La violencia machista en España es ya una emergencia nacional. La semana pasada cuatro mujeres y dos menores fueron asesinados por esta causa y este fin de semana se suman dos asesinadas más. Y, en lugar de estar de duelo, el Gobierno se dedicó a celebrar la fiesta del orgullo GBTIQ+ y la Eurocopa. En este artículo explicaremos por qué la violencia contra las mujeres debe ser considerada una cuestión de Estado. En la primera parte, abordaremos las razones materiales, mostrando las cifras de la violencia machista. Y en la segunda, las razones por las que su declaratoria son una exigencia democrática impostergable.
Las víctimas asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas suman ya la infame cifra de21 mujeres asesinadas en 2024 y 1.265 mujeres desde que se llevan registros en 2003, según las cifras oficiales. Si bien, los datos son mucho peores, al no contabilizarse oficialmente los feminicidios no íntimos. Según Feminicidio.net, en lo que va de año han asesinado a 52 mujeres, que suman 1.529 mujeres asesinadas por hombres, desde 2013, según sus propios registros.
Igualmente, según datos del Gobierno, los menores asesinados por violencia vicaria ascienden a 9 en 2024, que hacen un total 62 desde 2013, cuando se empezaron a llevar registros. Y el número de menores huérfanos por violencia machista asciende a 13 en 2024, que suma 446 desde 2013.
Y esta es una realidad que debería alarmarnos, porque la violencia constituye la manifestación más extrema de la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres, aún muy arraigadas en nuestra estructura social, cultural y jurídico-política, del que los asesinatos machistas son sólo la punta de un iceberg muy profundo y robusto, que comporta otras clases de violencia no menos grave, como la violencia vicaria, psicológica, económica e institucional. Un ejemplo de esta última clase de violencia lo podemos hallar en los constantes festejos a los que se dedicaron en el Gobierno durante esta semana sangrante de feminicidios, lesionando la dignidad de las víctimas.
Esta escalada de la violencia machista pone de manifiesto la magnitud de un problema de violencia estructural contra las mujeres en España, que ha empeorado en los últimos años, y que impone al Gobierno, a las Comunidades Autónomas, las instituciones y la sociedad civil que lo traten como una cuestión de Estado.
Es decir, como un asunto que por su relevancia social e impacto económico, evidente interés público y por la ineficacia de las medidas hasta ahora adoptadas, tendría que ser tratado como urgente y prioritario, donde se adopten medidas integrales, coordinadas y eficaces encaminadas a prevenir, sensibilizar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas; y, para garantizar la justicia, que se proteja y repare el daño causado a las víctimas y sus hijas e hijos.
¿Es España un país violento con las mujeres?
Prima facie, sí, y los datos del Gobierno lo confirman: “una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en España”. Violencia perpetrada por hombres, que en la mayor parte de los casos son de su entorno, sobre todo cuando nos referimos a la violencia física y sexual, las más visibles. En España, cada día se presentan más de quinientas denuncias por violencia machista y cada dos horas se presenta una denuncia por agresiones sexuales, de éstas últimas se estima que sólo se denuncian en torno a un once por ciento de los casos.
La violencia machista y sexual no sólo va en aumento, sino que las víctimas y victimarios son cada vez más jóvenes y la violencia es cada vez más brutal. De hecho, según los últimos datos el Ministerio del Interior, “cuatro de cada diez víctimas de delitos sexuales son menores de edad”, y casi dos víctimas de cada diez son niñas que no llegan a los catorce años. Estos datos reflejan un incremento del 14,8% de los delitos, perpetrados en su mayoría por hombres menores de 30 años.
Casi 90.000 mujeres víctimas de violencia machista
Es tan significativa la prevalencia de los casos de violencia machista que, desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, hasta mayo de 2024, según las estadísticas del Ministerio del Interior, se han registrado casi dos millones y medio de denuncias por esta causa. Actualmente, hay casi 90.000 mujeres víctimas de violencia machista inscritas en el Sistema VioGen del Ministerio del Interior, que viven con protección policial de diversa intensidad, según el riesgo que sufran, para evitar que las vuelvan a maltratar, de las que 1.110 son menores de edad y 2.053 son mayores de 65 años, evidenciándose un aumento de los casos en los últimos años.
Violencia machista: no son casos aislados
Y si hablamos de feminicidios, la forma más extrema de violencia machista, tenemos que reconocer que la cifra de asesinatos anuales perpetrados por hombres contra las mujeres son muy altas, inaceptablemente altas, teniendo en cuenta que somos un país que vive tiempos de paz, que cuenta con buen nivel de bienestar social y con niveles relativamente bajos de delincuencia e inseguridad ciudadana, que presume de ser la cuarta economía de la Unión Europea y que aprobó la primera ley integral para combatir la violencia machista hace casi veinte años.
Con estos datos sólo podemos concluir que los casos de violencia machista no son casos aislados o incidentales, sino que son la prueba de una violencia estructural contra las mujeres; pero este argumento no puede ser utilizado para justificarla. Los feminicidios son siempre la manifestación más extrema de una sociedad que sigue siendo estructuralmente machista y misógina y, por tanto, desigual e injusta, y halla en la violencia la forma de mantener a las mujeres controladas, en situación de subordinación social y jurídica.
Tal y como se señala en la doctrina, los asesinatos y demás agresiones machistas siempre actúan como una advertencia colectiva que infunde temor no sólo a la víctima, sino que se dirige todas las demás mujeres que eventualmente podrían sufrirla.
Violencia institucional contra las mujeres
Y, precisamente, por esta razón, los altos índices de violencia contra las mujeres y niñas y el aumento de la misma, se manifiesta como la expresión más emblemática del cierto fiasco de la Ley de Violencia de Género, de la Ley de Igualdad, del Convenio de Estambul, de la Ley de Educación y, entre otras, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Pero no precisamente por causas intrínsecas a las leyes y las medidas aprobadas con el ánimo combatirla y erradicarla sino más bien por las deficiencias del sistema, por los fallos de las políticas públicas en esta materia y, lo que es más apreciable a primera vista, por las graves negligencias y falta de voluntad de algunas instituciones y autoridades con competencias específicas en la lucha contra la violencia machista.
Y en especial, por parte del Ministerio de Igualdad del Gobierno del PSOE-UP, que no sólo descuidó de forma grave sus responsabilidades en esta materia, sino que llegó hasta mofarse de las víctimas, montando una campaña publicitaria en la que se ufanaba de que España es campeona contabilizando feminicidios. Esto es, sin duda, otro ejemplo revelador de la violencia institucional contra las mujeres.
Medidas de sensibilización, prevención y detección
Si en los largos años de vigencia de la Ley integral de Violencia de Género, de las demás leyes mencionadas y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se hubieran implementado las medidas allí previstas para combatirla, seguramente, lejos de dispararse, las cifras de violencia machista serían hoy muy bajas. Con solo haber implementado la política de coeducación no sexista, en lugar de tener ahora a una generación de hombres que, en una proporción significativa, sean más machistas que sus padres, hoy tendríamos a la de hombres más respetuosos con los derechos humanos de las mujeres.
Y aquí está el primer fallo que muestra la ley de la Violencia de Género: buena parte de las instituciones y autoridades competentes en la materia se han sustraído del deber legal de cumplir y hacer cumplir las leyes, porque no se implementaron en realidad las medidas de sensibilización, prevención y detección que hacían falta para concienciar a la sociedad sobre la gravedad y el alcance de la violencia machista, impidiendo que en estos veinte años cambiaran las actitudes y comportamientos sociales que siguen perpetuando la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
Y, lo que es tanto o más grave, se ha permitido desde las instituciones que se diera cobijo al falaz discurso negacionista de la violencia machista. Y, entre otras cosas, las autoridades con responsabilidades en la materia han dilapidado y dejado dilapidar el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para fines distintos a los que determinaron su aprobación. Esto también es violencia institucional, porque se ha defraudado la confianza de la ciudadanía y despojado a las víctimas de los recursos que debían destinarse para prevenir y combatir la violencia y proteger a las víctimas.
Ahora bien, pese a la incontestabilidad de estos datos, tenemos que tener presente también la información más reciente sobre igualdad entre mujeres y hombres en España, expuesta en el Índice Global de Brecha de Género, que sitúa a España en el décimo puesto del ranking en esta materia. Ubicándola en el cuarto lugar del ranking, según los datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género de la Unión Europea. Entonces, ¿se puede hablar de igualdad entre mujeres y hombres con tales niveles de violencia?
Desde luego que no. Estos datos lo que ponen de presente es que si, con estos índices de violencia, en España estamos en lo alto de los rankings en igualdad entre mujeres y hombres, no es porque España no sea un país violento con las mujeres –al menos con la mitad de las mujeres–, sino porque en los otros países los hombres son mucho más violentos. Y esto es algo que tenemos que cambiar, ¡y ya!
