Irene Montero centró todo su esfuerzo ministerial en dos temas: el asunto trans, y la violencia sexual. Como quiso dejar para la posteridad prueba fehaciente de que era la ministra más feminista de la historia, dejó su impronta en dos leyes, ambas infumables. La conocida como la Ley Trans es un fraude en sí misma, al permitir que cualquier persona pueda cambiar su sexo registral con su mera voluntad, sin necesidad de requisito alguno. Si esta ley sigue en vigor es porque nadie considera que tenga efectos perniciosos para la mayoría, supone que solo afecta a una minoría, y no hay conciencia de lo que su vigencia supone para los derechos de las mujeres.
La segunda, la pomposa ley de Garantía integral de la libertad sexual, de 2022, fue presentada como el gran logro jurídico al poner “el consentimiento en el centro”. A efectos prácticos, solo sirvió para rebajar la pena a más de 1.400 condenados por agresión sexual y poner en libertad a un centenar.
El rocambolesco proceso de Dani Alves, con una sentencia condenatoria de la Audiencia de Barcelona de 4 años, que consideró probado que había habido agresión sexual, y una contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pone en duda que la hubiera, muestra hasta qué punto es inútil la Ley del Solo sí es Sí y la entronización del tan cacareado “consentimiento”.
Gracias a esta ley hemos visto cómo Rubiales era condenado a una multa por el beso “no consentido” a Jenny Hermoso (que a mi juicio fue abuso de autoridad más que agresión sexual), y hemos contemplado el ominoso interrogatorio a Elisa Mouliáa en el proceso contra Errejón (cuya resolución habrá que ver).
Ahora asistimos estupefactos ante esta sentencia absolutoria del caso Alves que considera que el relato de la víctima no es creíble y que, por tanto, prevalece la presunción de inocencia del agresor. Un individuo que cambió hasta cinco veces su declaración, frente a la víctima, que mantuvo en todo momento la coherencia de su relato y aseguró que no hubo consentimiento.
Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: el famoso y entronizado concepto de consentimiento, que hinchió de orgullo a la exministra Montero como si hubiera descubierto la piedra filosofal. Y es que el consentimiento no puede ser “demostrado” en una relación que se mantiene entre dos personas en la más estricta privacidad. O se cree sin fisuras a la víctima cuando dice que no consintió (como en el caso de Jenny Hermoso, aunque pudo parecer en su momento que el beso fue consentido tal y como se desarrolló) o hay que aceptar el beneficio de la duda y, por tanto, decantarse por la presunción de inocencia.
Alegar que no hubo consentimiento no sirve para nada, porque para quien interpreta la ley si una mujer coquetea con un individuo, da indicios de estar interesada en el sexo con él y entra por su propia voluntad en un reservado, son elementos más que suficientes para considerar que está dispuesta a mantener esa relación sexual. Que esta relación fuese violenta, desagradable, forzada en su ejecución o abusiva y que la mujer cambiara de opinión y quisiera marcharse a los jueces no les importa, porque los jueces –y las juezas– forman parte de una sociedad que todavía considera que si las mujeres se exponen a determinadas situaciones son responsables de lo que les pase.
Que son ellas las que con su conducta provocan las agresiones, por eso han de vigilar con quien van, la hora, el sitio, la ropa que llevan, los gestos que hagan o lo desinhibidas que se muestren. Por eso la Ley del Solo Sí es Sí es papel mojado, porque pese a que tiene más de 40 páginas explicando las medidas de sensibilización, prevención, formación y reparación que se pondrán en marcha para luchar contra “todo acto de naturaleza sexual no consentido”, a la hora de la verdad sólo los moratones, las heridas, los golpes o la resistencia heroica de la víctima convencerá a los jueces – y las juezas– de que no se consintió. La formación brilla por su ausencia.
Hemos educado a una hornada de jóvenes que se han creído que tienen libertad, que pueden disponer de sus cuerpos como quieran, que pueden disfrutar de la sexualidad, que tienen derecho a decir que no, aunque en un principio dijeran que sí y que la justicia estaría de su parte. El caso Jenny Hermoso hizo creer que, aunque hubiera dudas más que razonables de que lo que vimos fuera una agresión sexual, a partir de entonces la palabra de la mujer bastaría para decidir si hubo o no consentimiento.
Pero todo eso no es más que un espejismo, porque si se rasca un poco aparece la caspa y la idea de que las mujeres no son de fiar. La sentencia del caso Dani Alves vuelve a recordarnos que las mujeres continúan estando bajo sospecha. Que “poner el consentimiento en el centro” no son más que bonitas palabras que sirven para que una ministra presuma de progresismo.
Ante una mujer que dice que fue violentada sexualmente, y un hombre que dice que todo fue consentido, la justicia se lava las manos y dice que “la mujer del Cesar no solo debe ser honesta, sino que debe de parecerlo”. Si un caso como este, que parecía perfecto para una óptima aplicación de la ley del Solo Sí es sí, ha puesto en duda el consentimiento de la víctima, ¿quién va a ser la guapa que se atreva a denunciar la próxima vez?
