Desde 2018 los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida que entrega al Ministerio de Igualdad para que este organismo la reparta entre los ayuntamientos con la finalidad de desarrollar proyectos o actividades encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, un 36% de las entidades locales que reciben estas partidas no ejecutan o no justifican debidamente estos fondos.
A pesar de las alarmantes cifras de asesinatos registradas, especialmente al término del año 2022 y durante el primer mes de 2023, más de un tercio de los ayuntamientos mantienen remanentes desde 2020. Llamativos son los datos que arrojan algunas comunidades autónomas como Baleares (73%), La Rioja (63%), Castilla La Mancha (52%), Cataluña (46%) o Madrid (46%), porcentajes que indican la cantidad dineraria a la que se ha dado un uso parcial o, simplemente, no se han destinado a ninguna actividad dirigida a luchar contra la violencia machista y permanecen como remanentes desde 2020.
Si bien desde 2018 -el primer año que los Presupuestos Generales del Estado destinaron una partida presupuestaria a este fin- hasta 2020 se incluyó a los municipios del País Vasco, a partir de esta fecha las entidades locales de esta comunidad autónoma recibieron las cantidades asignadas a la misma a través de las tres diputaciones forales, unos fondos detraídos del cupo que el Gobierno vasco reembolsa al Gobierno central en concepto de competencias no transferidas. Así, el reparto de los fondos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para su entrega a los ayuntamientos se realizó los años 2018 y 2019 a 8.124 municipios y, a partir de 2020 a un total de 7.880 más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La cuantía global entregada, en un pago único, a las entidades locales se fijó en los años 2018, 2019 y 2020 en 20 millones de euros pero una Resolución del 8 de septiembre de 2021 elevó para este ejercicio la cantidad a 40 millones de euros como consecuencia de “la situación de repunte de la violencia de género más extrema en los dos últimos meses, coincidiendo con la finalización de algunas de las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19”, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado. El período de ejecución quedó comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. Esta cifra se mantuvo para 2022 cuyas cuantías tendrán un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023.
Compromiso municipal
Un total de 2.832 municipios de los 7.880 (excluidos los correspondientes al País Vasco), lo que representa un total del 36%, no han empleado la totalidad de los fondos asignados en el reparto o no los han justificado según los requerimientos establecidos por el Ministerio de Igualdad desde 2020 hasta 2022. A esta cifra hay que sumar la ciudad autónoma de Melilla que acumula un remanente del 25% de su asignación para el mismo periodo. Sin embargo, ni todos dejan de ejecutar o justificar debidamente el 100% de los fondos recibidos ni presentan las mismas características en cuanto a las dimensiones de los territorios. Un alto porcentaje corresponde a ayuntamientos con cifras de población pequeñas que reciben entre 1.500 y 3.000 euros cuyos remanentes se sitúan, principalmente, entre el 50% y el 100%.
Comunidades autónomas como Castilla León, Castilla La Mancha y Cataluña concentran en este tramo la mayor parte debido al elevado número de núcleos de población con pocos habitantes. La misma dinámica se observa en La Rioja donde, de los 174 municipios que la componen, sólo cinco reciben transferencias del Ministerio de Igualdad por encima de los 3.000 euros y, de los 169 restantes, 80 no hacen uso de ellas o presentan deficiencias en su aplicación en el tramo comprendido entre el 50% y el 100% de los fondos. Sin embargo, es Baleares la comunidad que presenta las peores cifras ya que, de un total de 67 municipios -21 de ellos con transferencias menores de 3.000 euros- un 61% de ayuntamientos (49) cuentan aún con remanentes del año 2020, bien porque no han empleado los fondos transferidos a sus cuentas o porque presentan deficiencias en la explicación del uso dado.
Sin embargo, el dato referido a los núcleos de población pequeños no explicaría, por sí solo, la proliferación de entidades locales que no encuentran una finalidad parcial o total para estas entregas dinerarias. Municipios como Sabadell (Barcelona), con 215.000 habitantes, acumula un remanente de 38.476 euros (34%) desde 2020. En la misma situación se encuentra Leganés (Madrid), con 186.000 habitantes, que mantiene 37.148 euros desde la misma fecha. Se trata de fondos no empleados o con deficiencias en la ejecución que los informes del Ministerio explican por los amplios presupuestos de estos municipios que ya tienen planes propios y, a pesar de extenderlos con las transferencias del Estado, no logran encontrar una utilidad a estas partidas.
En el lado opuesto de la tabla, es decir, con una respuesta más favorable a la organización de actividades o proyectos dirigidos a combatir la violencia machista se encuentran las comunidades de Canarias, Andalucía, Asturias y Extremadura con porcentajes de remanentes del 25% para las dos primeras y 27% para las siguientes, así como la ciudad autónoma de Melilla que acumula un 25% de los fondos pendientes de ejecutar o justificar. Por su parte, Ceuta ha ejecutado el 100% de los fondos. El elevado número de municipios con pocos habitantes que explicaría la falta de recursos para emprender acciones englobadas en los ejes propuestos por el Ministerio de Igualdad para la lucha contra la violencia sobre las mujeres en las comunidades que presentan peores resultados parece no ser un obstáculo en otras que reúnen las mismas características. Andalucía y, especialmente, Extremadura cuentan con un gran número de municipios que reciben transferencias entre los 1.500 y los 3.000 euros a las que han encontrado acomodo en las líneas de actuación del Pacto de Estado.
En datos globales, los porcentajes de los remanentes en las dieciséis comunidades autónomas que han recibido fondos del Pacto de Estado (excepto el País Vasco) y las dos ciudades autónomas son los siguientes: Baleares (73%), La Rioja (63%), Castilla La Mancha (52%), Cataluña (46%), Madrid (46%), Cantabria (38%), Navarra (36%), Valencia (35%), Galicia (31%), Castilla León (30%), Aragón (30%), Murcia (29%), Extremadura (27%), Asturias (27%), Andalucía (25%), Canarias (25%), Melilla (25%) y Ceuta (0%).
Sin informes desde 2020
La página web del Pacto de Estado contra la violencia contiene informes finales de impacto que recogen la aplicación de los fondos destinados a las entidades locales, la ejecución de los mismos y los ejes de actuación a los que se han adherido iniciativas, programas y proyectos con su valoración durante los años 2018, 2019 y 2020 pero no concretan las actividades de cada ente local sino datos globales que no permiten evaluar el impacto de cada medida. En estos ejercicios, la responsabilidad de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género recayó, hasta el 15 de enero de 2020, en Soledad Murillo (PSOE). Desde el 31 de enero de 2020 hasta la actualidad, Noelia Vera y Ángela Rodríguez, ambas de Podemos, se han colocado al frente de este organismo, la primera hasta el 12 de octubre de 2021 y la segunda desde la dimisión de Vera hasta la actualidad. Desde 2020 la web del Pacto de Estado no ha publicado ningún informe de ejecución.
La información disponible en la web del Pacto de Estado señala que se ha detectado una leve mejoría en lo que a la ejecución parcial o total de los fondos se refiere. Si en 2018 el 44% de los municipios no encontraba un destino finalista para el dinero entregado desde el Ministerio, esta cifra bajó en seis puntos en los años 2019 y 2020, ejercicios en los que se situó en el 38%. En el otro extremo, el porcentaje de ejecución total de las partidas presupuestarias con su importe exacto se situó en 2018 en el 25% de las entidades locales y se elevo en los años 2019 y 2020 al 55% y 56,4%, respectivamente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que a partir de 2020 los municipios del País Vasco gestionan sus fondos de manera independiente por lo que no están incluidos en estos porcentajes y el cómputo global de estas cifras podría sufrir variaciones.
La ausencia del informe correspondiente a 2021 no permite establecer una evolución de la utilización de los fondos ya que no existe información pública sobre los mismos y sólo puede realizarse una aproximación a partir de las entregas efectuadas a los ayuntamientos en 2022 de los que hay que detraer los remanentes del ejercicio 2020. Estos remantes son fondos entregados que no han sido ejecutados total o parcialmente o, en su caso, cantidades dinerarias que no han sido justificadas convenientemente que se restan, ejercicio tras ejercicio, hasta que se aporten los informes correspondientes a su aplicación o se destinen a proyectos y actividades.
Por otra parte, más allá de las cuantías fijadas para cada municipio y los remanentes disponibles no existe ningún informe sobre los proyectos o actividades concretas a las que cada ayuntamiento ha destinado estas partidas y su inclusión en las justificaciones depende del criterio de las secretarias y los secretarios de cada entidad local que, en ocasiones, rechazan la inclusión de ciertos conceptos por no tener encaje en los ejes del Pacto de Estado y se niegan a firmar las justificaciones. Los informes de las secretarías de los ayuntamientos son preceptivos para avalar la ejecución de las partidas.
Quejas de los ayuntamientos
El Pacto de Estado contra la Violencia sobre las mujeres contempla la distribución de 100 millones de euros entre los ayuntamientos de toda España y por un periodo de cinco años para el desarrollo de actividades contempladas en los diez ejes de actuaciones definidos en este acuerdo que inciden en los ámbitos de la sensibilización y prevención (Eje 1), mejora de la respuesta institucional (Eje 2), perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas (Eje 3), asistencia y protección de los menores (Eje 4), impulso a la formación de los distintos agentes (Eje 5), seguimiento estadístico (Eje 6), recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones (Eje 7), visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres (Eje 8), compromiso económico (Eje 9) y seguimiento del pacto (Eje 10).
A pesar de la amplitud de campos en los que se puede trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres, los informes de seguimiento hechos públicos hasta el momento indican que entre el 90% y el 80% de los proyectos o acciones diseñadas por las entidades locales se encuadran en el Eje 1. En los datos del informe correspondiente a 2019 se observa que los municipios comienzan a valorar otras líneas de actuación situadas en los Ejes 2, 3 y 8, tendencia que se mantiene en 2020 con porcentajes que se sitúan entre 9,8% y el 3% de los proyectos. Al no estar publicado el informe correspondiente al 2021 es imposible seguir esta evolución.
A través de los canales de atención y consulta dispuestos por el Ministerio de Igualdad para el seguimiento de las actuaciones del Pacto, los ayuntamientos manifestaron en 2019 que la situación de pandemia producida por el COVID19 “les imposibilitó realizar actuaciones con los fondos transferidos”, explicación que podría responder a la elevada cifra, 81,6%, de municipios que no habían enviado justificaciones después de no haber ejecutado los fondos parcial o totalmente. En 2020, las quejas de los ayuntamientos se centraron en las fechas de ejecución de los proyectos y solicitaron que estas coincidan con el año natural para evitar así la confusión contable que se desprende de que abarquen periodos que comprenden meses de ejercicios diferentes. También en 2020 los ayuntamientos manifestaron la necesidad de contar con un dossier de actividades detalladas para realizar con los fondos otorgados, se quejaron de la falta de equipos especializados en sus territorios para el desarrollo de las actuaciones relacionadas con el Pacto de Estado y la confusión y poca practicidad del texto que contiene los ejes y medidas a implementar.
