Vigilantes de seguridad privada a cargo del control de acceso al Ministerio de Transportes denuncian que están sometidos a presiones y multas por hacer su trabajo. Según el protocolo vigente, nadie puede entrar a las dependencias ministeriales portando armas. Sin embargo, el representante del sector de correspondiente de UGT, Ángel García, denuncia que guardias civiles, que acuden “a cortarse el pelo o tomar café” allí, se niegan a cumplirlo y han puesto sanciones de hasta 600 euros a quienes han intentado prohibírselo. Fuentes de la Guardia Civil, por su parte, aseguran no tener conocimiento de este conflicto y recalcan que la responsabilidad de seguridad en ministerios le compete a la Benemérita y que los vigilantes «solo auxilian» en la labor.
“Hay compañeros nuestros de baja por depresión. Los agentes de Seguridad encargados del control de acceso al Ministrio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en el Paseo de la Castellana, en Madrid) solo intentan hacer cumplir el protocolo en vigor. Nosotros no entramos en quién tiene razón, solo en que hay que cumplir una norma. Defendemos a los vigilantes porque consideramos que este es un caso de encabezonamiento por competencias”, declara Ángel García.
Este sindicalista como responsable sectorial de Seguridad de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Madrid (FeSMC) de UGT, es el portavoz del colectivo de Seguridad. «Nosotros no podemos revelar datos de nuestro trabajo”, asegura uno de los implicados en este conflicto que remite al sindicato para hablar sobre el tema.
El problema comenzó, según la versión facilitada desde UGT, entre marzo y abril de 2022 y desde entonces no han parado de producirse enfrentamientos. Las mismas medidas que impiden el acceso portando armas, “sea quien sea la persona que entre”, está en vigor muchos ministerios. Sin embargo, solo ha trascendido que se hayan producido problemas la sede central del gabinete cuya titular es Raquel Sánchez Jiménez.
Por su parte, fuentes de la Guardia Civil consultadas por Crónica Libre, han dicho «que no tienen constancia de que haya habido ningún problema». «Quizá algún conflicto puntual se ha podido dar. Pero aquí hay algo que no me cuadra, porque al final, la competencia de seguridad en todos los ministerios es de la Guardia Civil. Auxiliarmente, están los servicios de vigilancia, como en los aeropuertos, que están para apoyar a los guardias civiles de la Unidad de Protección y Seguridad (Uprose)», han informado a este medio.
Estas misma fuente de la Guardia Civil considera que puede haber una «información errórea» y señala que normalmente «no entra personal armado a un edifico que no vaya a trabajar. «Puede entrar algún escolta de otro ministerio. Y, ante esta circunstancia, el que se hace cargo no es el vigilante de seguridad, es el guardia civil que está de responsable. La decisión y el criterio de si entra o no entra es de un guardia civil. No entiendo, el conflicto porque ellos están allí a nuestras órdenes», recalcan.
Consultadas por Crónica libre estas fuentes considera posible que un vigilante haya podido tomar la iniciativa y quieran hacer cumplir las norma. «Sí es posible pero hay que tener cuidado porque hay ciertas normas que tienen excepciones y ante la duda el que decide es el jefe de seguridad del edificio», mantiene.
El policía que destapó las ‘cloacas del Estado’
En opinión de el responsable sectorial de UGT, hay medios de comunicación, de ideología conservadora, que han querido ver en el nombramiento del jefe de Seguridad, Rubén Eladio López una causa del enfrentamiento. Algo que desmiente el sindicalista. “El jefe de seguridad está nombrado por Real Decreto, es un inspector en activo. Allí como en otros ministerios hay un protocolo aprobado por el departamento de Transportes y hay guardias civiles parece que se lo saltan. A los vigilantes nos pilla en medio”, mantiene García.
Rubén Eladio López fue nombrado por el anterior ministro de Transportes José Luis Ábalos como director de la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis del departamento que era titular, en febrero de 2020. Se da la circunstancia de que Eladio López, en su anterior etapa como inspector de la Policía Nacional, en Asuntos Internos, fue el primero en destapar la mafia policial que tenía organizada el excomisario José Manuel Villarejo. Cobertura de esta trama que ha abordado ampliamente Crónica Libre.
Como competencia de su cargo en Transportes, Rubén Eladio tenía asignada la elaboración de un protocolo. “Se trata del Protocolo de Actuación en el control de visitantes de la sede central del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Es de régimen interno pero con el conocimiento de la Secretaría de Estado de Transportes, la Unidad de emergencia de Seguridad y Gestión de Crisis y el área de Seguridad”, recalca García.
Los agentes de seguridad son los que, señalan desde UGT, acaban sufriendo el problema. “Hay un jefe de seguridad que está dando la cara por los vigilantes, que defiende al personal que está cumpliendo con su deber, cuidando de la seguridad. Y guardias civiles se empeñan en desobedecer la orden de que impide entrar armados a las dependencias de ministerios”, subraya el sindicalista.
Denuncia de menazas por parte de agentes de la Benemérita
La guardia civil –siempre de acuerdo a la versión facilitada por UGT– abre expedientes, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ‘ley mordaza” a los vigilantes. Varios trabajadores de compañías privadas de seguridad han interpuesto denuncias por amenazas de guardias civiles cuando les ghan impedido el paso. “Esto es un hecho y no vamos a entrar en quién tiene razón por hacer cumplir una orden ministerial. Lo que nos preocupa son los guardias de seguridad que por cumplir con su deber están teniendo problemas”.
García, apunta que en ese tira y afloja entre personal de seguridad y agentes de la Benemérita, estos últimos terminan siempre accediendo a las instalaciones de Transporte. “Por lo que sé, acaban entrando. Parece que allí hay un destacamento de la Guardia Civil porque este cuerpo es el encargado de la seguridad de la zona perimetral, los aledaños al ministerio. Habría una entrada a su destacamento pero se empeñan en pasar por el hall principal, que está rigurosamente prohibido y luego, además, van a cortarse el pelo, van a tomar café en las dependencias de Transportes”.
“Lo que me extraña, mucho, mucho es que he recibido llamadas de periódicos afines a la derecha intentando buscar mierdas del jefe de seguridad y esa no es la cuestión –insiste Ángel García, portavoz del conflicto–. Si hay una orden hay que cumplirla, ya sabrá el jefe de seguridad si es legal o no. Nosotros no entramos en si la orden está bien o no”. A este respecto, fuentes de la Guardia Civil, recalcan que no tienen constancia de ningún conflicto en el Ministerio de Transportes respecto al acceso de sus agentes.
Ángel García señala que hay varios agentes que han interpuesto denuncias contra guardias civiles. También han presentado quejas ante el Defensor del Pueblo, la Secretaría Técnica, tanto del Ministerio del Interior y como del de Transportes. » Y eso ya está dentro del ámbito confederal del sindicato. Tenemos una reunión con nuestro Secretario de Organización y posiblemente nos dirijamos a través UGT Confederal de la Comisión Ejecutiva Confederal a los dos, a los dos ministros, a Grande Marlaska, que del que nosotros dependemos, y a la ministra de Transportes», adelanta Ángel García.
