Qué penoso resulta ver a José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, anunciar subidas de las cotizaciones sociales y, a su vez, consolidar la subida del IPC en el cálculo de las pensiones. Qué fácil es prometer subidas prestacionales a colectivos que rondan los 10 millones y son la piedra angular del mantenimiento en el poder. Lo sufrirán los trabajadores, que son más ingobernables. Serán las víctimas de la presión sobre el empleo, que, al final, es lo que hay detrás de esas medidas en realidad. ¿Quién paga la broma? Las empresas. Esas que dicen que ganan mucho dinero.
Todo el mundo tendría que estar en el puente de mando de una micropyme durante una temporada. Empezando por la ineptocracia politicastra. Es algo que, además de curtir, modificaría las opiniones y la visión del mundo a cualquiera.
Imaginemos una empresa de seis trabajadores, dedicada a cualquier tipo de servicio profesional cualificado: una asesoría, una empresa de diseño, o de tecnología, o una pequeña consultora, o ingeniería…
Fundada por el profesional ‘x’, que es un tío que en su día estuvo en una grande, pero se cansó de las políticas y demás malos rollos de las grandes corporaciones, y montó su propio proyecto. Un emprendedor, por tanto. Digno de elogio. En esa empresa, está el trabajador cualificado ‘y’, bastante competente y mínimamente bien pagado, porque esa empresa no puede permitirse rotación laboral alta. Además, el trabajador es un rara avis, interesado desde lejos en su propia compañía. Porque trabaja a gusto, porque ‘x’ le merece cierto respeto profesional e intelectual pese a ser su jefe. Incluso, hasta le cae bien, aunque intenta que no se lo note demasiado.
De esta manera, ‘y’, que no es tonto, está siempre con la oreja puesta sobre cómo van las cosas a su empresa, porque sabe que en las pymes y micropymes, la guadaña puede caer a la mínima. En cuanto cancele un contrato un cliente, suba una tarifa o baje la facturación. Por tanto, siempre vigila cómo va el negocio. Y hace sus cálculos. Sabe lo que ganan todos sus compañeros y él mismo: pongamos, 150.000 euros brutos al año. Súmese alquiler de oficina, luz, agua, algunas suscripciones (internet, publicaciones, agua potable, máquinas de café…), etcétera. Le sale una cifra de algo más de 200.000 euros. Bueno, por ese lado, el trabajador está tranquilo. No ve peligrar el futuro de su empresa, porque tampoco es tanto.
Como todos, aguarda el día primero de cada mes (quizá, el último del anterior) a que llegue ‘santa nómina’. Cada vez que la recibe, suspira aliviado: esto no es Telefónica y no sería la primera vez que un cliente se ha retrasado en un pago y eso a su vez repercutió en el cobro, que entró el día 3 o 4. Aun así, ‘y’ se siente confiado en su empresa, pese a ser dolorosamene consciente de que viven al día y el fondo de maniobra es, básicamente, el talento y la agenda de ‘x’. No hay dinero en caja, casi.
Lo que ‘y’ no sabe es que el día 25-26 de cada mes, ‘x’ ha tenido que firmar las transferencias a la TGSS. ¿Qué es eso? Tesorería General de la Seguridad Social. El empleado no ve cómo el primer pago de la empresa es, sí o sí, para el estado. En efectivo. A tocateja. Luego, ya se verá si se cumple con las nóminas o los proveedores, pero con quien no se puede fallar es con la TGSS. Los cálculos de ‘y’, que no estaban mal tirados, no eran conscientes de que el coste salarial bruto hay que multiplicarlo, además, por 1,2. Un dinero contante y sonante que cuesta sudor y lágrimas en un país de pymes y micropymes. Ver eso le explicaría bastante a ‘y’ por qué ‘x’ es tan rata a la hora de revisar los sueldos o dar variables.
Nuestros gobernantes parecen simples recaudadores inquisitoriales, felices de tener la presión en máximos y subir impuestos, sin más. Se dirigen de una manera desquiciante y kamikaze hacia una recaudación fiscal mágica; total, pero sin contribuyentes, de la misma manera que las empresas llevan tiempo en una deriva similar (a la fuerza ahorcan), adelgazando sus plantillas, generando una sociedad de consumo sin consumidores.
Quién ha visto y quién ve a Escrivá, el estudioso director del servicio de Estudios del BBVA. Curioso lo de este banco: no hace más que mandar a los responsables de su sesuda institución al Gobierno, donde se convierten, a continuación, en una especia de supra fiscales maquiavélicos furibundos. Miguel Sebastián o David Taguas son ejemplos anteriores. Fui a sus ruedas de prensa en su día, hace años, ya. Meticulosas, densas, llenas de cifras… Académicas. Correctísimas.
Es cierto que, lustros atrás, Sebastián llegó a desquiciar al PP, concretamente a Cristóbal Montoro, cuando contradecía las previsiones de crecimiento e inflación oficiales desde la cátedra del BBVA. Incluso en el propio banco fue célebre una comparecencia en la que alertaba del calentamiento inmobiliario, el mismo día que la entidad financiera presentaba una nueva hipoteca ante la prensa. Esta es una anécdota que me contaron ex ejecutivos de comunicación del banco. Supongo que será real.
Qué decir después de la celebérrima Oficina Económica de Moncloa, en la que estuvieron ambos, cocinando y aliñando Opas sobre empresas privadas. Me queda la duda de si Rafael Domenech, actual jefe del servicio de análisis, irá también a la política. Y si se da el caso, en qué clase de Mr. Hyde mutaría.
Pero no sólo en el PSOE se gestan estos perfiles de fiscal mayor del reino con ínfulas. ¿Qué decir de Cristóbal Montoro, el histórico liberal del Instituto de Estudios Económicos? El personaje creado en la legislatura de Rajoy no es reconocible por sus ex compañeros de la CEOE o los del PP. Sinceramente, acabó con la presunción de inocencia del contribuyente, aunque sólo fuera por la publicación de la lista de morosos, que sólo con que recogiera un nombre en vano, (hecho que ya se ha dado) constituiría una ilegitimidad absolutamente indigna de una democracia.
Conviene recordar a la sociedad civil que el Estado no tiene derecho a todo y que ahora mismo tiene exceso de atribuciones, que deberíamos exigirle que retirase.
España necesita políticos que piensen en el bienestar de los próximos años. El objetivo debería ser incrementar la recaudación, pero con una hoja de ruta que tenga como objetivo superar los 25 millones de afiliados a la Seguridad Social, no los 20 actuales, cifra que ya está oxidada. Eso no se logrará ni en broma apretando a los empleadores.
Por desgracia, tenemos profesionales de la política sobreactuados, que actúan en clave electoral. Los siguientes meses serán golosos en términos de promesas de ‘regalitos’ a la sociedad. Los célebres “derechos”, que nadie sabe cómo se pagan, ignorando un hecho capital, como que a partir del 1 de enero (en teoría), el Banco Central Europeo (BCE) ya no nos comprará más deuda pública. Sólo la renovará. Y seguiremos sin un plan país. Qué desastre.
Por cierto, un pequeño detalle más: si se superasen los 25 millones de afiliados, se arreglarían otros problemas como el paro, las pensiones o la inmigración. ¿Le importa a alguien?
