El magistrado García Castellón propone juzgar por delitos de cohecho en grado de continuidad y una pluralidad de delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos al banco BBVA y a su expresidente, Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2017, y por los que habría pagado en torno a 10 millones de euros. Para el juez de la Audiencia Nacional, fue Francisco González quien ordenó la contratación del comisario corrupto al ser «él quien recibía los informes y disponía del dominio para su continuidad“. Durante los casi 6 años de instrucción de esta pieza número 9 de la causa Tándem, Crónica Libre ha publicado en exclusiva unos vídeos grabados dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6 en los que se aprecia cómo García Castellón y dos fiscales Anticorrupción -sin la presencia de la defensa- acordaban el calendario, hablaban de la «cobertura jurídica y planean los pasos a seguir: «Tendremos que ser muy precisos».
«El comisario Villarejo, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso”.
Así lo explica el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón en el auto de pase a procedimiento abreviado con el que pone fin a la instrucción de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem y propone juzgar por delitos de cohecho en grado de continuidad y una pluralidad de delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos al banco BBVA y a su expresidente Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2017.
La decisión se conoce en pleno intento del BBVA -presidido ahora por Carlos Torres- de lanzar una OPA al Banco Sabadell. Precisamente, fueron los problemas judiciales de la entidad vasca, además del alto coste de la operación, los motivos por los que en 2020 se frustrara la compra del Sabadell por parte del BBVA.
Villarejo habría cobrado del BBVA en torno a 10 millones de euros
La pieza número 9 de la causa Tándem se abrió en diciembre de 2018 e investiga las actividades del Comisario Villarejo para el banco BBVA, una relación profesional que supuestamente duró 13 años (entre 2004 y 2017) y que le le habría reportado pingües beneficios: en torno a los 10 millones de euros. En estos seis años de instrucción, el juez García Castellón ha investigado la supuesta contratación de Cenyt, empresa de detectives de Villarejo, por parte del BBVA para presuntos trabajos de espionaje. Se tratarían de trabajos para frustrar la entrada en el BBVA de la constructora Sacyr, frenar la presunta extorsión de Ausbanc y analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
El auto de García Castellón detalla todos los encargos realizados por el BBVA, así como los pagos efectuados al Grupo Cenyt y señala que la entidad BBVA llegó a ser la principal fuente de ingresos de la empresa de Villarejo. «Dichos contratos -subraya el magistrado en su escrito-, en algunos casos verbales, se ejecutaron al margen del circuito legal del banco y con “total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la entidad».
El BBVA se aprovechó del entramado de corrupción policial de Villarejo
Con esta decisión, García Castellón hace suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción que detalla que todo empezó con la contratación por parte del banco BBVA del que fuese comisario de policía, Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la “expresa aquiescencia” de su presidente ejecutivo, Francisco González, dice el escrito, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del policía, entre ellos, los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
“Conociendo Julio Corrochano esta ‘doble’ actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo Cenyt, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal ‘anómalo e ilegal’ recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo“, dice el auto de 268 páginas del magistrado de la Sala 6ª de la Audiencia Nacional, que también enfatiza en que el presidente del BBVA, Francisco González, Según el juez, González lo ”autorizó y permitió dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad“. El juez propone también juzgar al comisario Julio Corrochano y a otras diez personas más.
Vídeos exclusivos de Crónica Libre
Parece que ahora sí la pieza número 9 de la causa Tándem llega a su fin después de que la propia Audiencia Nacional diera un toque de atención al juez García Castellón por dilatar tanto en el tiempo un proceso que comenzó en 2018. Durante este largo proceso Crónica Libre ha destapado en exclusiva unos vídeos grabados dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6 en los que se aprecia cómo el magistrado y los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa (sin presencia de la defensa) acuerdan el calendario, hablan de la «cobertura jurídica y planean los pasos a seguir: «Tendremos que ser muy precisos».
La escena ocurrió el 6 de febrero de 2019 pasadas las cinco y cuarto de la tarde, según consta impreso en la grabación de una cámara que queda activa durante la pausa de un interrogatorio presidido por el magistrado Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. Los vídeos pertenecen a la instrucción de la pieza 9 de la macrocausa Tándem y muestran cómo en cuanto el interrogado abandona la sala, el juez se acerca a los fiscales Anticorrupción, Ignacio Stampa y Miguel Serrano y los tres se ríen y se burlan. Y a continuación, lo más grave, cómo los fiscales aleccionan al magistrado sobre los pasos a seguir en la investigación.
Vídeo 1: «Muchas gracias, chicos, ya está», dice el juez entre risas de los fiscales. «Sois muy sensibles».
Las imágenes de la cámara de seguridad de la Sala 6 de la Audiencia Nacional presidida por García Castellón, comienzan cuando termina la declaración del investigado y el juez le ordena que se marche. En este momento en el que se hace un descanso, la cámara debería haber parado las grabaciones, pero no ocurre así. En ese momento, los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa se ríen y el juez se dirige a la mesa donde están:
«Muchas gracias, chicos, ya está», dice el juez en tono distendido mientras los fiscales siguen riendo, especialmente el fiscal Serrano. «Sois muy sensibles», se siente que dice uno de los presentes. Esta escena no es un delito, pero sí que es una falta de respeto hacia la Justica, las partes y las personas involucradas en un asunto tan serio y vital como una investigación penal.
Vídeo 2: Los fiscales Anticorrupción al juez García Castellón: «Antes del requerimiento en el banco, en un auto usted nos da todo esto muy específico, porque tendremos que ser muy precisos»
El contenido del segundo vídeo de la misma grabación del mismo día sí es más, empezando porque el abogado de la defensa no está presente en la sala. En esta grabación se observa cómo los fiscales y el juez, no sólo hablan abiertamente del caso, sino que son los de Anticorrupción los que aleccionan al magistrado llegándole a plantearle la necesidad de hacer un requerimiento y a partir de ahí los tres juntos planifican los pasos a seguir en la causa.
«Antes del requerimiento en el banco, en un auto usted nos da todo esto muy específico, porque tendremos que ser muy precisos», le aconsejan los fiscales. «¿Un requerimiento?», pregunta el juez. «Un requerimiento en el banco», insiste el fiscal Serrano al tiempo que García-Castellón asiente. «Que sí, que sí, que he hecho muchos ya», contesta el juez. A lo largo de la conversación, se escucha al juez y fiscales cómo acuerdan el calendario y hablan de la «cobertura jurídica».
Suele ser habitual que jueces y fiscales intercambien su posicionamiento sobre una investigación en curso, pero el magistrado es quien ordena o deniega las actuaciones que le piden las partes o la Fiscalía, no al revés. El titular de un juzgado es quien dirige la investigación y no puede estar en ningún caso a las órdenes ni al servicio Anticorrupción, ni la Fiscalía puede marcar los pasos del instructor de esta manera. La presunta concertación de una de las partes y el juez sería delictiva y anularía la instrucción entre otras consecuencias.
En su auto, el magistrado considera acreditado que los investigados eran conscientes de que con dichos contratos se estaba vulnerando la normativa interna de la entidad al contratar a una empresa dirigida por un policía en activo que recababa datos mediante contraprestaciones a funcionarios policiales en activo, así como obteniendo accesos ilegales a ficheros reservados. No sólo eso, el juez cree que el entonces presidente del BBVA, Francisco González fue quien ordenó la contratación de Villarejo al se él ”la persona que recibía los informes elaborados, así como el que disponía del dominio del hecho para su continuidad“.
