El cese de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres estaba cantado, y solo era cuestión de tiempo que se buscase una excusa que lo permitiera. Esta ha llegado con el descubrimiento de los 64 contratos que se supone fueron a parar a la empresa de su cónyuge, por un importe total de unos 250.000 euros, en una supuesta trama de tráfico de influencias, es decir, del beneficio que las empresas de Elisabeth García habrían obtenido por ser esposa de la directora del Instituto de las Mujeres.
Esta supuesta trama menor –si se consideran los asuntos de mayor enjundia que se están dirimiendo actualmente, caso Begoña Gómez, caso pareja de Isabel Ayuso, caso Koldo y otros muchos– es un claro ejemplo de ajuste de cuentas ideológico que ha necesitado, cómo no, de la complicidad de los medios de comunicación. Del desvío de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para otros fines no se ha dicho ni mu, a pesar de las pruebas que existen, así como de otros contratos menores de servicios de menos de 15.000 euros que la administración hace sin necesidad de concurso público, lo que, hasta donde yo sé, puede no ser correcto, pero no es ilegal.
A Isabel García se la tenían jurada desde Sumar y Podemos desde que fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres en diciembre de 2023 bajo la acusación de transfobia, crimen hoy inadmisible en un mundo que ha hecho de la religión trans santo y seña para acceder a cualquier puesto de poder: vean a Kamala Harris declarando sus pronombres en un acto público en 2022.
Hoy día no se puede ejercer un cargo sin previo acatamiento de la doctrina trans, y el caso de Isabel García es paradigmático. Cuando fue nombrada se le echaron encima Sumar y Podemos reproduciendo las opiniones de la cesada, críticas con la teoría queer o el transactivismo. Isabel García aguantó el chaparrón, agachó la cerviz y pidió perdón por si sus comentarios habían ofendido a alguien.
La ministra de Igualdad la mantuvo en su puesto para no echar más leña al fuego e intentar apaciguar, sobre todo, a las feministas del PSOE, que cada vez se tornaban más críticas contra el gobierno de coalición. A las que no éramos del PSOE se nos ignoraba y ninguneaba: éramos las 4 del Taxi. La ministra, que también ha tenido que hacer profesión de fe trans en diversos momentos para no ser derribada por la ola transactivista, nada e intenta guardar la ropa.
Pero el que la sigue la persigue, y así, una garganta profunda (que algunos sitúan en Sumar) filtra a un medio de comunicación digital (en este caso El Español) que da la exclusiva de los contratos. La Sexta, ávida de carroña, rápidamente se hace eco de la noticia y no solo informa de la supuesta trama, sino que da cumplida cuenta de todas las declaraciones transfóbicas que Isabel García había hecho en el pasado y de las que había pedido perdón, como ya se ha dicho, en un ejercicio de contrición necesario, pero no suficiente, para satisfacer la furia trans.
Todos los medios se hacen eco del tema de los contratos, mezclándolo con sus opiniones, como si ambas fueran una y la misma cosa.
Siete meses han tardado en encontrar un supuesto escándalo para que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, decida cesar a Isabel García, para garantizar su propio pescuezo, no sea que la furia trans se lo rebane. Y es que esta destitución era una crónica de un cese anunciado, pues ¿qué política feminista se puede hacer desde un gobierno secuestrado por la ideología trans? Las palmeras de la inclusividad (Podemos, Sumar, Duval…) han aplaudido hasta con las orejas. La misma Victoria Rosell, exdelegada del gobierno para la Violencia de Género ha puesto un tuit que indica que era algo perseguido, ¿cómo si no se puede entender ese “Por fin”?
¿Hay alguien que todavía dude de que era una operación de acoso y derribo de una persona que molestaba?
Abandonen toda esperanza, señoras afiliadas y simpatizantes del PSOE, Sumar o Podemos si aún creen que estos partidos van a hacer política feminista. Es el mismo gobierno el que ha llevado al Tribunal Constitucional los artículos que había introducido Ayuso en la Ley Trans de Madrid que pretendía revertir algunas de las disposiciones que perjudicaban a los menores.
El Defensor del Pueblo cree, sin embargo, que esa reforma “patologiza” a los menores y vulnera el libre desarrollo de su personalidad. O sea, que tienen derecho a ser hormonados y mutilados, si así lo deciden. ¿Qué más necesitan para darse cuenta de que el Gobierno actual y todas las instituciones que penden de él son los enemigos de las mujeres, a las que no saben ni definir?
El Gobierno, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional están a un paso de afirmar que la tierra es plana, porque si no lo hacen van a ser acusados de transfobia, el mayor crimen que hoy se puede cometer en un siglo XXI absurdo que debería llamarse el de las (pocas) luces, pues se están apagando todas las que se encendieron en el XVIII, especialmente las de la racionalidad y la ciencia.
