Crónica Libre ha tenido acceso a unos emails y otros documentos internos del ministerio que encabezaba José Manuel Soria. Industria ideó una normativa para cancelar programas de ayudas concedidos por el PSOE. Sólo se salvaron las empresas afines al PP.
Año 2008, España busca su hueco dentro del boom tecnológico mundial y el Gobierno del PSOE pone en marcha los programas AVANZA para fomentar el desarrollo de empresas públicas y privadas, ayuntamientos y universidades. La dotación presupuestaria era de 500 millones de euros al año en préstamos a bajo tipo de interés, que fueron entregados a más de 200 empresas e instituciones.
En total, de 2008 a 2015 se pusieron en circulación cerca de 2.000 millones de euros en dichos programas, siempre en línea de las directrices marcadas por la agenda de la UE en el programa Horizonte 2020. Los programas buscaban fomentar la innovación, retener el talento español que estaba emigrando a Silicon Valley y recortar la brecha digital que existía entre España, el resto de Europa y Estados Unidos.
Crónica Libre ha tenido acceso en exclusiva a una serie de emails internos del Ministerio de Industria de la época de José Manuel Soria, que demuestran como el PP ideo una normativa ilegal para cancelar los programas de ayudas concedidos por el anterior Gobierno del PSOE. Sólo se salvaron de la quema aquellas empresas o instituciones que los propios altos cargos del Ministerio consideraban “de los nuestros” a los que se le “arreglaron” los informes de auditoría, según rezan los documentos que exponemos. En resumen, se trató de una cacería en toda regla con un completo sesgo ideológico.
2015: el punto de inflexión
El 17 de marzo de 2015 tuvo lugar dentro del Ministerio de Industria una discusión jurídica entre el funcionario José Manuel Suero Ruiz, su superior jerárquico, el subdirector Antonio Alcolea Muñoz y hasta ocho funcionarios más.
El señor Suero Ruiz les expuso a sus superiores que la fórmula que habían buscado para firmar la cancelación de las ayudas a las empresas objetivo no era válida pues no se encontraba descrita ni en las Bases de las ayudas ni en las Convocatorias de los concursos públicos. El citado funcionario incluso llegó a citar una sentencia del Tribunal Supremo que así lo avalaba.
Sin embargo, el Ministerio puso en marcha la revisión de la totalidad de las adjudicaciones aplicando esta normativa que terminó en Reintegro Total (RT en nomenclatura de los funcionarios) o lo que es lo mismo, cancelación de los programas de ayuda y cooperación por incumplimiento de la entidad.
El volumen de teóricos incumplimientos dictados por el gobierno del PP alcanzó más del 90% de los fondos entregados basado precisamente en la AUSENCIA de trazabilidad de gastos a sabiendas de que era ilegal hacerlo.
Los numerosísimos expedientes de Industria basados en esta normativa que ahora destapa Crónica Libre, dieron lugar a incontables quejas de empresas y patronales del sector y un sinfín de procedimientos administrativos y judiciales que ahora podrían y debieran ser revisados.
Como ejemplo de las quejas se puede leer a continuación la que hizo la patronal tecnológica gallega AGESTIC, poniendo de manifiesto lo que estaba ocurriendo:
La arbitrariedad de aplicación de la norma llegó a tal extremo que los miembros del Ministerio idearon una fórmula para no perjudicar a los amiguetes, empresas afines o aquellos con capacidad de presión, que denominaron “DE LOS NUESTROS”.
Prueba de lo anterior son estas comunicaciones de julio de 2016, donde se pone de manifiesto que el subdirector Antonio Alcolea iba a acudir a un foro de Innovación, Emprendimiento e Internacionalización. Era tan consciente de la cacería sistemática que preguntó a sus subordinados que tipo de ambiente se iba a encontrar en dicho foro y las posibles reacciones que podía tener de los otros asistentes.
A este miedo, su subordinada Ana Pérez Sánchez le contestó literalmente con una enumeración de los proyectos que eran de los “nuestros” y estaban en RT (Reintegro Total por incumplimiento) en referencia a los que el equipo del Partido Popular había aprobado y entregado el dinero. Como de esta categoría de “de los nuestros” sólo había uno, pues le comunicó a u superior que no debería tener un mal clima, incluso apuntó que como estaban “en fase de revisión de alegaciones a lo mejor lo arreglamos”.
Y su superior, Alcolea le contesta ese mismo día riéndose sobre el término “uno de los nuestros”.
Antonio Alcolea Muñoz es hoy en día Subdirector General de Economía del Dato y Digitalización, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Los afectados
Crónica Libre se ha puesto en contacto con algunos de los afectados por dichas prácticas y normativa, que prefieren preservar su anonimato por miedo a más represalias, pero que confirman lo expuesto en los mails ahora desvelados.
Fuentes del sector calculan el daño causado a pymes y universidades en más de 2.000 millones de euros, cerca de 10.000 empleos perdidos y un daño de imagen irreparable, pues todas las empresas que trabajaron con los programas del PSOE tienen en la actualidad expedientes de incumplimiento en la UE que dificultan enormemente su acceso a cualquier programa nacional o internacional.
Como consecuencia de estas acciones, que a día de hoy se encuentran impunes, el sector tecnológico español no cuenta con programas de ayuda y colaboración significativos, abocando el país a la supremacía tecnológica extranjera.
