La investigación de Crónica Libre desveló en exclusiva que no existía el informe en el que se basaba la denuncia de la causa Astapa, operación de la UDEF y Anticorrupción que llevó a la caída del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y a la detención del alcalde del PSOE, Antonio Barrientos. Los concejales denunciantes fueron a la Policía de la mano del entonces inspector jefe Villarejo, que junto al jefe de la Unidad, el comisario Olivera y un grupo de agentes de su confianza modificaron informes al gusto del ‘consumidor’ que se les acercaba, de entre casi un centenar de imputados.
Crónica Libre mostró en exclusiva un certificado de la empresa CODELSA que garantizaba que el Informe CODELSA, citado por el concejal socialista David Valadez en su denuncia contra su compañero de partido Antonio Barrientos, nunca existió. Ese informe venía a demostrar que el Ayuntamiento hacía ver que perdía dinero cuando en realidad, esta empresa experta en el sector hablaba de pingües beneficios para el consistorio. Era un ejemplo más de como el alcalde del PSOE y el Partido de Estepona tenían una Caja A, una Caja B y hasta una Caja C que es con la que financiarían a sus partidos o se enriquecerían ellos mismos.
Seguimientos al alcalde con José Bono
De hecho, un semanario amigo del policía José Manuel Villarejo llegó a publicar los seguimientos que se habían hecho al alcalde con el entonces ministro de Defensa, José Bono, que debía ser el encargado de recoger para el partido esos fondos de la Caja C.
Toda la causa Astapa pivotaba sobre ese informe teóricamente encargado por el denunciante y posterior alcalde tras la detención de Barrientos, David Valadez, que afirmaba que los convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Estepona se habían realizado con unas minusvalías de más de 20 millones de euros, según los entrecomillados que tanto la UDEF como Fiscalía Anticorrupción y Valadez extraen del denominado Informe Codelsa, que además de no haber sido realizado por Codelsa ni siquiera consta físicamente en el sumario… Es decir, no se sabe de dónde extrajeron los entrecomillados, puesto que ni existe ni consta aunque sea un documento falsificado que diga eso.
Sorprendentemente, este inexistente informe fue dado por bueno por la UDEF, en concreto por el inspector Miguel Ángel Cuevas Berlinche, por el fiscal Juan Carlos López Caballero y la Jueza de instrucción para basar la investigación contra el alcalde del momento Antonio Barrientos y otras 50 personas más.
Sin indicios para hacer escuchas
Ahora, en un auto de brutal contundencia en el que dirime las cuestiones previas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga considera que no existían los más mínimos indicios que pudieran justificar las escuchas o pinchazos telefónicos sobre los que se basó la posterior detención e instrucción de más de 16 años.
Las palabras exactas que utilizan los magistrados son las siguientes, que las reproducimos por su crudeza y claridad: «nuestra conclusión es que a partir de los documentos que acabamos de analizar en detalle no se aportaba indicio alguno que pudiera considerarse suficiente como para ordenar una escucha que avalara la premisa que hemos dicho ya en repetidas ocasiones sustentaba, en realidad, todo este sistema de las “tres cajas”, en cuanto que si no se podía constatar, a partir de un mínimamente sólido soporte científico, que existieron, efectivamente, infravaloraciones, dicho sistema, tal y como venía explicado en la denuncia«.
Y con esta lapidaría frase, la Sala anula todas las escuchas telefónicas sobre las que se sustentaba el caso y los posteriores informes de la UDEF dejando, efectivamente, la causa Astapa herida de muerte.
Los magistrados definen como «algo» al informe Codelsa
Pero, es más, el auto analiza en detalle los que viene a denominar los papeles de CODELSA, porque su inexistencia no quedaba ahí. El supuesto informe con el que comenzaba la causa no existía, pero esto ya lo sabían denunciante, UDEF y fiscal, por lo que, con la causa ya iniciada intentaron arreglar este vicio de nulidad mediante la aportación de “algo” (que entrecomillamos por su definición casi cómica), que vienen a llamar los “papeles de CODELSA”, que no son más que una serie de hojas sin firma ni membrete donde aparecen unos números de las supuestas valoraciones de los convenios.
Sobre ello, los magistrados emiten la siguiente opinión: «Este dato nos parece suficientemente contundente, sin perjuicio de que a ello debamos añadir las consideramos antes expuestas, y de que vamos a comentar todos los documentos que hemos denominado “papeles Codelsa”, como para no considerar precisos mayores argumentos, en orden a concluir que en absoluto se puede considerar que se aportara a la Juez Instructora nada que pudiera definirse como un indicio mínimamente serio que sustentara la afirmación que hemos definido ya constituye la base de todo el edificio que conforma la denuncia, esto es, que en ocasiones en el Ayuntamiento de Estepona se hacían con ocasión de suscribirse Convenios urbanísticos valoraciones deliberadamente bajas«.
16 años de chantaje procesal
Resulta que, en 16 años de instrucción, parece que ni Juez ni fiscal ni UDEF se percataron de la inexistencia de los papeles y que no constituían un indicio ni minimamente serio para sustentar la investigación.
Sin embargo, como también destapamos mediante un audio, en ese tiempo muchas personas recurrieron a Villarejo a través de su hermano Pedro, cura de Estepona, para entrar en contacto con el policía y que este les llevara a la UDEF, a la fuente, para aliviar o anular lo que los agentes escribían de ellos en los informes. «Algunas de esas personas quedaron sobreseídas, mientras los que no pasamos por el aro aquí seguimos», cuenta uno de los acusados a Crónica Libre.
Lo cierto es que además Villarejo tenía sus propios intereses urbanísticos en Estepona, el edificio el Mirador de la Cala, una clínica de salud, entre otros negocios, cuyas licencias no conseguía con Antonio Barrientos y que obtuvo nada más llegar David Valadez al Ayuntamiento tras estallar Astapa. El policía le colocó además al gerente de urbanismo, que mandaba a resolver los problemas a las oficinas del comisario en Torre Picasso y que además después fue socio y administrador único de una de sus empresas.
Y a pesar de todo y de que su socio de Estepona fue detenido también en noviembre de 2017 al estallar Tándem, el juez Manuel García Castellón y el Fiscal Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón siguen sin tener mucho interés de llegar al fondo del verdadero negocio que se hizo gracias a la UDEF.
