La mutua laboral MC Mutual acaba de dar un mazazo a Irene García, madre de una niña de ocho años con una discapacidad y una enfermedad catalogada como “ultra rara”. Y es que dicha sociedad ha denegado a esta progenitora una prestación económica esgrimiendo, tal y como denuncia Carola López Moya, presidenta del Instituto Magnolia, “una razón tan peregrina como alucinante”. Según dicha directiva MC Mutual considera “que el que la hija de Irene no haya sido ingresada nunca por su enfermedad es sinónimo de no necesitar cuidados directos, permanentes y continuados y por lo tanto no ha lugar la prestación”.
La respuesta de MC Mutual ha causado indignación en Irene García ya que su pequeña de ocho años tiene una enfermedad neurológica genética ultra rara y degenerativa que le produce problemas de movilidad, de vista, del lenguaje, así como paraparesia espástica con ataxia. “Un diagnóstico por el que lleva a su pequeña a un colegio de educación especial donde realiza terapias a diario: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología. Marta además tiene certificado un 68% de discapacidad y un grado III de dependencia, el grado máximo”, añade la presidenta del Instituto Magnolia.
Un subsidio que depende de la Seguridad Social
El difícil día a día de la pequeña animó a esta madre a solicitar a la mutua laboral MC Mutual una prestación por cuidado de menor con enfermedad grave, regulada en el RD 1148/2011. “Esta prestación consiste en que la persona trabajadora puede elegir reducir su jornada hasta un 50% sin pérdida de remuneración. Este subsidio, aunque está gestionado por las mutuas, depende de la Seguridad Social”, recalca López Moya.
La respuesta de MC Mutual fue rotunda. “La Mutua considera que la niña nunca ha sido ingresada por su enfermedad y que no necesitaba los cuidados directos, permanentes y continuados. Por eso la madre interpuso una demanda contra la mutua”.
La denuncia del caso la hace Carola López Moya, presidenta del Instituto Magnolia
Una demanda que ahora una jueza ha desestimado. “Esta respuesta judicial nos parece injusta ya que no se han tenido en cuenta los informes médicos de la niña y dar por ciertos datos erróneos como que su discapacidad acreditada es el 33% y no el 68%, sin considerar que tiene un tratamiento farmacológico paliativo ni su grado de dependencia. Tampoco ha considerado que el único ingreso de la niña derivó de la dificultad que presenta ésta a someterse a tratamientos odontológicos ordinarios debido a su enfermedad”, subraya López Moya.
Una doble injusticia que, para el Instituto Magnolia, asociación que orienta y ayuda a familias con hijas e hijos con discapacidad, acaba poniendo una pesada losa especialmente sobre las mujeres que son quienes cuidan en la gran mayoría de los casos. “Las solicitantes de esta prestación son en su mayoría mujeres: las madres. Quien tiene derecho a ser cuidada en este caso es la pequeña. Creemos que cuando la mutua y el sistema judicial no tienen en cuenta los informes reales de la niña, quien sale perjudicada es la menor y su madre”, añade.
Por eso no dudan en ser el altavoz y el apoyo para esta madre. “Desde la asociación Instituto Magnolia queremos hacer pública la situación de Irene García. El desgaste psicológico al que se exponen las madres de menores con discapacidad por la carga de los cuidados no es apreciado por la sociedad. Pedimos que se nos reconozcan los derechos de los y las menores con discapacidad y sus familias”, finaliza Carola López Moya.
