La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha analizado, a través de 60 indicadores, los protocolos educativos de las Comunidades Autónomas derivados de las leyes transgeneristas. El resultado del estudio es que el 62% de los mismos delega en las asociaciones transactivistas del Tercer Sector la “formación” y “sensibilización” del alumnado.
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres acaba de poner negro sobre blanco en un tema de enorme transcendencia que afecta a las y los menores de nuestro país y sus familias. Se trata del procedimiento que se inicia cuando en un centro hay un o una menor que se autodiagnostica como “trans”, bien porque lo manifiesta la misma persona, bien por mediación de sus progenitores o tutores o por sugerencia de cualquier miembro de la comunidad educativa y de como en todos los casos esto se hace sin recabar opinión de profesionales cualificados en disforia.
Las pautas que establecen son de obligado cumplimiento
Del análisis de dichos protocolos, realizados a partir de 60 indicadores, se concluye que en el 79% de las CC.AA., el alumnado está expuesto a postulados ideológicos que niegan el sexo como una realidad objetiva y que imponen en los centros educativos ideas sexistas basadas en estereotipos y prohibidas por la normativa en vigor y vinculante: leyes orgánicas y el Tratado internacional CEDAW, entre otras.
El 100% de los protocolos afirman un inexistente derecho a la “identidad de género”, enfocado a alentar la demanda de la sustitución del sexo registral de nacimiento y que abre el camino de la transición social, farmacológica y quirúrgica en menores. Así ha sucedido en todos los países que han implantado protocolos educativos similares.
«Todas las medidas previstas en los protocolos fomentan irresponsablemente la llamada transición social, es decir, el cambio de nombre en la documentación escolar, de pronombres, de vestimenta o de aspecto. Estos cambios lejos de fomentar un crecimiento en libertad refuerzan los estereotipos sexistas más reaccionarios que marcan parámetros rígidos de masculinidad y feminidad y promueven los comportamientos sexistas diferenciados para las niñas y los niños», han declarado varias representantes en la jornada que han llevado a cabo para difundir las conclusiones.
Como han demostrado las últimas investigaciones, la llamada transición social no es en absoluto inocua. Es, por el contrario, la cinta transportadora que conduce a las y los menores a la transición médica y quirúrgica. «El 100% de los protocolos educativos permiten, a cualquier edad, el cambio de nombre en la documentación administrativa del centro, sin que haya un cambio registral oficial y por tanto sin que haya una causa reconocida legalmente y sin seguir un procedimiento legal garantista».
El lobbie de las organizaciones transactivistas del Tercer Sector
En el 62% de los protocolos se delega expresamente en asociaciones transactivistas la “formación” y sensibilización del alumnado a través de charlas y actividades en los propios centros. En el 92% de los protocolos no se exige cualificación alguna a las personas designadas para impartir formación y sensibilización en temas vinculados con diversidad, “identidad de género”… a pesar de que intervienen en decisiones que son vitales y pueden ser irreversibles.
El 38% de los protocolos educativos incluyen enlaces a páginas web o información de contacto sobre asociaciones transgeneristas como referentes de apoyo a dicho protocolo. Un 31% de los protocolos facilitan enlaces a documentación online elaborada por las propias asociaciones transgeneristas (videos, cuentos, etc) para que sean compartidos como punto de apoyo educativo. En resumen, el análisis de ContraBorrado hace evidente la magnitud de la intromisión y la influencia de las organizaciones transactivistas en los centros escolares de distintos niveles educativos.
Una intrusión en toda la comunidad educativa
Como señala este análisis, la implementación de este tipo de protocolos en un centro deriva en una serie de efectos adversos sobre el alumnado, la patria potestad y las familias, la libertad de los docentes y la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes. Una vez que un/una alumna, de cualquier edad, se autodiagnostica como “trans” o es “detectado” como tal por algún miembro de la comunidad educativa, todo el alumnado del centro tendrá que aceptarlo sin reservas. Aceptar su nuevo nombre, pero también que use los baños y vestuarios de acuerdo a su “sexo sentido” o a su género autopercibido. El 100% de los protocolos lo permite y cualquier resistencia será considerada acoso.
En las familias y progenitores, la puesta en marcha de un protocolo de corte transgenerista puede tener consecuencias muy graves sobre la patria potestad y la autonomía de madres y padres. En el 54% de los protocolos se inician los cambios en el centro (nombre, vestimenta, etc) sin que los progenitores hayan firmado el documento de consentimiento.
Testimonios de las familias revelan que la transición social de una alumna/alumno puede comenzar sin que madres y padres hayan sido informados
Un dato de especial relevancia es que el 77% de los protocolos prevean actuaciones externas sobre los progenitores o tutores legales que no acepten las medidas planteadas por el centro sobre el menor y se nieguen a firmar el documento de consentimiento y aceptación del protocolo.
Además, en el 100% de los casos incluyen la denuncia por maltrato psicológico iniciándose contra los progenitores el protocolo por maltrato infantil, con posible intervención de los servicios sociales, si el centro considera que la actitud de los progenitores no es la esperada.
Los protocolos convierten al profesorado en policías de género. El 100% de los protocolos analizados exige /espera del profesorado que observe al alumnado del centro y comunique a la dirección aquellos casos en los que crea identificar a un alumno/ alumna como “trans”. En el 100% no es necesario que el menor o sus progenitores hayan comunicado al centro una supuesta situación de disforia.
Un 46% de los protocolos obliga al profesorado a usar materiales educativos o documentación de apoyo con ideología transgenerista incluso aunque contengan términos no científicos como “sexo sentido” o “sexo asignado al nacer” (concepto que usan todos los protocolos) o términos como “personas gestantes” o “personas menstruantes” para sustituir la palabra mujer. En un 54% de los protocolos se prevén medidas disciplinarias para el personal docente y no docente en caso de no colaborar en reafirmar la disforia no certificada.
por profesionales cualificados de un o una menor.
El tema entra en campaña electoral
Ante lo alarmante de los datos recabados y analizados en todas las CC.AA. la Alianza contra el Borrado de las Mujeres reclama a las candidaturas que se presentan a las Elecciones Autonómicas del 28 de mayo un compromiso claro para modificar lo que considera “protocolos que desprotegen a los menores y cuestionan las obligaciones de padres y madres de velar por el bienestar de sus hijos e hijas”.
En este sentido recuerdan que “el informe pretende dar a conocer una realidad que se ha venido fraguando sin que la mayoría de los progenitores sean conocedores de los contenidos “educativos” que las organizaciones transactivistas imparten en las aulas enfocados a condicionar el libre desarrollo de la personalidad de los menores.
La implosión de casos de menores “trans” comienza a ser relevante tras años de introducir en las aulas y en las redes sociales la idea de que el sexo de las personas es elegible, abriendo la puerta a la medicalización de por vida y la mutilación quirúrgica irreversible en menores cuando la mayoría de las veces tan solo se enfrentan a desarreglos vinculados con la pubertad. Mientras, aparentemente, se pretende dejar atrás el uso de “terapias de conversión”, se dan más facilidades para que los y las menores sean conducidos a ellas.
La Alianza CBM remitirá el análisis de los protocolos a todas las candidaturas y solicitará entrevistas con candidatos y candidatas; analizará sus programas electorales y hará un llamamiento a no votar ninguna candidatura que no se comprometa con la protección de las y los menores de edad, una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución. Contra Borrado ha indicado que “es inaplazable la revisión completa de los Protocolos para eliminar todos los elementos perjudiciales para la infancia y adolescencia y el establecimiento de criterios garantistas que no aboquen a las y los menores a tomar decisiones injustificadas”.
Algunas reclamaciones urgentes
Las feministas también han reclamado trasparencia a las administraciones y a los centros educativos y solicitan la creación de un Registro Estatal y Autonómico que recopile datos para un Informe público anual sobre esta casuística, con indicadores que permitan evaluar el impacto social de las políticas transgeneristas en escuelas e institutos.
A los centros educativos les piden “la incorporación documentada de la opinión profesional cualificada antes de que el centro se precipite a dar pasos hacia una transición social que conduce a las transiciones médicas y quirúrgicas irreversibles”.
Igualmente, considera de máxima urgencia suspender la difusión de contenidos educativos contrarios a la realidad material e impedir la promoción de teorías sexistas contrarias a los principios de la coeducación para la igualdad. Así mismo, exigen prohibir las derivaciones desde los centros escolares a las asociaciones transactivistas que inducen a las terapias afirmativas entre los y las menores de edad.
