanaca -también imputado y también defendido por el despacho de Baltasar Garzón-. Este empresario, denunciante, testigo e imputado, le entrega unos documentos a un exagente del CNI, y personaje mediático donde los haya, en los que solo aparece documentación sobre Villarejo. Y este agente, David Vidal, decide que hay que meter más cosas y que por qué no meter documentos que también impliquen al comisario Salamanca, documentos que no le había dado dicho empresario.
Habla con un comandante de la Guardia Civil y este a su vez con Manuel Corbí, el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) que también es habitual en la agenda de Villarejo, con el cual le unen favores personales además de intercambio de información, y es Corbí quien decide llevar la documentación a la Fiscalía Anticorrupción de Moix y que Vidal la envíe como un anónimo. Un anónimo extraño, ya que pone el nombre de una mujer guineana, Asunción Emba, con el número de teléfono del propio comisario Villarejo. Es decir, de haber llamado al número los fiscales se habrían encontrado con el investigado.
Bueno pues esta es la querella que Manuel Moix decide admitir. Moix, quien había cobrado de una de las empresa de Villarejo, Schola Iuris, al igual que el entonces Fiscal General del Estado -el fallecido Manuel Maza-, decide que ahora sí existen motivos para que su fiscalía habra una investigación. Todo muy transparente.
El papelón de Luzón y Dolores Delgado
Por si fuera poco Manuel Moix le entrega la investigación a Ignacio Stampa, un recién llegado a Anticorrupción desde Canarias -donde habia tenido algún que otro problema- y a quien debe pensar que le tiene bien controlado. Junto a él, quien parecía el bueno de la película, Miguel Serrano, un hombre discreto, que habla poco, y que lo mismo pacta con acusados como los hermanos Muñoz Támara (marido y cuñado de la presentadora Ana Rosa Quintana), como pide ayuda a otras personas que han investigado a Villarejo para acabar imputándoles.
Y frente a todo pronóstico y tras el cambio del fiscal Moix, Stampa se va haciendo con la causa hasta el extremo de sufrir una campaña de acoso y desprestigio en la que intervinieron el propio jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la entonces Fiscal General del Estado Dolores Delgado, quien obligó al propio Luzón a realizar uno de los interrogatorios de la pieza DINA, desacreditando así a los fiscales del caso.
Pero a Miguel Serrano, quien junto con su mujer es amigo personal de la pareja Dolores Delgado y Baltasar Garzón, no pareció importarle porque poco defendió a su compañero Stampa. Se quedó en su puesto, sin investigar por qué tanto Delgado como Garzón aparecen en la pieza PIT, la que investiga el encargo de los navieros Pérez Maura. De hecho Fiscalía Anticorrupción lo ha dejado por escrito e incluso le ha ofrecido a Delgado personarse como perjudicada. ¿Perjudicada de saber que había una red de policías que hacía trabajos extras, obtenían «información vaginal» y no haberlo puesto en conocimientos de las autoridades? Nada se entiende.
Lo que si parece es que la actitud de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón es complétamente elástica según los imputados se llamen José Manuel Villarejo o Eduardo Zaplana (cuyos testigos han ido cambiando de declaración y quitando peso a la acusación); María Dolores de Cospedal, a quien no quieren acusar a pesar de los audios, o el empresario Javier Pérez Dolset, víctima presuntamente de un encargo del directivo de Atresmedia Mauricio Casals a Villarejo, según la pieza BRO, pero a quien por otro lado se le acusa en la causa Hanta a pesar de saber que todo se inició con un informe falso, y con la participación de un policía que cuelga de la presunta mafia policial y empresarial que se sienta en el banquillo.
