Casi catorce años después del asesinato de Ruth y José, a manos de su padre, asistimos con consternación la aparición de un libro que reconstruye el devastador crimen que sacudió a España en 2011, cuando José Bretón asesinó a sus propios hijos. La publicación, que ha sido cancelada, planteaba el conflicto entre el derecho de un novelista a reconstruir esta historia y el derecho de la madre de impedir que ésta se publique a fin de amparar los derechos de las víctimas del crimen, sus hijos y ella misma. Este es el análisis jurídico sobre el libro El Odio que nunca debió existir.
El 26 de marzo estaba previsto que saliera a la venta el libro El odio, escrito por el novelista Luisgé Martín sobre el asesinato de Ruth y José Bretón Ortíz, de seis y dos años, por parte de su padre, José Bretón, quien asesinó a sus hijos para causarle daño a su exesposa Ruth Ortiz, tras haberle pedido el divorcio.
Según ha trascendido, Martín ha escrito el libro tras un intercambio de cartas, conversaciones telefónicas y un encuentro presencial en la cárcel donde cumple condena Bretón. El objetivo del libro, según ha comentado el autor, es permitir que el asesino confiese el crimen y exprese su arrepentimiento, a través de una narrativa que sigue el estilo de A Sangre fría, donde Martín reconstruye el crimen y elabora un perfil del asesino, a través de la relación trabada entre el criminal y el escritor en sus entrevistas.
Ruth Ortíz, la madre de la niña y el niño asesinados por Bretón solicitó judicialmente la prohibición de publicar el libro, al considerar que éste vulneraba los derechos al honor, la intimidad, la propia imagen de los menores asesinados. Derechos que, por definición normativa, constituyen un límite a la libertad de expresión, tal y como se establece en la Constitución y la Ley Orgánica 1/1982, incluso aunque se trate de personas fallecidas.
El autor del libro y la editorial, defendieron la procedencia de la publicación, al considerar que la novela testimonio sobre el asesinato de los niños por parte de Bretón constituía un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Según ha señalado la editorial Anagrama en su comunicado, “la obra de Luisgé Martín intenta dilucidar una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones filosóficas y éticas de la crueldad (…). El tratamiento literario de El odio se aleja y rechaza cualquier intención que no sea la de presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen sino al contrario, mostrando su horror”.
En caso de conflicto de derechos, ¿cuál debe prevalecer?
En respuesta al conflicto de derechos, el titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Provincial de Barcelona para detener la publicación del libro, sobre la base de que los documentos aportados por la Fiscalía no eran adecuados para justificar la paralización, ya que se basaban en artículos periodísticos y no en el contenido del libro, cuyo texto aún no está a la venta y no facilitó la editorial.
Según el juzgado, sin el texto del libro, es imposible realizar un juicio provisional de proporcionalidad que permita valorar si éste vulnera derechos como el honor, la intimidad o la imagen de los menores y su madre; autorizando la publicación del libro, a fin de no restringir el derecho fundamental a la libertad de expresión.
El problema es que tanto el juzgado de la causa como el autor y la editorial han perdido de vista una cuestión capital que condiciona la legitimidad de la publicación, y es que, en realidad, no estamos frente a un conflicto donde colisionan los derechos fundamentales honoríficos de las víctimas y la libertad de expresión del escritor; sino que tal colisión se produce frente a la libertad de información, que está regido por unos requisitos diferentes; y, por tanto, genera unas consecuencias distintas frente al amparo judicial.
Para que podamos hablar del derecho fundamental a la libertad de expresión se requiere que la persona que lo invoque exprese o dé a conocer ideas propias, ya sea pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; o suponga la creación literaria, artística, científica o técnica. Pero no es el caso del libro en cuestión porque, como lo señala el mismo autor y la editorial, no se trata de una obra de ficción, sino de un libro documental que reconstruye el crimen y explora la condición del asesino.
Según la Constitución, la ley y la jurisprudencia, la libertad que se ejerce en estos casos se denomina libertad de información, que para que sea protegida requiere que tenga un contenido informativo, que sea veraz y que no vulnere la dignidad ni los derechos fundamentales al honor, la intimidad, la propia imagen de las víctimas, entre las que se halla la propia Ruth Ortiz.
La no revictimización de una mujer que ha sufrido violencia vicaria
La Fiscalía de Menores ha recurrido la decisión judicial de avalar la publicación del libro sobre el crimen de Bretón, y ha pedido a la Audiencia de Barcelona que intervenga y paralice de forma urgente la publicación de la obra de Anagrama, por suponer un grave e inminente riesgo de intromisión ilegítima de los derechos fundamentales de las víctimas, incluyendo a Ruth Ortiz. Y aquí está la clave para impedir que el libro de publique.
Tal y como en su momento señaló el comisario que llevó el caso, cuando ya nadie se acuerde “de Bretón, él contará con todo detalle lo que hizo con los niños. Y lo hará, como siempre, para hacer daño a Ruth”. Éste es el verdadero móvil del libro de Bretón: hacer más daño a Ruth Ortiz.
De lo que han trascendido de El odio contado por Martín, el objetivo del libro es darle voz al asesino para que confiese un crimen y exprese su arrepentimiento. Pero lo cierto es que no hay hecho informativo porque ya se ha demostrado judicialmente que Bretón es el asesino de sus hijos, y sobra dicha confesión. Además, tampoco es veraz, porque si fuera cierto su arrepentimiento, Bretón cumpliría su condena en silencio y no habría buscado a un escritor al que instrumentalizar para hacer que Ruth Ortiz reviva el crimen de sus hijos.
Ruth Ortiz no sólo perdió a sus hijos de forma aterradora, sino que ahora su asesino, el autor del libro y la editorial pretenden exponerla públicamente, forzándola a revivir su tragedia, invadiendo su intimidad y la de sus hijos, revictimizándola e infringiendo la normativa prevista en el Estatuto de la Víctima.
Por estos motivos, en la ponderación de los derechos en lisa queda de manifiesto que no procede proteger la libertad de información, porque se lesionan los derechos fundamentales de las víctimas, revictimizando a Ruth Ortiz a través de la violencia vicaria.
Esta clase de violencia machista es definida por la psicóloga Sonia Vaccaro como la “violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo”.
La violencia vicaria ha sido incluida en el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2025-2030), y yaformaba parte delEje 3 del Pacto de Estado anterior, donde se reconocían a las víctimas de esta forma de violencia machista medidas de protección en el apartado 3.8 relativo a la Aplicación de los derechos y prestaciones de la Ley Orgánica 1/2004 a los casos de violencia por interpósita persona, como también es conocida la vicaria.
En este sentido, la pretendida libertad de información no podría ejercerse a costa del sufrimiento de las víctimas, porque sus derechos fundamentales prevalecen. Atendiendo el comunicado de la editorial, la publicación persigue más bien satisfacer la morbosidad del escritor que se adentra en la crueldad de un asesino, que en informar a la opinión pública sobre los detalles de un crimen sobre el que ya se tiene la información relevante y existe una condena confirmada por el Supremo.
Cuando una obra amenaza con revictimizar a una madre que ha sufrido violencia machista y el asesinato de sus hijos, mercantilizando su dignidad y dolor, debemos cuestionar su legitimidad e impedir su publicación. La literatura tiene la responsabilidad de contribuir al entendimiento humano, no de infligir más dolor a las víctimas, dando protagonismo y fama a los criminales.
