El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a José Manuel Villarejo; a su socio, Rafael Redondo; y al exdirector de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo; y declarar a la compañía eléctrica y a la Administración del Estado como responsables civiles en la pieza separada número 17 del denominado caso Tándem, en la que se investigan una decena de encargos irregulares al comisario de policía entre 2004 y 2011. El magistrado considera acreditados los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. El juez explica en el auto al que ha tenido acceso Crónica Libre que para justificar los pagos los investigados emitieron facturas manipulando los conceptos para enmascarar que habían sido prestados por un comisario activo de la policía.
«ACORDAR la continuación de las presentes Diligencias Previas como PROCEDIMIENTO ABREVIADO contra José Manuel Villarejo Pérez, Rafael Redondo Rodríguez, Antonio Asenjo Martín y respecto del Grupo Iberdrola SA y la Administración General del Estado como responsables civiles, en concepto de
responsables civiles, contra IBERDROLA, S.A. y la Administración General del Estado». Así lo dispone el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón en el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada número 17 del denominado Caso Tándem al que ha tenido acceso Crónica Libre.
El juez titular del Juzgado Central de Instrucción Seis propone juzgar también al socio de Villarejo en la empresa Cenyt, Rafael Redondo. El magistrado considera acreditados los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. En su auto, el juez señala al Grupo Iberdrola y a la Administración General del Estado como responsables civiles y da traslado a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación.
Entiende García Castellón que la finalidad de las investigaciones encargadas por Iberdrola Villarejo fue obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses
La resolución explica que de acuerdo con la investigación, entre los años 2004 y 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad del Grupo Iberdrola y con pleno conocimiento de que José Manuel Villarejo Pérez se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, encargó a este diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola.
Según el juez, la finalidad de las investigaciones encargadas por Asenjo, en nombre, y por cuenta del Grupo Iberdrola, a Villarejo, quien se encontraba en servicio activo como comisario de Policía, fue obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses. Por estos encargos, expone el auto, la empresa de Villarejo y Redondo obtuvo 1.455.064 euros del Grupo Iberdrola.
García Castellón explica que los investigados acordaron emitir facturas manipulando los conceptos para enmascarar “que habían sido prestados por un comisario activo del Cuerpo Nacional de Policía»
A lo largo de su resolución, el magistrado detalla la decena de proyectos encargados a la empresa de Villarejo, entre ellos la investigación al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, una de sus principales competidoras en el mercado. En la ejecución de este proyecto Black board los investigados llegaron a hacerse con el tráfico de llamadas de Pizarro y recabaron información sobre personas con las que contactó en el marco de la OPA que Gas natural realizó en 2005 sobre Endesa.
El juez explica que para justificar los pagos realizados y recibidos por cuenta del Grupo Iberdrola los investigados acordaron emitir una serie de facturas manipulando los conceptos para reflejar servicios diferentes a los que realmente se prestaron y enmascarar así “que habían sido prestados por un comisario activo del Cuerpo Nacional de Policía”.
