No está siendo fácil el inicio de legislatura para el PSOE, y no hay garantía alguna de que le vaya a ir mejor a lo largo de ella, dure esta legislatura lo que dure. El voto de castigo de los 5 (ahora 4) de Podemos buscaba la erosión de Yolanda Díaz como lideresa de lo que sea que lidere, pero el voto de castigo de Junts respecto a la Ley de amnistía buscaba abrir una importante vía de agua en una embarcación de la que previamente le habían permitido llevarse los botes salvavidas.
Y tampoco le va a ir mejor por el flanco del feminismo aunque haya recuperado el Ministerio de Igualdad, porque si es cierta la afirmación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, respecto a una próxima presentación del PSOE de una Proposición de Ley contra la prostitución, “que penalizará los burdeles y establecerá multas para quien pague a cambio de sexo”, no sólo va a ser Junts la única fuerza política “socia” que le niegue el voto afirmativo a la tramitación de su Ley.
En esta ocasión también EH Bildu, PNV, ERC y parte de Sumar (principalmente Compromís, Más País y los Comunes) van a negarse a reconocer que en la actividad prostitucional no hay “clientes” sino puteros, cuyo comportamiento cercena derechos fundamentales de las personas prostituidas, mayoritariamente menores y mujeres, hecho que no es casual sino causal en un modelo de sociedad patriarcal, sobre todo los referentes a la preservación de la salud y de la integridad física.
Erosión compartida
Evidencia sobre la cual hay investigación científica más que suficiente a estas alturas, pero que nunca ha sido proporcionada desde el Ministerio de Sanidad ni por Salvador Illa, ni por Carolina Darias, y con Mónica García lamentablemente no parece que vaya a corregirse esa grave irresponsabilidad política.
Lo sorprendente es que la erosión reputacional y la consecuente pérdida de votos que lleva tiempo sufriendo el PSOE por mimetizarse con un supuesto bloque progresista y feminista que iba a contribuir a fianzar los amenazados valores democráticos, no ha servido de ejemplo para el PP en su temeraria alianza con una fuerza política tan tóxica como Vox. Y un claro ejemplo de ello es la sectaria dirección política que el actual Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está dejando que sea “marca de la casa”.
Sectarismo apuntado en el Ayuntamiento de Alicante para pactar la aprobación de los presupuestos municipales, y en los que Vox introdujo 3 exigencias: la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad sin imponer sanciones a los vehículos contaminantes, la creación de oficinas para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares, y un servicio para combatir la ocupación ilegal de viviendas.
PP y Vox pactan en Alicante la creación de una oficina antiabortos
En concreto, respecto a la creación de la oficina para la asistencia a la maternidad Carmen Robledillo, portavoz del grupo municipal de Vox, explicó que buscaban dar un servicio de atención a la maternidad «a aquellas mujeres que se encuentren en una situación difícil o vulnerable en el momento de descubrir su embarazo y se hallen en un callejón sin salida. Por ello se asistirá y apoyará a las mujeres embarazadas, para que puedan llevar a término su embarazo, realizando un programa de asesoramiento y orientación sobre las ayudas disponibles».
La traducción de estas declaraciones a través del principio de Igualdad de Derechos, Obligaciones y Responsabilidades entre mujeres y hombres llevó a la siguiente conclusión: PP Y Vox pactan en Alicante la creación de una oficina antiabortos. En el siglo XXI el consenso social mayoritario que existe en España respecto al reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, es una línea roja que el PP no puede rebasar abiertamente, y por eso aparentemente no la rebasó tal y como refleja la información publicada el 12 de enero:
”No se ha admitido para votación la creación de una oficina antiaborto propuesta por Vox, pero esta propuesta de la extrema derecha se mantiene viva y “encauzada”. (...) El servicio de atención a la maternidad se ofrecerá como tal en el conocido como programa Cria dirigido a madres embarazadas o con bebés de 0 a 3 años, ya hay una partida presupuestaria de 155.000 euros.”
«Ayudas a la protección del derecho a la en formación» vida
¿Y dónde queda recogido ese “servicio de atención a la maternidad”? Pues atendiendo a lo que aparece en la Web de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios sociales, Igualdad y Vivienda (competencia del PP en manos de Susana Camareno), en ella, bajo el epígrafe Ayudas dirigidas al apoyo de la maternidad y que se define de la siguiente manera:
”Las ayudas se destinan a entidades no lucrativas que desarrollen proyectos dirigidos a la protección del derecho a la vida en formación, y de apoyo y asesoramiento a madres y padres durante el embarazo y la crianza, así como a madres menores tuteladas.”
Y dentro de los requisitos establecidos para optar a la concesión de estas ayudas figuran los siguientes:
- ”No tener fin de lucro«
- ”Tener como fin primordial en sus estatutos garantizar y proteger el derecho a la vida en formación, la protección a las madres gestantes que estén decididas a tener a su hijo, así como la protección a la familia, y la creación de una cultura de vida, o bien poderse desprender de su actuación general que dichas acciones están entre sus fines.”
Hay que reconocer que la experiencia es un grado dentro de la trapacería política como modo habitual de proceder que se ha instalado en nuestra clase política, porque muy lejos del histrionismo que caracteriza la actividad desplegada por la cuestionada Consellera de Justicia e Interior de Vox, Elisa Núñez, en su defensa del ideario falangista y su querencia por entidades que podrían llevarnos a pensar que lo representan, como la Casa Cuna Santa Isabel, la mencionada Vicepresidenta segunda y Consellera de Servicios sociales, Igualdad y Vivienda, lo está haciendo desde la discreción. ¿Argumentos en que sostengo esta afirmación? La propia web de la Casa Cuna Santa Isabel:
”Somos un centro benéfico-social, sin ánimo de lucro. Las religiosas Siervas de la Pasión son una Congregación religiosa que tiene como carisma apostólico la defensa de la vida, especial y muy principalmente la vida del no nacido y del nacido en su primera infancia. Es la única Congregación que tiene el carisma de la defensa de la vida del no nacido. Ofrecemos apoyo y acogida a madres gestantes o con niños menores de 2 años que carecen de recursos económicos, de apoyo familiar o social. Forman parte de su misión promover actividades a favor de los niños, cuya vida peligra antes o después de nacer.”
Y dentro de su Boletín Informativo de Septiembre de 2023 aparece el siguiente contenido:
”El pasado día 9 de Febrero, el Tribunal Constitucional avalaba la Ley del aborto promulgada en 2010. (...) Por desgracia, definitivamente acabar con la vida de un Menor de 14 semanas, incluso unas semanas más para aquellos que tengan algunas deficiencias, es un derecho. (...) Se trata de una Ley hipócrita, puesto que quiere hacernos creer que protege a la madre, cuando en realidad la deja sola a la hora de decidir, cerrándole cualquier otra puerta de salida, como el apoyo laboral, económico, social, etc. Desgraciadamente, una vez más, la izquierda radical, por razones ideológicas, y la derecha liberal, por motivos económicos, se frotan las manos manteniendo el más sucio de los negocios. En contraste con la Ley del Bienestar animal aprobada ese mismo día en el Congreso de lo Diputados, la Ley del aborto niega la información a la mujer sobre lo que se aloja en su vientre, y lo que supone la eliminación de esa vida naciente.”
En el año 2020 la Diputación de Valencia concedió una subvención por un importe de 3.817’38 euros a la Casa Cuna Santa Isabel para el programa “Atención psicosocial a mujeres inmigrantes y/o niños en situación de exclusión o víctimas de violencia de género”. ¿Este año, cuántas opciones para presentar y recibir subvenciones se le abren a esta entidad, por obra y gracia, no del espíritu santo, sino de la vicepresidenta y consellera Susana Camarero?
Realmente para la formación política que dice defender la igualdad entre españoles, cada vez está más claro que no están utilizando el masculino genérico, sino el dominante genérico, es decir el discurso Patriarcal. Así que, que le quede bien claro al PP, que la pérdida reputacional es compartida con el PSOE por demérito propio claramente comprobado. Y la legislatura no ha hecho más que empezar, al igual que el Gobierno de coalición PP-Vox en la Comunidad Valenciana.
