Villarejo contaba con un grupo de policías para hacer los informes falsos, que aún siguen en la UDEF

MapaUDEFok Esquema de la presunta organización criminal dentro de la UDEF

Este es el mapa de los agentes que han elaborado informes encargados a los comisarios Olivera y Villarejo por empresarios como Mauricio Casals, consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, o las dirigentes del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho y María Dolores de Cospedal, entre otros.

Por Patricia López

Hasta que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley le espetó a la periodista Susana Griso aquello de “la UDEF, ¿y que coño es la UDEF?”, los informes sobre corrupción de esta presunta Unidad de élite de la Policía -que crearon los comisarios Juan Antonio González (alias JAG), José Luis Olivera y José Manuel Villarejo– sacaban a los ciudadanos a la calle a manifestarse hasta que los antidisturbios les devolvían a palos a sus casos.

Sin embargo, algunos de estos documentos contenían información falsa, manipulada u omitían convenientemente datos por orden directa de altos mandos como Villarejo y de diferentes comisarios jefes de la UDEF que sustituyeron en el puesto a José Luis Olivera Serrano, quien pasó a ser director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), hasta que al salir de la Policía obtuvo el puesto de director de Crisis en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que dirige Luis Rubiales.

Crónica Libre ha detectado a algunos de estos agentes tras meses de análisis de las agendas, documentos y audios del comisario Villarejo y al hablar con algunas de sus víctimas, fuentes policiales y de la fiscalía.

A todos, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska los mantiene en sus puestos.

PARQUÉ

La primera persona en manifestarse contundentemente sobre los presuntos montajes de la UDEF fue el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, a quien José Manuel Villarejo quiso acusar de corrupción junto a otros de sus funcionarios en la denominada Operación Parqué, que finalmente fue archivada. En 2016, antes de ser detenido el comisario escribió el artículo “Hay que sanear la UDEF” para acabar concluyendo al ser entrevistado que: “Villarejo privatizó la UDEF para sus propios intereses”. Entre quienes hicieron encargos contra la CNMV se encontraba la empresaria Sara Fernández Frutos, pero este organismo, así como la oficina económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que encabezaba el economista Miguel Sebastián, recibió otros envites por parte del BBVA, al igual que diferentes empresas.

PÉREZ DOLSET, SORIA Y CEBRIÁN

El juez Manuel García Castellón tiene en este momento dos causas abiertas que parecen solaparse. Se trata por un lado de la causa Hanta, donde está imputada la familia Pérez Dolset, que tenía como accionistas del Grupo ZED al gran amigo de Villarejo, Mauricio Casals, en representación del Grupo Planeta y a Mihail Fridman, accionista mayoritario del Grupo Día a través de Letter One. Tanto Fridman como la sociedad con la que operaba está incluida en la lista de personas físicas y jurídicas de origen ruso y que forman parte de los oligarcas de Vladimir Putin.

En la documentación de Tándem se ha encontrado el Proyecto Bro sobre los hermanos Pérez Dolset. En este caso se puede ver a la perfección en modus operandi de la presunta organización criminal liderada por Villarejo y su “lobby de socorristas”: crear el problema, compincharse con los jefes de seguridad de dichas empresas que saben que los informes que entrega son información copiada o directamente falsa, pero que sirven para hacer caer o tambalear luchas económicas como la que en ese momento se libraba en el consejo de Zed.

En agosto de 2016 Javier Pérez Dolset junto con su jefe de seguridad, Fernando Pisa, acude a la secretaria de Estado de Interior de Francisco Martínez, imputado en Kitchen. Una trampa en toda regla.

Días después Javier Pérez Dolset es dirigido al Grupo II de la UDEV (Unidad de Delitos Violentos) que se encarga de las actuaciones de las organizaciones criminales de países del Este. El empresario denunciaba haber recibido amenazas en ruso e incluso escuchaba por teléfono conversaciones que había mantenido minutos antes con su propio hermano. Exactamente en el mismo momento que estaba presentando la denuncia, intentaron secuestrar a su mujer, pero se equivocaron de persona.

Es también Pisa, que estaba a disgusto con su jefe -como él mismo ha declarado en sede judicial- quien acude a ver al comisario de la UDEF encargado de los delitos contra la Seguridad Social y Subvenciones, José Luis André Vega, y le cuenta la denuncia que acaba de poner en delitos violentos Pérez Dolset y Pisa se interesa sobre a qué se va a dedicar el comisario André al jubilarse.

Mauricio Casals estuvo imputado en dicha pieza 18 pero finalmente se archivó. Ahora el entorno de Villarejo ha filtrado unos audios, a los que ha tenido acceso Crónica Libre, en los que se recoge una comida de mayo de 2016, cuando la pelea en la junta de ZED estaba caliente, con Mauricio Casals y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, quienes le hicieron dos encargos explícitos a los comisarios José Luis Olivera y Villarejo delante del empresario también imputado Adrián de la Joya: un informe sobre el entonces presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y otro sobre el exministro de Industria, José Manuel Soria. Pero Casals le advierte a Villarejo que no mueva mucho el tema de las subvenciones, a ver si va a salir lo de Panamá. 

El entorno de Villarejo ha filtrado unos audios, a los que ha tenido acceso Crónica Libre, de una comida de mayo de 2016 con Mauricio Casals y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, quienes hicieron dos encargos a los comisarios Olivera y Villarejo delante del empresario De la Joya: uno sobre el entonces presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y otro sobre el exministro de Industria, José Manuel Soria. Casals le advierte a Villarejo que no mueva mucho el tema de las subvenciones, por si sale lo de Panamá

Tras hablar de su jubilación con Pisa, el comisario de la UDEF André Vega empieza a tomar declaraciones a personas de Planeta e incluso a periodistas. Desde ese momento el caso que se llevaba por delitos violetos (UDEV) y en el que la víctima era Dolset se convierte en un caso de la UDEF, donde fue detenido el denunciante inicial, pasando a ser imputado y enviado a prisión. Tras dos comisiones rogatorias a Panamá, aún no se ha encontrado el dinero de Javier Pérez Dolset, pero si se ha acreditado que las cuentas bancarias que Planeta le acusó de tener no existen.

Si aún no es indiciaria la estrecha relación, al comisario José Luis André Vega la Unidad de Asuntos Internos le señala en uno de sus informes como un colaborador del proyecto July y también del proyecto PIN, otros de los encargos realizados a Villarejo.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que “hubo una gran discusión cuando se descubrieron las maniobras de André”. Incluso, el agente encargado de la denuncia en la UDEV elevó una queja contra su compañero de la UDEF al que acusó de falsificar y manipular los informes en contra de Pérez Dolset y también lo puso en conocimiento del fiscal anticorrupción, José Grinda.

Algunos policías consultados aseguran que el comisario André Vega “es un hombre fiel a José Luis Olivera. Además, había concertado una jubilación dentro del Grupo Planeta si conseguía enfocar la investigación hacia Javier Pérez Dolset”, extremo confirmado por fuentes de la Fiscalía.

SANDRO ROSELL

El último encargo en hacerse público ha sido el que Alicia Sánchez Camacho, mujer de confianza tanto de la ex secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, como del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, le hace a Villarejo en el contexto de la Operación Cataluña sobre el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell.

En este caso el Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, del Grupo III de la UDEF, Alberto Estévez, es el que firma los informes que son enviados al entonces fiscal Daniel Campos y con los que la juez Carmen Lamela envía a Rosell a prisión durante casi dos años, aunque luego resultó absuelto. Los informes, según las fuentes consultadas, están plagados de graves inexactitudes y sirven para justificar el “altísimo” riesgo de fuga en el que Fiscalía se apoyaría para pedir, y la jueza acordar, la desproporcionada prisión preventiva. Por ejemplo, dichos informes afirman que Sandro Rosell disponía de una gran fortuna oculta en el extranjero, lo cual se reveló como una afirmación falsa porque nunca se encontró dicho patrimonio oculto, que en todo caso fue hallado y embargado íntegramente en España, y que al final del proceso se le tuvo que devolver tras confirmarse su absolución.

En la Comisión Rogatoria Internacional, supuestamente remitida a España por la Fiscalía de Manhatan (Nueva York), que llevaba la causa Fifagate, se pregunta por dos cuentas de Goldman Sachs en Estados Unidos donde Rosell habría escondido más de tres millones de euros de su indemnización de Nike. Sin embargo, en el propio escrito se hace alusión a que las cuentas han sido detectadas por una transferencia a la Caixa, por lo que el supuesto dinero evadido ya se encontraría repatriado en España. ¿Además, quién podría haber facilitado la información de las cuentas de La Caixa, si luego resultó que Sandro Rosell nunca tuvo ninguna cuenta en EEUU? ¿Por qué dice EEUU que le ha encontrado unas cuentas allí cuando en realidad las cuentas estaban en Londres y el dinero ya en España?

Para más coincidencia, el agente del FBI encargado de tramitarlo y adscrito a la Embajada de EEUU en Madrid, que llegó a estar presente incluso en los registros producidos en España con motivo de las CRI’s americanas, aparece en multitud de ocasiones en las agendas de Villarejo, pero también en los correos y otra documentación recogida en el registro del comisario. Mark Varri (aunque Villarejo en sus agendas lo escribe con B) llegó a enviarle un currículo por si Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) contaba con él tras su jubilación.

Debido a la dilatación en la entrega de informes del agente Estévez, así como en la tramitación de las CRI’s, la instrucción de la causa con dos presos preventivos se prolongó durante casi dos años, para únicamente citar a declarar a dos testigos, y uno de ellos declaró por videoconferencia.

Incluso, uno de los periodistas de cabecera del comisario de Villarejo, en este caso de El Confidencial, José María Olmo, publicó información sobre una de las piezas que se trasladó desde la Audiencia Nacional a Barcelona y que estaba bajo secreto de sumario. Es decir, sólo tenía acceso la Policía, la fiscalía y las jueces competentes. No tenía conocimiento del contenido ni el acusado, pero dicho medio siempre dispuso de información absolutamente privilegiada como fueron los contenidos de escuchas telefónicas.

Para rematar, cuando Daniel Campos, que en abril de 2017 había firmado la querella contra Sandro Rosell que le llevaría a prisión durante dos años, abandona la fiscalía para regresar al despacho de Matías Cortés, se queda el caso quien había sido jefe de la fiscalía madrileña, Javier Polo Gutiérrez, quien dejó guardado en un cajón durante un año un informe elaborado por Asuntos Internos en 2016 que pedía la investigación de Villarejo por la incompatibilidad entre sus negocios y los de funcionario público, y también por presunto blanqueo de capitales.

ASTAPA

Pero este modus operandi se creó hace muchos años. En 2009 salta el caso Astapa, un tema de urbanismo que presuntamente afectaba al alcalde de la comunidad malagueña, Antonio Barrientos, quien había denunciado ante el fiscal José Caballero diferentes irregularidades urbanísticas sin que acometiera ninguna acción, hasta que el comisario Villarejo habló con él.

Dicho alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) fue denunciado por uno de sus concejales, David Valadez, compinchado con el comisario Villarejo a través del hermano del policía, el cura de Estepona Pedro Villarejo. El nuevo alcalde llegó a contratar como arquitecto municipal a otro miembro del grupo de negocios del multimillonario policía. Con Valadez, Villarejo consiguió licencias urbanísticas para sus propias inversiones que Barrientos le había negado, pero el objetivo de Villarejo y Olivera no se quedaba en minucias.

Los policías disparaban al entonces ministro de Defensa José Bono y a una presunta financiación ilegal del PSOE, que llegó a publicarse en la revista Interviú por el también socio del comisario, Daniel Montero. Aunque la información decía que la UDEF investigaba a Bono por su relación con Barrientos, lo cierto es que para el exministro ese fue un encargo de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro.

Además, gracias a un audio entregado por uno de los empresarios imputados en Astapa al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la causa Tándem bajo la dirección de Manuel García Castellón, y por el que se ha abierto una pieza separada, se puede escuchar como José Luis Olivera llama durante una comida a su mano derecha en la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, para que de la orden a sus subordinados como Silvia Orna y Miguel Ángel Cuevas, y cambien uno de los informes que afectaba a un administrador de fincas con quien iban a hacer negocios.

 Silvia Orna  fue la agente escogida para acompañar el jefe de gabinete del número 2 de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, a Estados Unidos y recoger parte de la información con la que se hizo el falso informe de la UDEF contra Podemos.

Precisamente Silvia Orna también fue la agente escogida para acompañar el jefe de gabinete del número 2 de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, a Estados Unidos y recoger parte de la información con la que se hizo el falso informe de la UDEF contra Podemos -no cumplía ninguno de los protocolos que debe tener un informe para ser admitido a trámite en un juzgado-.

GÜRTEL y PUJOL

Algunos de los números de placa de Astapa se repiten en la Operación Gürtel o el caso Pujol, dos encargos realizados por la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que entró en contacto con el comisario debido a los 30 años de amistad entre Ignacio López del Hierro y Villarejo. Como no, los ejecutores de contra quién se hacían informes exculpatorios o incriminatorio lo hizo el equipo de confianza de Olivera y que lideraba el inspector Luna (conocido entre sus compañeros por vender botellas de vino de su bodega que guardaba en la sede policial a restaurantes chinos).

Otro inspector, Manuel Morocho, lo ha denunciado ya dos veces en el Congreso de los Diputados y también en la pieza Kitchen de la causa Tándem, al asegurar que su jefe y luego ex jefe José Luis Olivera Serrano le ordenó retirar la identificación de M. Rajoy así como a López del Hierro.

Este último, que fue Gobernador Civil, estuvo en los inicios de Alianza Popular, mantenía estrechas relaciones con el Ayuntamiento de Madrid -Álvarez del Manzano, familiar suyo, llegó a ser alcalde- y aparece en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas también se vio involucrado en el caso Pujol por haber tenido una sociedad con Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident de la Generalitat, y con el hermano del quien fuera consejero de Interior, Felip Puig. La sociedad se llamaba Ibadesacat y su nombre se mencionaba en un documento de la UDEF que fue publicado por otro de los periodistas de cabecera de Villarejo, recogiendo este unas declaraciones del empresario en las que decía explícitamente que “ya he hablado con la UDEF y están haciendo otro informe en el que no aparezco”. Algo totalmente extraordinario y fuera de la norma judicial.

DE COSPEDÍN GÓMEZ GORDO A MIGUEL ÁNGEL ARCE, EL FUTURO 

Cuando en 2015 Dolores de Cospedal calculó que no volvería a salir elegida presidenta de Castilla La Mancha, lo primero que hizo fue colocar a su director de Documentación (en realidad era Seguridad) en la Junta y mandarle de nuevo a la Policía. Andrés Gómez Gordo, más conocido ya como Cospedín, recayó entre abril y mayo en la DAO con la misión de seguir supervisando la operación Gürtel y sobre todo monitorizar a Luis Bárcenas, a través de su antiguo compañero en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos, chofer del entonces tesorero, Luis Bárcenas.

Su destino como inspector jefe fue llevar la Unidad de Seguimientos de la UDEF, menos los ratos en los que Eugenio Pino, número dos de la Policía y también imputado, le mandaba pasarse por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para hacer informes contra el comisario Jaime Barrado, investigador del caso de la doctora Pinto, sobre Podemos o sobre Kitchen.

La ventaja de ese puesto es que tienes el conocimiento de lo que hacen todas las unidades de la UDEF mientras que entre ellas hay secreto. La dirección de esta presunta organización criminal, observando que el agente al que le correspondía ocupar la vacante no era “apto” para los intereses de Olivera y Villarejo, colocaron allí a Miguel Ángel Cuevas, quien además ha llegado a ocupar dos puestos donde la información importante fluye: seguimientos y el Sepblac.