Algunos ciudadanos que han sido víctimas de la Operación Cataluña son personas sin responsabilidades políticas, miembros de la sociedad civil catalana. Su delito consistió en estar en el punto de mira de algunas de las fuentes de Villarejo, como Javier de la Rosa o Clemente Marcet, o del mismo excomisario. Se utilizaron las cloacas para llevar a cabo episodios de venganza personal, sin vinculación directa con la política como ya contábamos ayer, fruto de la investigación conjunta de Crónica Libre y La Vanguardia.
Carles Vilarrubí es un empresario catalán y militante de Convergencia muy cercano a la familia Pujol, hasta el punto de haber servido como chófer del expresidente al volante de un Seat 127 durante las excursiones que Pujol realizó por toda Cataluña en la década de los setenta. Vilarrubí ocupó distintos cargos públicos en la década de los 80, entre ellos, el de director de Catalunya Ràdio y el de director general de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat (EAJA). Vinculado al círculo de Lluis Penafreta estuvo relacionado con el grupo KIO y con De la Rosa. Carles Vilarubí fue, además, consejero delegado de la entidad promotora de Port Aventura, empresa de De la Rosa. Ahí está la raíz del conflicto entre ambos.
Vilarrubí fue llamado a declarar como testigo ante el juez Pablo Ruz en noviembre de 2014 en el caso de Jordi Pujol Ferrusola. La última pregunta que le formuló la fiscal hacía referencia a su posible vinculación con los negocios del hijo de Jordi Pujol, según se podía deducir del testimonio de Javier de la Rosa. La respuesta de Vilarubí desacreditaba el testimonio de De la Rosa de forma clara y contundente:
“Sólo puedo decir que durante ocho meses fui consejero delegado de la empresa que gestionaba lo que luego sería Port Aventura y dimití al día siguiente de que el Parlament de Catalunya aprobase un crédito de 5.000 millones de pesetas. A las 3 de la mañana tuve que despertar a un notario, porque me negué a firmar un cheque para enviar los fondos a una empresa de De la Rosa y dimití ante la duda de que al día siguiente me falsificaran la firma…. No tengo más que decir”.
Declaración de Carles Villarubí ante el juez Ruz (noviembre de 2014)
En el punto de mira por simple afán de venganza
De la Rosa intentó desviar un dinero avalado por el Parlament de Catalunya a sus cuentas particulares. El financiero aprovechó su relación con Villarejo para poner en el punto de mira de las cloacas a Carles Vilarrubí, por simple afán de venganza. Vilarrubí fue víctima de seguimientos y de control telefónico y un año más tarde, en octubre de 2015, fue imputado en el caso, todo ello por el testimonio de De la Rosa.
Los audios del excomisario Villarejo sobre la reunión que mantuvo con Alicia Sánchez-Camacho en noviembre de 2012 sacan a la luz una supuesta «lista negra» con personas que debían ser perseguidas por sus vínculos con el independentismo. En esa lista aparecía la familia de empresarios Sumarroca, con empresas muy diversificadas que van desde la construcción, como adjudicatarios de obra pública, a la producción vitivinícola.
«Auténticas conjeturas de la autoridad policial»
Diversos miembros de la familia Sumarroca están acusados de corrupción en el caso del 3%. Los vínculos entre los Sumarroca y los Pujol son notorios pero eso no justificaría una investigación prospectiva, según señala la querella que se presentó ante el Tribunal Supremo contra Alicia Sánchez-Camacho y que fue rechazada: “Los casos han partido de iniciales hipótesis de trabajo sobre la afinidad entre ambas familias y de auténticas conjeturas de la autoridad policial que no venían respaldadas por ningún indicio, sino que simple y sencillamente tenían por objetivo tejer las bases de lo que posteriormente se ha conocido como la Operación Cataluña”.
La querella mantiene, por tanto, que las investigaciones contra la familia Sumarroca fueron “prospectivas” al basarse en el interés de Villarejo y Sánchez-Camacho en que se abrieran causas judiciales al entorno de los Pujol.
Más adelante, la querella afirma que “consistía, fundamentalmente, en obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al citado movimiento, ya fueran cargos políticos, personajes públicos, líderes sociales o empresarios”.
Los casos, abunda la demanda, “han partido de iniciales hipótesis de trabajo sobre la afinidad entre ambas familias y de auténticas conjeturas de la autoridad policial que no venían respaldadas por ningún indicio, sino que simple y sencillamente tenían por objetivo tejer las bases de lo que posteriormente se ha conocido como la Operación Cataluña”.
La demanda de un comisario de la Policía Nacional
Un caso demencial es el que ha afectado al comisario del Cuerpo Nacional de Policía y exjefe de la Jefatura de la Policía Nacional en Cataluña, Narciso Ortega. El funcionario fue objeto de seguimientos, acusado de ser independentista y trasladado injustamente a Teruel. Ortega presentó en agosto del 2022 una denuncia contra la exministra de Defensa, Dolores de Cospedal; el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y el excomisario José Manuel Villarejo.
Gracias a los audios de Villarejo revelados por el digital El Mon, se supo que el nombre de Narciso Ortega estaba en una lista de independentistas que había que vigilar. En referencia a la Operación Cataluña, consta en la denuncia que “mandos policiales, cargos públicos y dirigentes políticos formarían una estructura organizada de carácter permanente y con reparto de funciones con la finalidad de obtener información y/o confeccionar pruebas falsas para intimidar, perjudicar y/o desprestigiar a personas próximas al movimiento independentista catalán”. ¡Eso consta en la denuncia de un comisario de la Policía Nacional! Lo que se describe es la Operación Cataluña en toda su extensión y el demandante en este caso, un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Demanda por supuesto espionaje
El 12 de febrero de 2013, El Periódico y El Mundo informaron de la grabación de la conversación entre Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez en el restaurante La Camarga y se hablaba abiertamente de espionaje político. Al día siguiente, Alicia Sánchez-Camacho dio una rueda de prensa en la cual, muy exaltada, afirmó que demandaría a la agencia de detectives Método 3 por las escuchas y que presentaría una denuncia para que se investigara el caso. El 18 de febrero, el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Barcelona admitió la demanda por supuesto espionaje.
El Ministerio del Interior comunicó entonces que daría todo su soporte para aclarar los hechos y, al día siguiente, el director de Método 3, Paco Marco, era detenido junto a tres de sus empleados. Un hecho importante de ese mismo día fue la orden del juez de prohibir la difusión de la conversación de La Camarga.
«Sánchez-Camacho hace que me detengan por una grabación legal y consentida»
El 21 de marzo, Paco Marco declaró al juez que había sido el entorno de la entonces líder del Partido Popular de Cataluña quien había pedido «como favor” que se hiciera el seguimiento y grabación de la comida. Si se trataba de una grabación consentida no había delito. Pacó Marco afirmó en unas declaraciones que “el único hecho es que nosotros en 2010 recibimos un encargo del entorno de Alicia Sánchez-Camacho para realizar una grabación y que, tres años más tarde, Alicia Sánchez-Camacho hace que me detengan por realizar esa grabación, que era legal y consentida”.
Los motivos de todo este conflicto kafkiano, en palabras de Paco Marco son claros: “Necesitaban que la grabación de La Camarga fuera ilegal para que el testimonio de Victoria Álvarez ante la UDEF fuera nuevo”. Paco Marco fue absuelto de todos los cargos que pesaban sobre él.
