El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma del Código Penal por la que se modifica el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, se cambia el delito de malversación y se elimina el de sedición. En una votación a la que no han acudido los diputados de Ciudadanos y en la que los del PP ni siquiera han apretado el botón del no, el Gobierno ha conseguido 184 sufragios y ahora la ley será enviada al Senado para completar su tramitación.
Frenética jornada la que se ha vivido en el Congreso a la espera de conocer la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de amparo presentado ayer por el Partido Popular, y que pedía medidas cautelarísimas contra las enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal que afectan al Poder Judicial y que se votaban esta tarde en el hemiciclo. Para tomar la decisión el tribunal de garantías iba a reunirse en Pleno esta mañana a las diez en punto, pero dada la dificultad de la misma, pues sería la primera vez que se hace esto con un ley todavía en tramitación y que no ha sido aprobada, el inicio se ha pospuesto hasta pasado el mediodía. Al final, pasadas las dos de la tarde, el TC ha anunciado que se aplaza la decisión hasta el próximo lunes, por petición de los cinco magistrados progresistas presentes en el Pleno, dando vía libre a la celebración del Pleno extraordinario del Congreso.
Además de lo complicado de la decisión, otro de los motivos por los que se aplaza el Pleno del TC al lunes ha sido la presentación de varios escritos a última hora por parte de PSOE, Unidas Podemos y VOX. En concreto, la formación morada ha solicitado apartar de la votación al actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y al magistrado conservador Antonio Narváez. Los socios del gobierno de coalición alegan que hay un conflicto de intereses para ambos porque cuando entre en vigor la nueva norma que hoy se ha aprobado, tendrán que abandonar su cargo al encontrarse caducado su mandato.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado esta mañana los motivos que han llevado al PP a presentar este recurso de amparo en una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Telecinco. Feijóo ha señalado que su formación se ha apoyado en los informes de los letrados del Congreso, que han advertido que la tramitación se estaba realizando de manera “ilegal”, y que el procedimiento usado por el Gobierno “pretende hurtar a los diputados poder discutir lo que se va a votar”, además de apostillar que “no se puede utilizar el Código Penal para modificar otras leyes que nada tienen que ver con él”.
También ha avanzado que si finalmente se aprueba la ley, el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad. Sobre qué decisiones tomaría si llegara a ser presidente del Gobierno, Feijóo ha desvelado que “el referéndum ilegal estará tipificado como delito” y que “en 2024 defenderemos la Constitución, que es el primer mandato de un presidente del Gobierno”. Además, esta misma mañana ha registrado la pregunta que hará a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno que se celebrará en el Senado el miércoles 21 de diciembre: ¿Cuál será su próxima promesa incumplida?
Incertidumbre en el Congreso
Sobre el hecho de que desde el Poder Judicial se pudiera cancelar el Pleno del Congreso, y obstaculizar la reforma del Código Penal, se han pronunciado varios de los diputados presentes hoy en la Cámara Baja. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha recordado que se trata “de un Tribunal Constitucional caducado en buena parte de sus miembros” para después añadir su preocupación por “la deriva de la derecha y de algunos jueces conservadores”. El diputado socialista ha señalado que se trata de una maniobra que “no tiene precedentes” y supone un “salto cualitativo” por “tratar de impedir que el Legislativo legisle”, algo que a su entender es “radicalmente antidemocrático”.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha declarado a la entrada del hemiciclo que “es gravísimo lo que está pasando”. Asimismo, ha señalado que la situación que se está dando “no la hemos visto jamás en democracia” y ha acusado al PP de llevar cuatro años “violentando la Constitución” y “jugando con las instituciones de la gente”. Sobre las medidas cautelarísimas que exigía el PP, Díaz ha asegurado que “en el ordenamiento jurídico español solamente sirven para reparar daños que, de no hacerlo, serían irreparables”, y que cree que “no estamos en este supuesto” porque “el órgano tendría capacidad de revisar” posteriormente “lo que hoy decida democráticamente el Congreso de los Diputados”.
Odón Elorza, diputado del PSOE, ha opinado sobre el ponente elegido para el Pleno del TC, el magistrado Enrique Arnaldo. “Confío muchísimo en el señor Arnaldo, por eso no le voté”, han sido las irónicas palabras de Elorza, que rompió la disciplina de partido en la votación en el Congreso de la que Arnaldo salió elegido como miembro del tribunal de garantías. Iñigo Errejón, líder de Más País, ha insistido en que “hay que defender el Congreso de los Diputados, que es defender la soberanía popular, y por encima de la soberanía popular no está absolutamente nadie”. También se ha pronunciado sobre la decisión de los magistrados Edmundo Bal. El diputado de Ciudadanos ha dicho que este asunto es “algo verdaderamente inusitado dentro de nuestro ordenamiento jurídico”, pero que apoya el recurso del Partido Popular porque “cualquier medida que pueda entorpecer la tramitación de esta ley me va a parecer bien”.
Un debate acalorado
Una vez conocido el aplazamiento del Pleno del TC, para pronunciarse sobre el recurso de amparo presentado por el PP, se ha continuado con el orden del día en el Congreso y ha comenzado el debate sobre la proposición de ley para reformar el Código Penal. A pesar de las peticiones del PP, VOX y Ciudadanos de suspender el pleno, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido continuar con el orden del día porque al Congreso “no se le ha comunicado formalmente ninguna resolución tomada por el TC al respecto».
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha comenzado su intervención diciendo que “estamos reviviendo lo que muchos sufrimos en Cataluña en septiembre de 2017”, remarcando que “aunque sea la primera vez que ocurre algo así en el Congreso”, haciendo referencia a la tramitación del proyecto de ley para reformar el Código Penal, no es la “primera vez” que se produce en España. “Van a aprobar leyes claramente inconstitucionales, van a modificar un Código Penal en 48 horas, vulnerando todos los tramites y a la medida de cuatro delincuentes, y van a modificar tres leyes orgánicas introducidas como proposiciones de ley para escapar al control democrático”, ha dicho Arrimadas, que también ha acusado al Gobierno de “hacer todo lo que negaron que iban a hacer” en relación a los indultos, la sedición y la malversación. La líder liberal ha expresado que “este Gobierno ha hecho más por el separatismo que los partidos separatistas en cuarenta años” pero que la diferencia es que “los separatistas lo hacen porque odian España” y “ustedes porque aman el poder”.
Gabriel Rufián, portavoz del Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso, ha comenzado con fuerza su intervención: “Hablo con el miedo de que entre Tejero con Toga”. En relación a lo apuntado por Arrimadas, el líder de ERC ha señalado que la diferencia entre lo que ocurrió en Cataluña y lo que está ocurriendo ahora mismo es que “nuestra compañera Carme Forcadell acabó en la cárcel”. Rufián ha aprovechado su turno de palabra para recordar que “aunque guste más o menos” hay más de dos millones de personas que “de forma recurrente votan opciones independentistas en Cataluña”. En este sentido, ha cuestionado ante la Cámara Baja si “es delito que un representante público vehicule el deseo de una mayoría de la ciudadanía catalana que quiere votar un referéndum, aunque quieran votar que no, pero que entienden que las cosas no se solucionan a palos ni metiendo a la gente en la cárcel”. En relación a la modificación del delito de malversación impulsada por su formación política, Rufían ha señalado que lo que pretenden es “recupera el espíritu del delito reconocido antes de la reforma de Rajoy en 2015” a quien se ha referido como “el adalid de la lucha contra la corrupción”, para terminar sentenciando que: “Vivimos momentos Kafkianos en este Congreso”.
Por su parte, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha destacado que hoy “se ha producido el hecho más grave en términos democráticos desde el 23-F en este Congreso”. El parlamentario de la formación abertzale ha denunciado que “los sectores ultras atrincherados en los poderes del Estado” intentan paralizar y bloquear las mayorías del Congreso porque “quieren ganar desde los tribunales lo que no pueden ganar con votos”. Además, en relación a la modificación de las leyes que afectan al Poder Judicial, Iñarritu ha sido muy claro: “Hoy hemos dado un paso para desjudicializar un conflicto político y sacar del Tribunal Constitucional a los que hace tiempo debían haberlo abandonado”.
