La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple veinte años desde su histórica aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que marcó un hito en la lucha contra la violencia machista en España, al establecer un marco jurídico sin precedentes en Europa. Dos décadas después, las cifras nos obligan a una reflexión profunda de los logros y desafíos pendientes de la violencia como una cuestión de Estado.
Los datos actuales son contundentes: en 2024, España ha registrado 46 víctimas mortales por violencia machista hasta el 18 de diciembre, elevando la cifra total a 1.291 mujeres asesinadas desde que comenzaron los registros en 2003. La magnitud del problema se refleja en las 529 mujeres que diariamente son víctimas de violencia machista, con una media de 578 denuncias presentadas cada día. Sin embargo, estas cifras son sólo la punta del iceberg de un problema estructural que aún está muy lejos de resolverse, porque las cifras oficiales sólo se refieren a las mujeres agredidas o asesinadas por sus parejas o exparejas.
Según los datos de Feminicidio.net, el número de asesinadas este año asciende a 91 mujeres por parte de hombres con los que no tenían una relación de pareja. Igualmente, según datos oficiales, los menores asesinados por violencia vicaria ascienden a 9 en 2024, que hacen un total 62 desde 2013, cuando se empezaron a llevar registros. Y el número de menores huérfanos por violencia machista asciende a 30, que suma 463 desde 2013. Además, más de un millón y medio de menores viven en contextos de violencia machista en sus hogares.
Según señala el Poder Judicial, la respuesta judicial es eficaz: el 82,8% de las sentencias resultan en condena, con especial efectividad en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, donde se alcanza un 94% de condenas. Las Audiencias Provinciales mantienen un 81,1% de sentencias condenatorias, mientras que los Juzgados de lo Penal registran un 67,9%. Pero los resultados son insuficientes, si tenemos en cuenta el goteo de feminicidios.
Hasta noviembre de 2024, había 101.093 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género inscritas en VioGén, de las que 1.269 son adolescentes entre 14 y 17 años, que viven con protección policial para evitar que puedan ser agredidas por su maltratadores.
Análisis de los avances de la Ley contra la Violencia de Género
Desde su aprobación, la Ley ha ido transformando el abordaje de este problema, sentando las bases para avanzar en la erradicación de la violencia machista como un mal estructural de nuestra sociedad patriarcal aún vigente.
1. La violencia machista es un problema social, no privado
Uno de los principales logros de la ley ha sido el reconocimiento público de la violencia de género como un problema social y estructural, lo que ha generado un cambio significativo en la manera de responder a esta problemática. La normativa ha articulado una serie de medidas integrales que incluyen:
- Redes de atención a las víctimas: Ofrecen apoyo psicosocial, jurídico, económico y ciertas medidas para promover la inserción laboral, favorecer la autonomía de las víctimas para su integración en la sociedad como supervivientes.
- Sistema de protección VioGén: Permite un seguimiento y prevención más efectiva de las situaciones de riesgo de las víctimas.
2. Estructura Judicial Especializada
La creación de un sistema judicial especializado ha mejorado notablemente el tratamiento de los casos de violencia de género, permitiendo una mayor eficacia en su resolución. Actualmente, el sistema cuenta con:
- 108 juzgados de Violencia sobre la Mujer.
- 32 juzgados de lo Penal especializados.
- 350 juzgados con competencias en esta materia.
- El impacto de esta especialización se refleja en un 94% de sentencias condenatorias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, evidenciando cierta efectividad de este modelo judicial.
3. Visibilización y Denuncia
El aumento exponencial en el número de denuncias es otro indicador de los avances alcanzados. En 2001 se registraron 24.000 denuncias, cifra que aumentó a 199.000 en 2023, reflejando una mayor confianza de las mujeres en el sistema judicial y una creciente concienciación social sobre esta cuestión.
4. Protección de Menores
Uno de los aspectos más destacables de la ley ha sido el reconocimiento de los menores como víctimas directas de la violencia de género. Esta perspectiva ha permitido incluirlos dentro de las medidas de protección, visibilizando los impactos devastadores que la violencia tiene sobre las niñas y los niños. No obstante, las cifras relacionadas con los menores afectados siguen siendo alarmantes, lo que exige una mayor atención y refuerzo de la protección.
Desafíos pendientes de la Ley de Violencia Machista en España
Los datos actuales reflejan que este instrumento legal, aunque fundamental, es insuficiente para garantizar una sociedad libre de violencia contra las mujeres.
1. El Impacto Económico de la Violencia de Género
En 2022, el coste económico derivado de la violencia de género y sexual en España alcanzó los casi cinco mil millones de euros, lo que representa el 0,37% del PIB nacional. Este dato no sólo ilustra el impacto financiero de esta problemática, sino que también pone de manifiesto el fiasco de su gestión, urgiendo una actuación eficiente y estratégica de los recursos asignados a la prevención, protección y atención a las víctimas, especialmente de los fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
2. Insuficiencia de las Medidas Preventivas
A pesar de los avances en la protección y la respuesta judicial, la aún alta incidencia de víctimas y denuncias demuestra que las políticas públicas actuales no han logrado prevenir eficazmente la violencia machista. Las cifras reflejan una persistente reproducción de patrones culturales que perpetúan las desigualdades, el control sobre las mujeres y el aumento del machismo y el negacionismo de la violencia contra mujeres y niñas. Según la encuesta del CIS, en España el 44,1% de los hombres cree que «se ha llegado tan lejos» en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se les «está discriminando».
3. Justicia Juvenil y Reproducción de Violencia
El aumento de menores agresores es particularmente alarmante, como señala el Poder Judicial al decir que “entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 95 menores de edad”. Este fenómeno destaca la urgente necesidad de intervenciones educativas específicas y campañas de sensibilización dirigidas a las nuevas generaciones, y la implementación efectiva de la coeducación en todas las etapas educativas, como medida fundamental para combatir la violencia.
4. Propuestas para un Futuro Libre de Violencia Machista
a. Actualización Normativa. Es imperativo incorporar al marco legal nuevas formas de violencia, como: violencia institucional, digital, económica, mediática, obstétrica, etc.
b. Optimización de Recursos. La inversión debe centrarse en estrategias efectivas, como:
- Auditar los fondos del Estado destinados a combatir la violencia machista, especialmente los del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, e imponer sanciones a los responsables de los entes públicos que desvían sus fondos para fines ajenos a la protección de las víctimas.
- Ampliar los programas de apoyo psicológico para víctimas y agresores en proceso de reinserción. Mejorarlas dotaciones presupuestarias para proporcionar refugio a las víctimas y sus hijas e hijas, y fortalecer los mecanismos sociales de protección de las víctimas cara a promover su autonomía y mejorar su empleabilidad.
- Implementar campañas de sensibilización y concienciación ciudadana, una educación temprana en igualdad y contra la violencia de género y sexual en el currículo educativo desde la infancia.
c. Formación Especializada
Mejorar la formación continua y especializada para los profesionales que intervienen en casos de violencia de género es fundamental:
- Sistema judicial: Garantizar una capacitación integral en perspectiva de género para jueces y fiscales y demás profesionales de la materia.
- Fuerzas policiales: Actualizar protocolos de actuación y adaptarlos a las nuevas formas de violencia.
- Sistema educativo: Formar a docentes en detección temprana y manejo de situaciones de violencia en el entorno escolar.
d. Derogación de la Ley Trans
La mal llamada Ley Trans, que permite a los varones la autodeterminación del sexo registral sin requisitos ni controles, representa un obstáculo para la eficacia de la Ley de Violencia de Género. Este marco legislativo diluye la categoría jurídica del «sexo», base esencial para la construcción de derechos específicos de las mujeres. La posibilidad de que hombres se identifiquen legalmente como mujeres entorpece la protección, el ejercicio de los derechos y las políticas diseñadas para fomentar la igualdad y erradicar la violencia machista.
Más allá del marco legal
Aunque la Ley de Violencia de Género ha marcado un antes y un después en la protección de las mujeres en España, las cifras de víctimas mortales y denuncias diarias reflejan que el problema trasciende el ámbito legal. Es necesaria una transformación social profunda que ataque las raíces de la violencia: el patriarcado. La prevención, la educación en igualdad y la gestión eficiente de los recursos deben ser las prioridades del Estado y sus servidores. Sólo así podremos aspirar a construir una sociedad en la que las mujeres y niñas vivamos libres de violencia y en pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades.
