Sara Carreño, directora general de Derechos Humanos del gobierno de La Rioja ha sido demandada por Pedro Fuentes, presidente de la Asociación Galehi, promotora de los vientres de alquiler. En el acto de conciliación, que tendrá lugar el próximo viernes, 30 de junio, se tendrá que dirimir si señalar la realidad de esta práctica -que en nuestro país está prohibida-, constatar que la gestación subrogada trata a las mujeres y los bebés como mercancía -como recoge una sentencia del Tribunal Supremo- y recordar a un hombre que es padre porque acudió al extranjero para obtener un bebé mediante un contrato de estas características, constituye una intromisión en el honor del demandante. “Tengo confianza en que estoy dentro de los límites de la libertad de expresión”, asegura Sara Carreño.
Una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2022 dictó que la gestación por sustitución vulnera los derechos de las madres gestantes y de los bebés, ya que entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que cataloga contrarios a la dignidad de las personas. «Tanto la madre gestante como el niño a gestar son tratados como meros objetos” expresaba la sentencia. Ahondar en esta idea le ha costado a Sara Carreño, Directora General de Derechos Humanos (en funciones) del Gobierno de la Rioja, una citación judicial por parte de Pedro Fuentes, defensor de los vientres de alquiler.
En un comunicado oficial, Sara Carreño, ha informado de la citación judicial recibida para un acto de conciliación respecto a la demanda civil interpuesta por Pedro Fuentes por “intromisión ilegítima en el derecho al honor” tras una conversación mantenida en la red social Twitter que se inició por parte del presidente de la Asociación Galehi, defensora de los vientres de alquiler formada por familias homoparentales, con un tuit en el que se ponía en entredicho la financiación del Comité Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución (CIAMS). La conversación terminó con otro tuit de la Directora General de Derechos Humanos (en funciones) del Gobierno de la Rioja recordándole que él mismo había contribuido con la explotación de las mujeres al ser padre por gestación subrogada.
“Yo sólo aporté una valoración de algo que él ha hecho y que es público y notorio, porque este es un señor promotor de los vientres de alquiler, que su historia la ha contado en montones de medios, que es secretario de una asociación que promueve estas prácticas, que es ex presidente de otra asociación que promueve esto mismo, por lo que los hechos son públicos” asegura Sara Carreño. “Tengo confianza en que estoy dentro de los límites de la libertad de expresión y tengo confianza en que fallen a mi favor”, afirma.
En su demanda, Fuentes pide a la demandada 10.000 euros y una rectificación pública que Carreño no piensa aceptar. “Quienes promueven esta vulneración de derechos de mujeres y bebés quieren que dejemos de decir la verdad, de señalar su violencia, su explotación a mujeres, su compra de recién nacidos” recoge en su comunicado que alude, además, al deseo de los defensores de los vientres de alquiler de “coartar nuestra libertad de expresión y obligarnos a usar sus eufemismos para blanquear estas prácticas que cosifican a mujeres y niños para conseguir que también en nuestro país se pueda explotar mujeres”.
Conversación en Twitter
Todo empezó con una conversación por la red social Twitter el pasado 4 de marzo en la que Pedro Fuentes sembró dudas sobre la financiación del Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución (CIAMS) e interpelaba a la comunidad sobre los beneficios de sus actuaciones. Sara Carreño contestó a este primer mensaje que su activismo beneficiaba a las mujeres que quieren evitar que se explote a sus iguales. Fuentes dio un paso más en su contestación y dejó entrever que, al igual que quienes mantenían su negativa al aborto eran los responsables de los daños que sufrían las mujeres, lo mismo ocurría con quienes se niegan a una ley de gestación subrogada.
En este punto, Carreño preguntó a su interlocutor si, al igual que se practicaban abortos clandestinos, en este momento hay “gestación subrogada clandestina”. La contestación de Fuentes, que negaba que él hubiera hablado de gestación clandestina, reconocía que había gente que explotaba a mujeres a lo que Sara Carreño contestó que, efectivamente había gente explotaba mujeres “tú que compraste un bebé, por ejemplo”.
La reacción del presidente de Galehi no se hizo esperar y preguntó a Carreño si le estaba acusando de un delito y que, si así fuera, había presentado la consiguiente denuncia porque “usar la redes para faltar al respeto a mujeres, menores y familias es simplemente matonismo”. El mensaje que cerró esta conversación fue el de la directora general de la Rioja quien afirmó utilizar la redes para denunciar violencia y concienciar, para que no se explote mujeres reproductivamente y no se compren bebés.
Galehi y Podemos
La Asociación Galehi, radicada en Madrid y registrada como una asociación dedicada a los servicios educativos, forma parte del Consejo de Participación de las Personas LGTBI del Ministerio de Igualdad, gestionado por Podemos, como representante de las organizaciones. Asimismo, ha contado con fondos públicos para la organización de encuentros y jornadas como el III Encuentro Estatal de familias homoparentales celebrado en Segovia en octubre de 2009 con una subvención del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Como organización integrada en la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) participa en actos organizados también con fondos públicos como la XII Jornadas de familias LGTB celebradas en Cartagena en septiembre de 2022, subvencionadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La defensa de los vientres de alquiler le ha llevado, también, a estar presentes en las celebraciones de los actos que tienen lugar durante el mes de julio del Orgullo con pancartas en las reclaman la diversidad de las familias. Este año, han mostrado su contrariedad porque las familias no estarán en la primera fila y el lema del encuentro se centrará en la reclamación de derechos.
