En los años sesenta, fueron los pantanos, hoy vuelven a exigirse a las poblaciones de la zona norte de Huesca que sacrifiquen sus campos y sus modos de vida para producir energía para las grandes urbes. Ahora, son las macrogranjas solares las que amenazan con anegar los campos y ser motivo de nuevos éxodos. Mucho se habla de la España vaciada y de la creación de oportunidades es zonas especialmente sensibles y despobladas pero pocas son las políticas que dan soluciones efectivas.
A la hora de la verdad, grandes fondos acuden a estas zonas donde presumen que van a encontrar poca o nula oposición para la especulación. “Renovables sí pero no así” es el grito de quienes ven en estas nuevas “invasiones” el origen de un renovado empobrecimiento rural. En medio de la crisis energética que vive Europa, temen que de nuevo se les impongan planes para generar electricidad para grandes ciudades.
“Pocas veces se han movilizado así las gentes de la montaña”, resume Carlos Avellana , presidente de la Plataforma en Defensa del Paisaje y la vida del Pirineo (PdePirineo). Esta plataforma se creó hace un año y reúne a las cuatro comarcas del norte de Huesca que se oponen a las macroplantas solares en su territorio. En sus cuentas se apuntan, aún con desconfianza, algunos triunfos. Además del apoyo popular, las recientes modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de los ayuntamientos de Sabiñánigo y Jaca.
Estas reformas adoptadas por los dos mayores consistorios de la zona, se establece una extensión máxima de los macroparques fotovoltaicos. Limita su tamaño a cinco hectáreas de extensión y establece la distancia al núcleo urbano entre 500 y 700 metros. Ahora, las asociaciones presentarán alegaciones, entre ellas que la distancia mínima también se aplique a las vías del tren. “El ferrocarril es un escaparate para quienes llegan o llegarán a esta zona turística y eso también pensamos que hay que protegerlo”, exponen.
La plataforma PdePirineo se mantiene en alerta y más cuando hace solo unas semanas las empresas responsables de los macroproyectos han presentado solicitudes para ampliar las líneas de evacuación y para soterrarlas. “Nos preguntamos para qué quieren la ampliación de estas líneas si no se van a construir los proyectos como estaban planteados (que alcanzaban las 900 hectáreas) –reitera–. No tiene sentido esta ampliación de la soterración si no se va a construir plantas del tamaño incial”.
Zonas excedentarias en renovables
“Históricamente, hemos sido solidarios. Antes eran pantanos, ahora plantas fotovoltaicas, pero que no traen desarrollo riqueza a nuestros pueblos, todo lo contrario, acaban con nuestras formas de vida, con la agricultura, la ganadería y el turismo”, añade este altoaragonés.
Las cifras del consumo de renovables en Huesca y, más en el Pirineo, dibujan un paisaje que razona con números. En Aragón, el 80,12 por ciento de la energía consumida es renovable. Un 62,07 por ciento viene de la hidroeléctrica. En las comarcas sobre las que planean la sombra de las grandes concentraciones de placas fotovoltaicas, se genera el 70 por ciento de la energía que consumen.
La macrogranja planificada ocuparía 900 hectáreas entre las poblaciones de Biescas y las proximidades de Jaca. Se concentraría en alrededor poco más de 10 kilómetros. El impacto en el paisaje, en una zona que tiene en el turismo una gran fuente de ingresos, sería brutal. Sería una de las cinco plantas de mayor tamaño de España. Sobre el plano y en las recreaciones que han hecho en la plataforma, la “mancha” de oscuridad resulta muy predominante, casi brutal en esa llanura de las comarcas del Alto Gállego y la Jacetania, la zona conocida como La Avalancha.
A este impacto, hay que añadir el tendido de muy alta tensión para evacuar la energía. Una autopista de cables y torres que ya festona los campos de la zona. “Esto ni genera riqueza ni fija población”, alegan los opositores al proyecto y solicitan que haya una regulación.
Población supuestamente dócil
“Básicamente, se sigue el mismo modelo: grandes promotoras, independientemente del recurso energético, ya sea sol o viento, buscan un territorio tipo, con escasa población, escasas alternativas socio económicas, con gentes mayores y rentas bajas. Escogen este perfil porque ven que van a tener mayores facilidades. En ayuntamientos pequeños, les ofrecen unos pequeños ingresos con la idea de que dirán que sí. No hay muchas alternativas y su oferta, esperan que sea bien acogida”, expone Sergi Saladié, geógrafo, profesor de la Universidad Rovira i Virgili y especialista en paisaje y modelo energético.
Este especialista relata como las grandes empresas prometen puestos de trabajo, diversificación de la economía e incluso un turismo responsable que acuda por el modelo energético sostenible, que fijará población. “Nada de eso se cumple –advierte. Eso es lo que vendían hace veinte años y continúan vendiéndolo, aunque no sea cierto. En Cataluña se ha comprobado que el 80 por ciento de los pueblos en los que se instaló energía eólica han perdido habitantes. En la Comunidad Valenciana, llega incluso al 90 por ciento”.
A Maximiliano Portaña, ganadero de Baraguás, un pueblecito de 30 habitantes a escasos kilómetros de Jaca, le vinieron a pedir sus tierras. No le convencieron pero a otros conocidos, sí. Si el proyecto sale adelante, a dos kilómetros del pueblo tendría 60 hectáreas con placas fotovoltaicas, un kilómetro más allá, otras 100 hectáreas.
“Ni me gusta el proyecto ni las formas que han tenido de hacerse con las tierras. Se lleva en secreto y han provocado el enfrentamiento entre la gente de aquí, entre los que han firmado y los que no. Hay gente muy arrepentida, que no quiere seguir. Les ofrecen en torno a 1.200 euros al año por hectárea, aparentemente podía parecer mucho recibir esa cantidad sin trabaja, pero no lo es, no supone ni el uno por ciento de lo que reportarán a las eléctricas”.
Este ganadero ha recibido este año el premio a la Biodiversidad otorgado por asociaciones ganaderas de Aragón por la variedad de razas que cría. Él denuncia el desequilibrio del trato, “a cambio lo que se consigue es desestructurar el territorio, la agricultura, la ganadería y dejarnos sin modo de vida”.
“Hay gente mayor que alquiló sus tierras pensando que así arreglaba el futuro de sus hijos y después se han dado cuenta de que se lo han arruinado. No puede ser que la decisión de un centenar obligue a otras 20.000 personas – plantea Avellana–. Hay personas mayores que nos han venido llorando, arrepentidos de haber firmado, los hay que caen en una depresión”. La media de lo que reciben quienes arriendan es de un0s. 8.000 euros al año y se comprometen a unos 25 o 30 años de alquilar”.
Colonialismo energético
“Estos proyectos son invasiones de unas tierras que llevan miles de años dedicados a la agricultura. Con el calentamiento global serán cada vez más necesarias y fértiles para abastecer de alimentos”, lamenta Agustín Montero, de Ecologistas en Acción de Sabiñánigo.
Según este defensor del medioambiente, resulta complicado saber en qué situación están ahora estos macroproyectos. “Las empresas los han troceado para sortear las limitaciones de impacto medioambiental. Los presentan como intervenciones diferentes aunque en realidad están uno pegado al otro. Pero sobre el papel no consta que sea uno de 900 hectáreas, sino múltiples más pequeños. En la práctica, da lo mismo, y además, todos tienen una misma línea de evacuación, a través de las grandes centrales de Sabiñánigo o Biescas”, apunta Montero.
Dos décadas de experiencia han dado a Sergi Saladié una visión clara de lo que supone esta “expoliación” para el territorio y sus habitantes. “Solo se les usan las tierras para sostener físicamente unas infraestructuras que servirán para abastecer a grandes urbes –describe el geógrafo catalán–. Es lo que se ha llamado zonas de sacrificio. Un colonialismo energético basado en la expoliación que responde solo a la lógica del gran capital que permite que se aprovechen recursos naturales en beneficio de económico propio que no revierte en la sociedad ni en el día a día. No favorecen al territorio y viene impuesto, sin que haya una interlocución con los municipios ni sus gentes”.
Este geógrafo añade que hay otros modelos, basados en comunidades locales que dan mejores resultados. “En Alemania o Dinamarca se ha implicado a comunidades locales para que sean quienes hagan las instalaciones. En Alemania caló tanto que el 50 por ciento de las energías renovables viene de estas comunidades”, mantiene Saladié.
El representante de Ecologistas en Acción en la capital de la comarca del Alto Gállego, señala que el gran problema es que el Gobierno de Aragón no tiene una normativa que ordene el caos. “Tendremos que seguir dando batalla para introducir sensatez en la transición energética, no se puede dejar en mano del mercado. Detrás de la solicitud de concesiones hay un proceso especulativo, una burbuja fotovoltaica».
Los activistas coinciden en que no hay capacidad técnica ni económica para construir todo lo que se ha solicitado. «Lo que quieren es, después, crear un oligopolio y vender las licencias”, afirma Montero. En el contexto de cambio climático y crisis energética, es fácil colar estos grandes proyectos, advierten afectados y estudiosos.
