Ayuso vacila al Defensor del Pueblo: sin datos del plan de urgencias extrahospitalarias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Meses lleva Ángel Gabilondo pidiendo a la Comunidad de Madrid los documentos que justifiquen por qué siguen cerradas las Urgencias de los Centros de salud, desde su clausura en marzo de 2020 a causa de la pandemia. Dos años y medio después y, a pesar de estar obligada a colaborar por ley, la Consejería de Sanidad no aporta la información solicitada, responde sin datos o las cifras no cuadran. Así lo reconoce el Defensor del Pueblo en un escrito al que ha tenido acceso Crónica Libre en el que pide a la presidenta Isabel Díaz Ayuso transparencia.

David Arnanz

La respuesta facilitada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la solicitud de esta institución de la memoria justificativa que pruebe la conveniencia de derivar los pacientes antes atendidos por los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) se considera insuficiente”. El Defensor del Pueblo se muestra tajante en un escrito fechado el pasado 17 de agosto, al que ha tenido acceso Crónica Libre, con el que daba respuesta -sin poder dar soluciones por la falta de información aportada por la CAM-, a la queja de una madrileña sobre el plan de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y que anunció en junio, de cerrar las Urgencias de 37 centros de Salud, que serán sustituidos por 17 puntos de atención continuada, siete de ellos sin médicos, solo atendidos por enfermería.

Lo que la Comunidad de Madrid denomina “reorganización”, para miles de madrileños es un claro recorte en Sanidad Pública y así se lo están transmitiendo a la institución que se encarga de defender los derechos de los ciudadanos cuando éstos se vean vulnerados por las instituciones.

Lo que la Comunidad de Madrid denomina “reorganización”, para miles de madrileños es un claro recorte de la Sanidad Pública

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo reconoce en su escrito que solicitó a la Consejería que preside Enrique Ruiz Escudero “la memoria justificativa o documento que incluya los datos que prueben la conveniencia de derivar la atención de los pacientes que eran atendidos por los SUAP. Pero no ha sido así. La documentación aportada por la Comunidad de Madrid no detalla en ningún caso los datos en los que se apoyan para la adopción de unas medidas tomadas unilateralmente sin haberlas debatido siquiera con los sindicatos, que hablan de “descapitalización de la Sanidad Pública”.

Ayuso clausuró las Urgencias de los Centros de Salud en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, para reorganizar a los facultativos. Era una medida temporal. Eso dijeron. La realidad es que dos años y medio después siguen cerradas. El plan de La Comunidad de Madrid, según anunciaron el pasado junio, consistía en que 20 de ellos no volverían a abrir, aunque, tras el aluvión de críticas de ciudadanos y profesionales, la presidenta rectificó y aseguró que volverían a funcionar, pero sin especificar cuándo, con qué horario o con cuántos profesionales.

Obligados por ley

El ninguneo de Ayuso a Gabilondo es más grave aún si se tiene en cuenta que la Ley obliga a las instituciones a auxiliar de manera preferente y urgente al Defensor del Pueblo y a remitirle todos los informes solicitados en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, la información que le remite la CAM es repetidamente escasa. “Se ha vuelto a solicitar que remita la memoria justificativa (…) Una vez que se reciba la información solicitada y la respuesta de la Administración sobre su posición respecto a la Recomendación formulada, se le dará traslado de su contenido”, le dice Gabilondo en su escrito a Ana Cruz, la vecina de Pinto que envió la queja en nombre de varias Asociaciones de vecinos y vecinas de la localidad madrileña preocupados por el desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos.

Carta emitida por Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, solicitando los datos a Ayuso.

De este modo, Gabilondo volverá a solicitar los planes de la Comunidad de Madrid respecto a este asunto vital para la ciudadanía: documentación y memorias que prueben la conveniencia de derivar la atención de los pacientes que eran atendidos por los SUAP y que ahora, según los planes de Ayuso, serán atendidos llamando a los teléfonos de urgencias médicas 112 y 061, al SUMMA 112 o teniendo que acudir a las urgencias del hospital más cercano por sus propios medios.

Del mismo modo, el Defensor del Pueblo ha solicitado al consejero Ruiz Escudero la memoria que justifique por qué los SUAP siguen cerradas este verano, 29 meses después de su cierre por la crisis del coronavirus y, más importante aún para los madrileños, que especifique y detalle el diseño del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias.

La CAM oculta datos reiteradamente

No es la primera vez que el Defensor del Pueblo se ve incapaz de dar respuesta a los ciudadanos por este asunto ante la negativa de la Comunidad de Madrid a entregar la información requerida. Ya el pasado mes de marzo, en respuesta a un vecino de Colmenar Viejo, explicaba que había solicitado a la Consejería que remita “la memoria justificativa o documento que incluya los datos que prueben la conveniencia de derivar la atención de los pacientes que eran atendidos por los SUAP al Centro Coordinador, a través del teléfono de urgencias médicas, a la atención domiciliaria desde el SUMMA 112, o al Servicio de Urgencias hospitalarias más cercano disponible”.

La misma respuesta le da en su escrito a Ana Cruz cinco meses después. Cinco meses de desconsideración de Ayuso hacia una institución cuyo fin es supervisar las actuaciones de las Administraciones Públicas en ámbitos fundamentales como la Educación, Empleo, Igualdad, Seguridad o Sanidad.

“Al Defensor del Pueblo le preocupa el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria pública, las limitaciones a la movilidad de los pacientes, la atención primaria y especializada, las urgencias y emergencias, las listas de espera, las campañas preventivas y los protocolos frente a problemas de salud pública, la atención a la salud mental, la prestación farmacéutica, el transporte sanitario y el respeto a los derechos de los pacientes y usuarios”, reconocen en la institución, órgano de relevancia constitucional.

Datos que no cuadran

En su escrito, el Defensor del Pueblo le recuerda a Díaz Ayuso que ha recibido numerosas quejas de ciudadanos e instituciones en las que se ha manifestado disconformidad con el cierre de los SUAP. Entre ellas, una comunicación y documentación de una asociación de trabajadores del SUMMA 112. Estos especialistas sostienen que la capacidad de servicio de coches médicos o enfermería no puede rebasar, en condiciones extremas, la atención de 24 avisos en 24 horas. “Dicha afirmación hace considerar la inviabilidad de que se hubieran llevado a cabo a domicilio las 1.264.139 actuaciones programadas de enfermería de los SUAP”, asevera Gabilondo haciendo referencia a un informe de la Subdirección General de Continuidad Asistencial de 2016. Otra vez que Gabilondo tiene que ingeniárselas para conocer datos reales con los que poder dar respuesta a los ciudadanos, ante la falta de transparencia de la Comunnidad de Madrid.