Independientemente del resultado de los juicios contra Rubiales y Errejón, lo que parece que está claro es que el tema de la violencia contra las mujeres ha adquirido una nueva dimensión política. A partir de ahora no va a ser fácil seguir culpabilizando a las víctimas que denuncian, buscar explicaciones en su comportamiento, responsabilizarlas de haber provocado la agresión, etc. El injustificable interrogatorio al que el juez Adolfo Carretero sometió a Elisa Mouliaá ha hecho comprender a la ciudadanía que no se puede tratar igual a quien denuncia que al denunciado.
Al menos eso es lo que esperamos que suceda, aunque tal y como está el mundo, como ya advirtió Simone de Beauvoir “basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”. Como ella vaticinó, tenemos que estar atentas toda nuestra vida.
Entre los temas de la agenda feminista, la violencia contra las mujeres es uno de los más importantes, aunque no el único. Primero porque es un fenómeno mundial. Segundo porque no solo no decrece, sino que aumenta, incluso a edades cada vez más tempranas, y tanto víctimas como agresores son cada vez más jóvenes. Y tercero porque la ola reaccionaria de la ultraderecha está tratando de convencer de que esa violencia no existe, pese a los contundentes datos que la confirman.
Por citar solo una muestra, El País del 11 de febrero decía que los delitos sexuales han aumentado un 125% en la última década en Cataluña. En 2024 se produjeron 1.742 denuncias por violación. Y según el INE, el número de mujeres víctimas de violencia de género en España aumentó un 12,1% en 2023 hasta las 36.582. Entre ellas 1.816 menores.
1.000 millones
Hace unos días se ha aprobado renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que implica dotarlo de 1.500 millones de euros a repartir en 5 años, e introduce nuevas medidas como la violencia vicaria, la económica o la digital. Es una buena noticia que hay que celebrar. Ahora bien, es importante saber qué eficacia e impacto ha tenido el Pacto de Estado desde que se aprobó en el 2017. Como se recordará, y ya publiqué en Cronica Libre en 2023, el Pacto estaba dotado de 1.000 millones de euros a repartir en los cinco años siguientes. En 2023 se dedicaron 40 millones para las entidades locales. En 2024 se destinaron 160 millones más para las Comunidades Autónomas.
Pese a que la lucha contra la violencia de género ha recibido una importante financiación, no existe información puntual y rigurosa de cómo se han utilizado esos millones, ni de la eficacia que han tenido. Solo existe un informe muy parcial de Evaluación del Pacto de Estado 2018-2022, donde se detallan las medidas que se impulsaron y el grado de cumplimiento, pero no existe una memoria económica sobre el uso que las diferentes administraciones dieron al dinero recibido.
Actividades que no tenían que ver con la violencia contra las mujeres
Y eso es preocupante porque sabemos, como ya quedó demostrado en los artículos de Crónica Libre, que se financiaron actividades que no tenían nada que ver con la violencia contra las mujeres, como charlas de cómicos, talleres sobre nuevas masculinidades, cursillos sobre diversidad sexual, kiki-encuentros y bailes para personas trans, guías sobre educación sexo afectiva, etc.
El Ministerio de Igualdad se travistió de Ministerio LGTBI durante el mandato de Irene Montero, y ha continuado con la actual ministra, Ana Redondo, que también confunde las políticas de igualdad con las de identidad. Si hace falta que se cree un Ministerio de las Sexualidades Disidentes, por ejemplo, con presupuesto propio. Lo que no puede ser es mezclar la violencia contra las mujeres con otros problemas que obedecen a razones, causas y origen diferente. No se puede desvestir a un santo para vestir a otro.
Hace falta una auditoría
Hace falta una auditoria sobre el uso e impacto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Desde 2018 ha habido 364 mujeres asesinadas, un número muy similar al que existía antes del Pacto, y 34 menores han sido víctimas mortales desde 2018 a 2024.
Algo está fallando. Y lo primero que hay que saber es cómo y en qué se ha utilizado el dinero para hacerle frente, y hacer un seguimiento riguroso de la fase actual. La violencia contra las mujeres –en toda su gradación, desde la más leve a la más grave– ha entrado en una nueva dimensión política, y la vergüenza tradicional que la acompañaba ha cambiado de bando. Queremos que las autoridades en general, y el gobierno en particular, hagan algo más que poner tuits o convocar minutos de silencio.
