Los trabajadores de la televisión autonómica catalana TV3 declaran que no se deben aceptar “encargos con directrices unidireccionales” ni chantaje, “sea de un colectivo, de un testimonio o de la misma Administración”. El equipo del programa informativo 30 minuts considera que el documental sobre vidas transexuales no aborda cuestiones clave del debate, por lo que se niegan a firmarlo.
El domingo 25 de junio, con motivo del Día del Orgullo Gay, se emitió un documental sobre la vida de las personas transexuales dentro del programa 30 minuts de TV3. La polémica empezó unos días antes de la emisión, cuando dos de los expertos entrevistados para el documental Vides trans denunciaban que se les había excluido a último minuto.
Silvia Carrasco, profesora de antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona, y José Errasti, profesor de psicología en la Universidad de Oviedo, dijeron que la dirección de programa les había transmitido que sus entrevistas no aparecerían debido a la proximidad de las elecciones generales. Los académicos decidieron presentar una solicitud de medidas cautelarísimas ante el Juzgado de Guardia, para evitar que se emitiera el documental y exigir que TV3 les entregara las grabaciones para poder difundirlas por su cuenta. Las entrevistas duraron más de dos horas cada una, y en el caso de Errasti también grabaron la presentación de su último libro en Oviedo.
Trànsit se negó a compartir sus datos con TV3 porque “se podrían interpretar erróneamente”
El programa se emitió con normalidad a pesar del recurso, pero unos días después el Consejo Profesional de TV3 se sumaba a las críticas con la publicación del comunicado. Según el documento, la idea inicial era hacer un reportaje con testimonios personales, expertos y datos objetivos de Trànsit, el servicio de salud para las personas trans de Cataluña. El equipo contactó con Errasti y Carrasco como voces críticas con la terapia afirmativa de género, ya que ambos se han posicionado públicamente y han escrito libros sobre el tema.
A medida que el reportaje avanzaba los periodistas se encontraron con una serie de escollos. “A pesar de que, en un principio, no se dieron directrices concretas sobre qué se quería abordar, durante la elaboración del reportaje, al equipo que lo hacía, se le cuestionó la aparición de dos expertos que habían entrevistado”. Por su parte, el servicio Trànsit se negó a compartir sus datos con TV3, argumentando que “se podrían interpretar erróneamente”, y solo aceptaban participar si podían elaborar el guion y se excluía a Carrasco y Errasti.
Cuando se enteraron de la participación de los académicos, algunos de los testimonios personales entrevistados se sumaron al veto. Finalmente, el equipo valoró que la convocatoria de elecciones generales podía afectar a los comentarios que se hicieran sobre la ley trans, por lo que se verían obligados a incluir a políticos.
Los periodistas recibieron presiones de la dirección
“De hecho, se había entrevistado a Marina Sáez Echevarría, jurista trans de la Universidad de Valladolid, que preparó la anterior ley y la actual, y José Luis Pérez Triviño, profesor de filosofía del deporte de la Universidad Pompeu Fabra y coordinador de un libro sobre personas trans y deporte”, añade el escrito. Todo esto los llevó a decidir cambiar el formato, dejando únicamente los testimonios personales.
El final del documento sugiere que los periodistas recibieron presiones de su propia dirección, y explican sus razones para negarse a firmar el programa. “No podemos aceptar ningún tipo de chantaje, sea de un colectivo, de un testimonio o de la misma Administración. Llegados al punto en el que no se pudiera contar con su participación, hay que explicitarlo en el reportaje para dejar claro que no se trata de mala praxis profesional, sino de autoexclusión, del rechazo de una parte a participar en el reportaje”.
«Consideramos que se ha vulnerado el rigor periodístico»
Continua el documento: “Tampoco se pueden aceptar encargos con directrices unidireccionales que nos sitúan a favor o en contra de alguna de las partes. Tenemos que velar por dar una información rigurosa, confrontando y contextualizando cada uno de los argumentos que se planteen. Consideramos que se ha vulnerado el rigor periodístico al desconfiar de la profesionalidad y el criterio del equipo, y al intentar escorar el reportaje hacia un posicionamiento determinado. Entendemos que nuestra responsabilidad es ser periodistas comprometidos, no activistas”.
José Errasti agradeció en Twitter la publicación del comunicado, elogiando “la valentía y la honradez de los periodistas de 30 minuts”, cuya denuncia “honra la profesión mucho más de lo que deshonra la actitud de la cúpula de TV3 y de Carles Solà”, director del programa. Por su parte, Silvia Carrasco dijo que el documento “pone negro sobre blanco lo que ha pasado conmigo y con José Errasti. La conclusión es clara: fraude a la audiencia, engaño a la ciudadanía, burla a la democracia”.
Ambos reiteraron su petición de recibir una copia de las entrevistas grabadas. “Exigimos el mismo tiempo que ha tenido y tiene continuamente la propaganda transgenerista en los medios públicos, con graves consecuencias para mujeres y menores”, concluyó Carrasco.
Censura en la universidad
El caso de Errasti y Carrasco está lejos de ser único. El pasado 14 de junio, el gigante de las publicaciones científicas Springer Nature anunciaba la retractación de un estudio sobre la disforia de género de inicio rápido (DGIR). El artículo, publicado por Michael Bailey, profesor de psicología en la Northwestern University, y Suzanna Diaz, madre de un menor con disforia que firma bajo pseudónimo, analizaba una encuesta hecha a 1655 padres y madres de menores con disforia.
Los autores encontraron que 3 de cada 4 menores eran chicas, con una edad media de 14 años, y más de la mitad con trastornos mentales diagnosticados, lo que corrobora los resultados obtenidos por la doctora Lisa Littman en 2018, cuando propuso la hipótesis de la DGIR.
El 5 de mayo, Springer Nature y la Academia Internacional de Investigación Sexual de Estados Unidos, de la que depende la revista en la que se publicó el estudio, recibieron una carta abierta firmada por algunas organizaciones y 100 personas, entre las que se encontraban profesores universitarios, investigadores y editores de revistas científicas. Los firmantes pedían la dimisión del editor en jefe, Kenneth Zucker, y amenazaban con boicotear la revista hasta que este fuera reemplazado por “un editor con un historial demostrado de integridad en cuestiones LGTBQ+ y especialmente cuestiones trans”.
Springer Nature decidió retractar el artículo, aduciendo que los participantes no habían consentido a que sus datos fueran publicados en un estudio científico. Los autores apelaron la decisión, argumentando que los participantes habían consentido a publicar los datos en una página web, un entorno con más proyección y menos control editorial que una revista científica, por lo que se podía asumir que habrían consentido a una publicación más restringida. Bailey envió además 19 artículos de otros autores que usaban datos sin el consentimiento explícito de sus participantes, todos publicados por Springer Nature.
No es la primera vez que Bailey se encuentra en el centro de una controversia por su trabajo. En 2003 el investigador publicó “El hombre que sería reina” (The man who would be queen), un libro en el que proponía que la transexualidad de algunos hombres tiene su origen en la excitación sexual de verse como mujeres, algo conocido como autoginefilia. La reacción contra el libro fue extrema, hasta el punto que un profesor de la Universidad de Michigan lo comparó con propaganda nazi, y la activista trans Andrea James creó una web en la que publicó fotos de sus hijos, en edad escolar, acompañadas de frases sexualmente explícitas.
Otro caso reciente fue la Conferencia PRISMA 2022, que tuve que abandonar cuando los organizadores consideraron que mi presencia era un riesgo de seguridad debido a mis posicionamientos en Twitter.
PRISMA Ciencia es una organización de científicos LGTBIQA+ que, entre otras cosas, propone que las universidades no deben permitir eventos que vulneren los derechos de las personas LGTBIQA+ ni debates sobre la autodeterminación de género, así como “no dar presupuesto ni permitir líneas de investigación que pongan en discusión derechos fundamentales o realidades ya probadas científicamente”. PRISMA Ciencia colaboró con el Ministerio de Ciencia e Innovación en la reforma de la Ley de Ciencia que se aprobó el verano pasado, y fue una de las pocas organizaciones científicas consultadas para la Ley Trans.
