Se trata de quienes fueron las autoridades en 2016 de la ciudad de Berazategui, en Buenos Aires, que lleva gobernada desde 1987 por el padre del principal acusado. Un médico realizó la denuncia tras producirse un brote de gastroenterocolitis. Hay otra causa por “encubrimiento”.
Por Eliana Paniagua (Argentina)
Entre el 4 y el 20 de abril de 2016 se detectaron en Berazategui 1186 casos de diarrea y cuadros compatibles con gastroenterocolitis. A raíz del brote, funcionó en la localidad un Comité de Crisis comandado por el médico epidemiólogo del Ministerio de Salud Provincial Daniel Insua. El profesional declaró dos cuestiones importantes en la causa: que se tomaron muestras de agua en las escuelas que resultaron “no ser aptas para el consumo”; y que “pese a los reiterados pedidos efectuados, el municipio no facilitó los mapas de ubicación de los pozos de extracción de agua y de trazado de la red”. Debieron cerrar todas las escuelas del distrito.
En los primeros pasos de la investigación, hubo dos informes con resultados tajantes. El primero fue de los peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que indicaron que el agua que el municipio de Berazategui brinda a sus habitantes contiene “arsénico y nitrato en altas concentraciones”, entre otros contaminantes, y “no es apta para el consumo”. El segundo estuvo a cargo de los profesionales de Delitos Ambientales de la Policía Federal remarcó que el agua tiene “olor, color, arsénico, nitrato, coliformes totales y fecales, nitrato, teracloruro de carbono, cloruro y cloro libre (…) por fuera de los parámetros permisibles”.
Padre e intendente
Desde 1987 -y en la actualidad- gobierna la ciudad un médico de origen peronista: Juan José Mussi (81) que también pasó por el Ministerio de Salud provincial -las acusaciones políticas sobre su gestión en los ’90 indicaron que dejó una deuda de 240 millones de pesos con la obra social provincial y el doble en la cobertura de salud de los jubilados- y la Secretaría de Medioambiente de la Nación donde, en 2016, se llevó un procesamiento por “negociaciones incompatibles con la función pública» por el presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a tareas de saneamiento del Riachuelo. También fue elevada a juicio en 2018 otra causa por “abuso de autoridad” por supuestamente vulnerar la ley de glaciares. Durante el período 2010-2019 la intendencia estuvo a cargo su hijo, Juan Patricio Mussi y su otra hija, Mariel, ocupó el cargo de secretaria de Salud.
La investigación
La causa lleva el número 11455/2016 y el delito es “Envenenamiento o Adulteración de Aguas, Medicinas o Alimentos” bajo el registro de la Secretaría Penal 2 del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella. Se inició a través de la denuncia del médico y ex presidente de la UCR de Berazategui, Jorge Naddaf y la justicia aceptó como amicus curiae -una figura que permite aportar voluntariamente información pese a no ser parte del proceso-, a la ex diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y a la diputada Mónica Frade.
En principio, los imputados fueron: el intendente Juan Patricio Mussi (45); el ex y actual secretario de Obras Públicas Carlos Balor; la secretaria de Salud Pública e Higiene, Mariel Mussi, Marcelo Sieczka, subsecretario de Inspecciones, Habilitaciones, Comercio y Bromatología municipal; el bioquímico Oscar Deina, subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Ricardo David Giuglio Coordinador General de Servicios Sanitarios; y Darío Iezzi, secretario de Obras y Servicios Públicos.
Mussi, Balor, Deina, Giuglio y Iezzi son quienes se enfrentarán al juicio oral. Sieczka y Mariel Mussi recibieron la falta de mérito quedando fuera del radar de la justicia. Presidirán el debate los jueces José Antonio Michilini y Andrés Fabián Basso, del Tribunal Oral Federa 1 de La Plata.
Pese al procesamiento y elevarse la causa a juicio oral, Deina fue nombrado como segundo vocal de la Autoridad del Agua, de la Dirección Provincial de planes hídricos, monitoreo y alerta en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los funcionarios están acusados de “haber distribuido, conforme el alcance de su competencia y la autoridad que por su cargo le corresponde, aguas peligrosas para la salud, como si fuera potable, disimulando su carácter nocivo, toda vez que, al menos entre los días 4 y 20 de abril de 2016, se determinó que en el partido de Berazategui gran cantidad de personas resultaron afectadas en su salud, a raíz de la propagación del brote de gastroenterocolitis como consecuencia de que los pozos de extracción de agua para consumo humano que proveen la red domiciliaria del municipio, se encontraban contaminados y sin sistema de cloración. En alguno de ellos, se constató presencia de coliformes totales y coliformes termoresistentes (coliformes fecales)”.
Pena de entre 3 y 10 años de prisión
El delito por el que están procesados tiene una pena de entre 3 y 10 años de prisión y está especificado en el artículo 201 del Código Penal Argentino: «suministro de aguas potables peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo».
El agua de Berazategui
El servicio de distribución de agua potable de red a los domicilios, es prestado por la Municipalidad de Berazategui a través de “pozos”, por el que se cobra una “Tasa por Servicios Sanitarios”. Para la justicia no hay otro responsable. Desde 2016 y hasta la actualidad la mayoría de los vecinos y en escuelas privadas compran bidones de agua potable.
La ordenanza que creó el servicio en 2014 prometió: garantizar la calidad, regularidad y continuidad del servicio público de agua potable y desagües cloacales; garantizar la operación y mantenimiento de los servicios que actualmente se prestan y los que se incorporen en el futuro, en un todo de acuerdo con los niveles de calidad y eficiencia; y proteger la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente. El agua, denuncian los vecinos, sigue faltando en la actualidad y lo de la protección de salud pública la justicia descubrió que tampoco se cumplió.
Surge de la investigación que Mussi fue advertido de una anomalía en el agua, que era calificada como “mala” por organismos provinciales y que incluso el laboratorio bromatológico de su municipio, a principios de 2016, encontró 127 muestras contaminadas, sin embargo él, como autoridad máxima, no actuó.
A partir de este descubrimiento, se realizó una denuncia: “Hay otra causa que radiqué a partir de esta por ‘encubrimiento agravado’ porque de uno de los allanamientos a la municipalidad se descubrió que había muestras de agua en Bromatología donde surgía que estaba contaminada y ocultaron ese informe. Ellos supieron todo el tiempo lo que estaba pasando y que, a falta de una, fue avalado por dos pericias que detectaron la contaminación del agua en algunos pozos”, explicó la diputada Frade a Crónica Libre.
Los acusados son funcionarios
Los jueces Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que resolvieron la apelación de los procesados, aseveraron que “disimularon su carácter potencialmente nocivo, al distribuirla sin realizar ninguna aclaración, advertencia o recomendación a los consumidores previa a la declaración del brote de diarrea y gastroenterocolitis. Hay que considerar además que los investigados no son solo ciudadanos sino funcionarios públicos ocupando cargos de decisión relevantes, es decir, personas que se postulan para cumplir funciones públicas de gobierno y gestionar los intereses de la comunidad”.
Los mismos magistrados encontraron probada “la relación existente entre la contaminación del agua y el brote de diarrea y gastroenterocolitis que se desarrolló en abril de 2016, en el partido de Berazategui. Lo expuesto muestra que el peligro concreto no sólo existió, sino que se materializó afectando y menoscabando o deteriorando la salud en los habitantes de ese partido”.
Dos muertes
En medio del brote se conoció la lamentable noticia de la muerte de dos chicos en edad escolar, sin embargo, la justicia no probó su vinculación con la responsabilidad de las autoridades: “En relación a las muertes de las dos personas menores de edad que se indicaron en la denuncia y sobre las que se agregó información a lo largo del expediente (…) no se afirmó que existiese causalidad entre el brote provocado por la baja potabilidad del agua y esos decesos”.
