Los votantes del PP de la mayoría absoluta de Rajoy en 2011 se llevaron un chasco monumental a las pocas horas de que su gabinete tomara el Gobierno. Esperaban un partido con el marchamo ideológico de Manuel Pizarro y una deslumbrante capacidad ejecutiva por parte de Soraya, «la Thatcher española«, llegaron a decir algunos iluminados. Lo que hubo fue el indolente Rajoy y el vampírico Montoro.
Las elecciones se convocaron de urgencia, tras unos meses trágicos, marcados por el mayor paquete de recortes sociales de la historia de España realizado por el honoris causa ZP, así como por la amenaza de intervención del Banco Central Europeo (BCE). España se puso en manos del PP de manera desesperada, porque “estos, al menos, arreglan la economía”.
Mayoría absoluta y todo el país expectante ante el drástico plan de rebajas fiscales pregonado por los populares en la campaña electoral. En el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, cuando todos aguardábamos ansiosos algún alivio para nuestros bolsillos, el dúo siniestro Soraya-Montoro (Rajoy, pese al parón de Liga navideño, no estaba), salió con toda la artillería: anunció recargos especiales “de solidaridad” al IRPF en nuestras nóminas y subidas del IBI. Por supuesto, mantuvo todos los demás apretones de ZP. ¿Alguna buena noticia en contrapartida? Nada. Con el tiempo, se cargarían todo tipo de deducciones. La eliminación a las aplicadas a las hipotecas certificaba con retraso la defunción de la España próspera de 1996-2006.
Una estafa en toda regla a sus votantes, basada en “es que todo estaba peor de lo que nos esperábamos”. Claro, si ZP tuvo que adelantar las elecciones forzado por las autoridades europeas, pese a bajar el sueldo a los funcionarios (¡¡¡un socialista!!!), era porque los pajaritos del Retiro habían emigrado antes de tiempo. Conviene ver una y otra vez el vídeo que hay en el link adjuntado, para ver a un humillado Zapatero anunciar unas medidas auténticamente draconianas, antes de tener que entregar la cuchara por las malas. Eso sí es un ejercicio de Memoria Histórica. Luego, él y a sus acólitos socialistas se hartaron de denunciar el “austericidio”, en el colmo del rostro. Habló de p… la tacones. En fin, por no hacerlo muy largo, el PP se dedicó a apretarnos el cinturón, con Montoro convertido en el monstruo de los impuestos y de Rajoy mejor no hablar.
Con el Gobierno de Sánchez, llegamos hasta nuestros días, con una España que no logra alcanzar niveles reales de PIB previos a la pandemia, con PIBs per cápita inferiores a 2007 y, por tanto, pérdida de poder adquisitivo dramática. ¿Estamos peor que hace 16 años? Sí. Todo español lo sufre, al igual que las empresas, que siguen presentando unos resultados penosos (en serio, telecos, banca, incluso energéticas… muy muy flojos, sobre todo en sus negocios basados en España) y con una cuestión que apenas tiene peso en los medios y a mí me parece irritante, por lo arbitraria e inútil de la misma, pero, por encima de todo, por ser un fiel reflejo de estos tiempos calamitosos: la defunción de facto de los planes de pensiones privados.
La izquierda los ha tenido entre ceja y ceja. Bueno, en general, a todo rendimiento del capital. Pues ya han terminado con los planes. No sólo Podemos, también los detesta Miguel Sebastián o el ministro Escrivá. Curioso, los dos proceden del BBVA y ¿quién es el principal grupo de pensiones en España? El BBVA. No me pregunten por qué.
Sólo para ricos, como siempre
Hace ya algo más de dos años, el Gobierno anunció la genialidad: la prohibición (sí, como suena, prohibición) de aportar más de 1.500 euros al año a las pensiones particulares. ¿Por qué? Porque sólo hacían aportaciones cercanas a los anteriores límites de 10.000 y luego 8.000 euros al año los altos patrimonios. Lógico. Imagino que la lista de compradores de Mercedes o Ferrari también la encabezarán altos patrimonios, pero ¿hay que prohibirlos por eso? A lo mejor alguna persona no muy rica empeña gran parte de su capacidad financiera en un coche de alta gama; si le da la gana, ¿por qué no?
La deducción fiscal, por tanto, era para ricos. Para variar. Pero esa deducción era más falsa que un judas de plástico: uno podía recortar de su base imponible 8.000 euros de máximo, pero se encontraba con que tenía que devolver toda la deducción anual obtenida en el momento de la recuperación del dinero después de jubilarse. Imaginen el dineral de sumar las rebajas de 20, 30 o 40 años de vida de un plan privado.
¿Por qué se prohibió aportar más de los 1.500? Porque eso quedaba ya fuera de la deducción y entonces se daría el caso de “doble imposición”: un dinero que ya se recogía en la declaración de la Renta de cada año y que se volvería a recoger en Renta después de nuevo al jubilarse. Porque el dinero que se rescata en un plan privado después de jubilarse vuelve a ponderar en la declaración, en lo que constituye una tomadura de pelo histórica.
Ojo: la prohibición existía antes también, con los límites de 10.000 y 8.000. Pero no hubo sanciones, porque nunca se dio el caso de aportaciones superiores al máximo. Realmente, invertir más no tenía mucho sentido. La verdadera naturaleza del plan está en aportar cada mes 50, 100, 300… euros. Tres, cuatro, siete mil euros anuales… Quizá un pico a fin de año… En definitiva, ir generando un ahorrillo para el futuro, que se acumulaba año a año. Quien tenía capacidad real de colocar mucho más de 10.000 euros, lo invertía en otras cosas, y, desde luego, no necesitaba los planes para su factura fiscal. Pero ahora, quien quiera meter más de 1.500 euros en todo el ejercicio en su pensión privada, la gestora le dirá que nanay. Año 2023, siglo XXI.
Bueno, ya llegamos al tema del titular. Campaña electoral de 2019. Recordemos: Pablo Casado decía un día blanco, otro negro, otro gris y otro, nada. La eterna historia del reciente fiasco del PP, de querer ganar por el centro sin que se note que son de derechas, con un programa liberal-social-españolista-nacionalista-público-privado-redondo-cuadrado y si no se nota, mejor aún. Sin embargo, metió como sin querer, una propuesta estupenda, y así está por escrito: el blindaje fiscal al ahorro.
Entra otras cosas, proponía liberar fiscalmente el dinero de los planes en el momento del rescate. Lo leo ahora y se me saltan las lágrimas. No tanto por ser del club de fans de los planes privados, sino por el espíritu de la ley.
Cuando uno aporta a un plan de pensiones, lo hace con el dinero que consigue ahorrar, es decir, rentas del trabajo que ya vienen retenidas en origen. Se invierten y al rescatarlos, se pagan plusvalías. A la vez, como se ha apuntado, se devuelven las falsas deducciones y el dinero, al ponderar de nuevo como Renta, ¿tributa tres veces? Es de locos.
No soy experto legal, pero nadie me quita de la cabeza que eso es mega confiscatorio e ilegal, y podríamos decir lo mismo de la prohibición de aportaciones. Contrario al espíritu de la Unión Europea. Permitir que el dinero que hemos apartado con mucho esfuerzo para nuestra etapa de jubilados llegue limpio de polvo y paja es un acto de justicia absoluta. Y social. Es intolerable que se defienda esa arbitrariedad con el argumento de que es “para los más desfavorecidos”. Eso ya lo hizo antes el titular, pagando todos los impuestos habidos y por haber. ¿Dónde está el límite?
Sinceramente, creo que Casado incluyó eso casi de casualidad en su programa. Quizá, en Génova todavía quedaba alguna persona que recordaba que hubo un PP hace años un poco liberal, de prosperidad, que privatizó y se preocupó de que el ciudadano ganara dinero y lo mantuviera en su bolsillo. Y la coló de rondón en el programa. Parecía una medida desempolvada del aznarismo y, desde luego, tampoco es que Casado se dejara la piel insistiendo en ella.
Ojalá Feijóo también la recuerde y asuma esos postulados. Sobre todo, ese espíritu en general. A principios de siglo, bajaron los tipos sobre todas las plusvalías al 15%, en un lógico intento de neutralidad fiscal, y se implementó el libre traspaso entre fondos. Por citar algunos ejemplos. A ver si el gallego tira por el retrete la dichosa manía de los políticos de meternos la mano en el bolsillo. Y se decide a impulsar el crecimiento, que es lo que reclama esta España cuya clase media se desangra y agoniza. La clase media es la que establece el nivel de calidad de un país. Quien mejor protege a las clases bajas.
El problema del ahorro para el día de mañana es de un calado enorme, y más cuando se nos dice que, afortunadamente, viviremos muchos más años. Es preciso potenciar toda la previsión: primer, segundo y tercer pilar, es decir, pensiones públicas, de empleo y privadas.
Planes de empleo ¿para cuándo?
El Gobierno de Sánchez se ha cargado el tercero, porque dice que potenciará el segundo: los de empresas. Hoy en día son un producto para privilegiados. Sólo lo tienen las Ibex, alguna otra gran corporación y, oh sorpresa, las administraciones públicas. Pero son otra galaxia para las pymes y micropymes. Sánchez quiere hacerlos accesibles para todo el tejido empresarial a través de un plan… público, sí señor. Plan que no existe pese a ser anunciado hace más de dos años (Inverco, la patronal, dice que quizá en 2024, aunque me da que no se lo creen ni ellos) y al paso que vamos, tampoco van a quedar pymes, micropymes, ni cutrepymes, que es lo que tenemos, asfixiadas como están. La lluvia de concursos de acreedores es desoladora.
Matar las pensiones particulares privadas se ha hecho por pura antipatía política, sin más, como la hay contra la sanidad privada o la educación concertada, a las que desde varias formaciones les gustaría laminar, sin importarles las consecuencias. Sólo lo público. Y gran parte de la sociedad aplaude, en un preocupante alarde de cortedad de miras. Hay más de 7 millones de cuentas de planes privados.
Cuando lo bueno sería mantener unas cotizaciones sociales razonables, junto a una fiscalidad ventajosa e incentivadora para los planes de empleo, especialmente para con las compañías pequeñas, unido a un sistema privado en el que pudiéramos aportar lo que nos diera la gana, libre de dobles o triples tributaciones. A planes o a cualquier producto financiero. Incluso a una cartera personal, si el ahorrador se cree capaz de gestionarla, con los mismos incentivos fiscales. Sólo con la ausencia de comisiones, obtendría una rentabilidad añadida. Ahí, los que protestarían serían los bancos, claro.
Al final, se daría un escenario ideal para el ciudadano, con una pensión pública + una pensión de empleo + una privada. ¿Dónde está el problema para los políticos?, me pregunto una y mil veces. Me temo que la respuesta es una palabra, que esgrimen como una bandera, pero que en realidad temen, racionan y odian: libertad.
