Con la excusa de que mediante Tiktok las autoridades chinas pueden estar recopilando información de 150 millones de usuarios estadounidenses, un proyecto de ley estudia la prohibición en Estados Unidos de usar tecnologías de la información y comunicación de países considerados adversarios. Sin ningún control judicial, se establecen sanciones de 20 años de prisión y hasta un millón de dólares. Los críticos ya la han calificado como la Ley Patriota 2.0, en recuerdo de aquella ley que arrasó con los derechos civiles por la guerra contra el terrorismo.
Aunque la información se ha centrado en la prohibición de Tiktok, la llamada Ley Restrict (S. 686) es un proyecto de ley presentado el pasado marzo en el Senado de Estados Unidos que va mucho más allá. Propone que se otorgue al Secretario de Comercio el poder de revisar las transacciones comerciales que involucren ciertos productos o servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones cuando estén conectados a un «adversario extranjero» de los Estados Unidos, y representen un » riesgo indebido e inaceptable» para la seguridad nacional de los Estados Unidos o sus ciudadanos.
150 millones de usuarios
La coartada original es que el uso de Tiktok por más de 150 millones de usuario estadounidenses preocupa a los legisladores por el posible uso de los datos de esos usuarios por la autoridades chinas.
Sin embargo, la Restrict Art o Ley Restringir, cuyo nombre completo es »Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act» va más allá de esa aplicación y China, y otorgaría poderes extraordinarios al gobierno de Estados Unidos para perseguir, censurar y castigar a cualquier persona o empresa que consideren un riesgo para la seguridad nacional.
Adversarios extranjeros
La Ley se aplica a las entidades que pertenecen total o parcialmente a un país o gobierno que está designado en virtud de la Ley como un «adversario extranjero» de los Estados Unidos, así clasifica la ley a China, Cuba, Irán, Rusia o Venezuela, aunque podrían ampliar el número de países a voluntad.
El proyecto de ley ha enfrentado críticas por carecer de supervisión judicial y transparencia en sus mecanismos de aplicación y por contener una redacción lo suficientemente amplia y vaga como para criminalizar muchas actividades, por ejemplo el uso de una VPN.
Entre los poderes de la ley está otorgar al Departamento de Comercio la capacidad de prohibir no sólo aplicaciones de redes sociales, sino aplicaciones de juegos o incluso aplicaciones de pago. Es decir, podrían prohibir videojuegos, empresas de videojuegos o incluso perseguir, castigar y cerrar aplicaciones y transacciones relativas a criptomonedas. De hecho, el proyecto de ley se refiere continuamente a prohibir transacciones pasadas, presentes y futuras.
20 años de prisión y un millón de dólares de multa
Existe una posibilidad real de que, de acuerdo con la versión actual, un usuario individual pueda enfrentar cargos penales por descargar o acceder a contenido prohibido, por ejemplo, mediante el uso de una red privada virtual. Las sanciones podrían incluir hasta 20 años de prisión por usar una VPN para acceder a un sitio prohibido y, en algunas interpretaciones, hasta un millón de dólares de multa.
También preocupa la falta de transparencia y rendición de cuentas que el proyecto de ley otorga al comité designado que decidiría qué aplicaciones prohibir. La falta de revisión judicial y la dependencia de poderes de vigilancia podría abrir la puerta a ataques injustificados contra individuos o grupos. Es por eso que esta ley la han considerado tan restrictiva que ha sido comparada con la Ley Patriota, aquella ley que restringió las libertades estadounidenses bajo la coartada de la lucha contra el terrorismo.
Según el think tank sin ánimo de lucro Coin Center, dedicado al comercio electrónico, el proyecto de ley es conceptualmente similar a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que autoriza a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro a bloquear a los estadounidenses de realizar transacciones con partes sancionadas.
Según Coin Center este proyecto de ley puede suponer la prohibición de muchas tecnologías puesto que crea una autoridad general, sometida a pocos controles, que puede prohibir casi cualquier cosa argumentando que está vinculada a un ‘adversario extranjero‘.
Ley Patriota 2.0
El proyecto de ley ha levantado críticas en la sociedad civil estadounidense a derecha e izquierda. Destacan que el supuesto proyecto de ley de «prohibición de TikTok», es solo una coartada porque en realidad no prohíbe TikTok . La palabra «TikTok» no aparece ni una sola vez en las 55 páginas del proyecto de ley. Los críticos de la Ley, de izquierda y derecha, están denunciando que esta nueva “Ley Patriota 2.0” abre la puerta a una vigilancia digital sin precedentes de los estadounidenses y otorga a un panel ejecutivo designado un poder ilimitado para censurar Internet. en los EE.UU
El grupo de defensa de los derechos digitales Electronic Frontier Foundation criticó que la ley no proteja la información privada del usuario. «En lugar de aprobar este proyecto de ley amplio y de gran alcance, el Congreso debería limitar las oportunidades para que cualquier empresa recopile cantidades masivas de nuestros datos personales detallados, que luego se ponen a disposición de los corredores de datos, las agencias gubernamentales de EE. UU. e incluso los adversarios extranjeros, incluida China», señalaron.
El director de comunicaciones de State Freedom Caucus Network, Greg Price, condenó la legislación como «absolutamente aterradora» en un hilo de Twitter y advirtió: «Le da al gobierno la capacidad de perseguir a cualquier persona que considere un riesgo para la seguridad nacional, momento en el que pueden acceder a todo desde su desde la computadora hasta los videojuegos y su anillo de luz. Esta es una Ley Patriota para Internet».
En el país de las aplicaciones que recopilan nuestros datos
Resulta curioso que sea precisamente el país sede de aplicaciones que recogen informaciones de los usuarios de todo el mundo, como Google, Facebook o Windows, el que ahora plantee una ley para prohibir las aplicaciones de otros países para evitar el acceso a los datos de sus ciudadanos.
Al final, el país que critica la censura china al acceso a aplicaciones y servicios informativos estadounidenses acabará poniendo en marcha la censura a las aplicaciones y servicios tecnológicos chinos y de otros países extranjeros.
